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Cuando la revolución se parece a una reforma |
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Por: el Administrador
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Agosto 02, 2006 |
Evo Morales ya lleva seis meses en el gobierno. Convertido en una especie de "vedettte" internacional por ser el primer presidente indígena en Latinoamérica, hay quienes ven atributos revolucionarios en el mandatario.
J. Osvaldo Calle Quiñónez
Evo Morales ya lleva seis meses en el gobierno. Convertido en una especie de "vedettte" internacional por ser el primer presidente indígena en Latinoamérica, hay quienes ven atributos revolucionarios en el mandatario. Pero, si hacen un seguimiento de los actos del Presidente, los revolucionarios del mundo podrían decepcionarse. Hasta ahora, todas las medidas de Evo Morales se enmarcaron en las leyes ya vigentes en Bolivia, la mayoría de las cuales fue aprobada por los ahora vilipendiados gobiernos neoliberales. Cuando de Morales se habla, es mejor hablar de reformas antes que de revolución
Morales llegó al poder al término de un largo proceso de agotamiento del modelo neoliberal que a la par de extranjerizar el control de las empresas públicas y los recursos naturales, precarizó las condiciones de vida de los bolivianos. "Los números están bien, pero los bolsillos mal", solían decir en el auge del modelo cuya ejecución en Bolivia fue apadrinada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde sus oficinas de Washington. Agotado este modelo, hasta los números estaban mal mientras que la población salió por millares a las calles a protestar contra las políticas de gobierno que intentaban darle continuidad. El resultado fue la huida de un ex presidente -Gonzalo Sánchez de Lozada-, la renuncia de su sucesor, Carlos Mesa, y el establecimiento de un proceso de transición que fue encabezado por Eduardo Rodríguez, quien se fue del poder no sin antes haber entregado a Estados Unidos un indeterminado número de misiles que el Ejército boliviano tenía para la defensa del país.
En las elecciones de diciembre, la derecha había apostado por Jorge Quiroga, el "niño mimado" del gobierno de Estados Unidos. El peor escenario previsto era una victoria de Morales por estrecho margen lo que permitiría formar una alianza de todos los partidos de derecha para allanar el camino que permita a Quiroga volver al sillón presidencial. Pero el "yerno de Estados Unidos", como llama Morales a Quiroga -casado con una estadounidense- fue derrotado estrepitosamente y con un 54 por ciento de votos, el 18 de enero Morales fue ungido como el primer presidente indígena de la historia boliviana.
Parecer antes que ser
En política dicen que es más importante parecer que ser. Esto los saben bien los nuevos inquilinos de Palacio de gobierno que desde enero iniciaron una intensa campaña para intentar mostrar acciones que muestren una nueva forma de gobernar.
La conformación del gabinete de ministros fue la primera muestra de lo que sería el gobierno de Morales: Una mezcla de varias tendencias reivindicacionistas en la que destaca el canciller David Choquehuanca, intelectual aimara, y las ministras de Desarrollo Económico Celinda Sosa, y de Justicia Casimira Rodríguez, la primera de ellas dirigente de los productores de coca del Chapare y la segunda ex dirigente de las empleadas domésticas en Bolivia. Carentes de formación profesional, estas dos ministras se convirtieron en el blanco favorito de las críticas de los empresarios y abogados del "stablishment" que les restaron capacidad para dirigir un ministerio, aunque Rodríguez logró campear el temporal con un argumento simple pero contundente: "Yo sé lo que es la injusticia", repitió levantando un inusitado apoyo popular a esa postura. (Otros funcionarios -como Marcia Morales, la nueva presidenta de Aduanas, admitía no tener idea de comercio exterior aunque exponía la honestidad como su mejor credencial).
Pero si bien en el gabinete está una ex empleada doméstica, también forma parte de él un millonario, el empresario Salvador Ric, acusado por los también empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) de formar parte del grupo de beneficiarios de distribución ilegal de tierras. Ric negó todo.
Del ministro de Minería, Walter Villarroel, podría decirse que representa la vieja práctica de cuoteos. Conocidos los resultados electorales, él mismo se presentaba ante sus amigos como el nuevo ministro de Minería, esto como resultado de un compromiso de Morales ante los cooperativistas mineros, un sector que gracias a los buenos precios de minerales y condiciones tributarias favorables para los empresarios mineros y el casi absoluto desprecio a las leyes laborales, adquirieron una cada vez mayor influencia en los últimos gobiernos.
Del gabinete también forma parte Andrés Soliz Rada, el periodista y ex ideólogo de Condepa quien como ministro de Hidrocarburos es el que cuenta con el mayor índice de aprobación popular.
El simbolismo de las medidas
Posesionado en el gobierno, el primer decreto del presidente Morales fue una drástica reducción de sus salarios. Esta decisión obligó a otras instancias gubernamentales a imitar la medida, con diferentes grados de protesta que fueron desde las simples manifestaciones de disgusto, expresadas por la mayoría de los funcionarios públicos, las renuncias de otros, como la del rector de la Universidad de Cochabamba, o una abierta resistencia a acatar la medida como la expresada por los todavía miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Oficialmente, el propósito de la decisión es bajar el crónico déficit que padecen las arcas fiscales, aunque analistas económicos de distintas tendencias se encargaron de explicar que la decisión apenas influía en los males fiscales. Al momento de la posesión de Morales en el gobierno el salario mínimo nacional era de Bs 440 (aproximadamente 85 dólares) mientras que el ingreso mensual de funcionarios del Banco Central fácilmente llega a Bs 30.000 por mes (aproximadamente 3.650 dólares), sin contar los otros beneficios que los burócratas reciben. En resumen, algunos burócratas estatales recibían 40 veces más que la gran mayoría de bolivianos.
La reducción de salarios de la alta burocracia estatal, dictada por el hombre que llevó como compañero de fórmula presidencial a Alvaro Garía Linera, un aventajado seguidor de las teorías de los actos "simbólicos", tenía precisamente un carácter simbólico. Intentaba mostrar que desde el Estado se podía reducir la vergonzosa diferencia de ingresos entre la casta gobernante con los sectores sociales.
La nacionalización "simbólica"
La llegada de Morales al gobierno provocó profunda preocupación en los sectores empresariales quienes se prepararon para una arremetida contra sus intereses. Durante la transición, el periodista Soliz Rada -miembro del equipo de transición- había denunciado que sin tener contratos de venta Repsol había registrado como suyas las reservas bolivianas en los mercados de valores. La sola denuncia provocó una caída del 3 por ciento de las acciones de la petrolera que tiene base en España, aunque intentó calmar a sus accionistas diciendo que en lo importante era conocer el nombre del nuevo ministro con quien negociar. Para las petroleras lo peor estaba por llegar, es decir Soliz Rada, un crítico de las transnacionales, sería posesionado como ministro de Hidrocarburos.
Las petroleras, acostumbradas a resolver sus problemas con llamadas telefónicas se enfrentaban a nuevas condiciones de relacionamiento. Una de las víctimas de esas nuevas condiciones -que a diferencia de las anteriores presentaba a un gobierno que defendía los intereses de los bolivianos- fue la misma Repsol que se obligó a sincerar sus reservas anunciando una baja del 25 por ciento, lo que le produjo una caída del 10 por ciento de su valor accionario, con lo que a la petrolera se le esfumaron algo más de 2.000 millones de dólares.
Las transnacionales petroleras, que hasta hace poco se habían acostumbrado a un accionar impune en complicidad de las autoridades de gobierno, se veían en los tribunales para hacer frente a una serie de denuncias de irregularidades en su accionar, particularmente contrabando de petróleo.
Habían signos de cambio en la forma de gobernar, pero para la población, todo lo que se hacía en materia de hidrocarburos era insuficiente. El 80 por ciento de la población demandaba nacionalizar los hidrocarburos, una decisión que tenía como base la certeza de que todas las petroleras en Bolivia operaban con contratos que, al no tener la ratificación congresal, eran nulos de "pleno derecho". Morales, el hombre que admitió que en las actuales circunstancias en Bolivia sólo se puede "gobernar obedeciendo" tuvo que buscar la forma de atender el pedido de recuperar el control sobre las reservas naturales del país.
Cuando la población comenzaba a impacientarse y se anunciaba el reinicio de movilizaciones para exigir la nacionalización, Evo Morales, el hombre que hasta 2003 se había opuesto a la propuesta, anunció el 1 de mayo el decreto de nacionalización, en el marco de un inusitado despliegue militar. Sendos carteles con la leyenda "Nacionalizado" colocados en los pozos petroleros hacía parte de lo que parecía un show que entusiasmó a casi la totalidad de los bolivianos y dejó sin argumentos a sus opositores políticos.
Pero la nacionalización tiene más forma que contenido. La anunciada nacionalización de los hidrocarburos sólo afecta a las compañías que originalmente eran parte de YPFB y que pasaron a capitales privados mediante el proceso de la llamada capitalización. En total, esas compañías no tienen sino el control del 25 por ciento de las reservas bolivianas. El marco legal sobre el que se basó la medida no es otro que la Ley de Hidrocarburos aprobada por la mayoría parlamentaria formada por el MNR, MIR, NFR, UCS y los resabios de ADN y que, en principio había sido considerada antinacional por el MAS.
La "nacionalización" de hidrocarburos no fue una medida "revolucionaria", simplemente se trató de una compra de activos y una transferencia del administrador de acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas. Si antes lo hacían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ahora lo hace YPFB, mientras que las acciones afectadas a las transnacionales serán compensadas.
"Lo que el gobierno le dice a la inversión extranjera del mundo, española, europea, norteamericana, latinoamericana es: este gobierno respeta y va a garantizar tres principios básicos (legalidad para garantizar la seguridad jurídica, los contratos no serán modificados en el tiempo y garantizar utilidades) que creemos que es lo que necesita la inversión extranjera en cualquier parte del mundo (...) Estos son los principios básicos que requiere cualquier inversionista extranjero y eso el gobierno boliviano lo va a garantizar como nunca ningún gobierno lo hizo en el país", dijo el presidente al momento de presentar su decreto.
Tras el revuelo inicial provocado, que hizo que se organice una cumbre regional de presidentes, una explicación bastó para que las aguas retornen a su curso. Dicho de otra manera, si Carlos Mesa, el presidente bajo cuyo mandato fue aprobada la nueva ley de Hidrocarburos hubiera aplicado esta ley, toda la "gloria" que ahora recibe Morales sería para él. Pero Mesa, el hombre que por años fue una especie de sumo pontífice neoliberal en Bolivia, era demasiádo pusálime para pensar en algo que moleste a los intereses de las transnacionales.
Tras el decreto de nacionalización, la administración de Morales renegoció de los precios de venta de gas natural boliviano a Argentina, logrando un drástico aumento de los ingresos del fisco. En este punto, Morales no hizo nada más que pedir que los nuevos precios sean definidos tomando en cuenta los parámetros internacionales, una decisión muy diferente a la complacencia de Mesa quien, después de anunciar demagógicamente que "ni una molécula de gas sería para Chile", acordó vender el energético boliviano a Argentina a precios "solidarios" para que ese país a su vez lo revenda a Chile.
La medida terminó por inclinar, a favor del MAS, a varios sectores que se habían mantenido críticos a la postura de Evo Morales, mientras las encuestas comenzaban a mostrarle como el presidente que, con el 80 por ciento de respaldo, es el mayor apoyo popular en América.
Las autonomías y la Constituyente
Tras la victoria de Morales, la derecha se agrupó alrededor de Podemos, del derrotado Jorge Quiroga como partido político, y el pro-oligárquico Comité Cívico Por Santa Cruz como organización social.
Arrinconados por la arremetida popular, las transnacionales y los oligarcas encontraron en Podemos y los "cívicos" cruceños su canal de expresión, y en la autonomía regional la consigna de movilización. Desde el Parlamento, la bancada de Podemos obligó [sin tener realmente fuerza para ello] al Gobierno a aceptar la realización de un referéndum autonómico a la par de la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente.
Según analistas y sectores sociales, el referéndum autonómico es el mecanismo al que los oligarcas acuden para defender sus intereses y el de las transnacionales. Frente a ese convencimiento Morales optó por decir no a ese pedido, posición que finalmente fue victoriosa en el país, a pesar de la millonaria campaña desplegada por los medios de comunicación que en Bolivia responden a los intereses oligárquicos y de las campañas de intimidación, particularmente en los departamentos de la "media luna".
Derrotada como consigna, la oligarquía se apresuró a explicar que el Sí había ganado en cuatro departamentos y, fragmentando la realidad, los medios del "stablischment" solo informaron de la victoria parcial, evitaron referirse a los datos nacionales e inventaron extrañas interpretaciones a los resultados del referéndum.
En el cenit de las manifestaciones agresivas de los "autonomistas", un grupo de supuestos dirigentes sindicales apadrinados por los cívicos cruceños desalojó a los dirigentes de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz en medio de un deplorable espectáculo en el que se veía a integrantes de la llamada Unión Juvenil Cruceñista golpeando a mujeres.
La agresividad oligarca, que dice ser mayoría, contrastaba con los hechos. Según los resultados electorales, la primera fuerza política de Santa Cruz es el MAS de Evo Morales, es decir que en el llamado reducto de "autonomistas", la posición considerada "nacional" de Evo Morales es mayoría. ¿A qué se debe este fenómeno? A que los sectores sociales apoyan al MAS como una expresión política que actúa de manera más próxima a sus intereses. "No estoy de acuerdo en todo con el MAS, pero en las actuales circunstancias hay que apoyarlos", es una opinión repetida por varios de los activistas sociales. Con esta posición sólo discrepan algunos sectores que preferirían ver una revolución antes que las tímidas reformas que se aplican de a poco en el país.
En esas condiciones a nadie extraña que el MAS haya logrado una mayoría abrumadora para la Asamblea Constituyente, aunque no la suficiente para imponer una Constitución diseñada por el partido de gobierno.
La Tierra: el próximo desafío
La lucha por la distribución de la tierra es el próximo episodio de puja entre la oligarquía y el gobierno que, por ahora, tiene el apoyo popular.
Según informes oficiales del año 2003, en Bolivia el 87 por ciento de las tierras está en manos del 7 por ciento de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente 4 millones de hectáreas, el 13 por ciento.
Frente a esa situación, para los primeros días de agosto se anunció la presentación de una ley que modifique la legislación en materia de tierras que incluiría la reversión y/o expropiación de más del 10% de las tierras entregadas en el país [se refiere a propiedades agrícolas improductivas, respetando los grandes latifundios]. "Las tierras expropiadas serán dotadas a favor de pueblos indígenas y originarios a los que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria no haya dotado de tierra suficiente en calidad y cantidad, que asegure su subsistencia", adelantó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, César Navarro.
Pero el anuncio provocó una muy rápida reacción de los terratenientes que primero denunciaron un afán proselitista con "tierras privadas" y luego un acto de revanchismo político y desde el Parlamento, la todavía fuerte oposición de Podemos maniobra para boicotear la medida. Más osados fueron los empresarios ganaderos, quienes según una denuncia del ministro de Agricultura Hugo Salvatierra, organizan grupos de autodefensa para resistir la aplicación de saneamiento y redistribución de tierras impulsada por el gobierno de Evo Morales.
El nuevo pensamiento de Bush
Cuando en 2002 el gobierno de George W. Bush nombró a David Greenle como su nuevo embajador en Bolivia, parecía que el gobierno estadounidense había buscado a un conocedor de la temática coca-cocaína para hacer frente a lo que se percibía vertiginoso ascenso electoral de Evo Morales. En ese proceso, el ex embajador estadounidense Manuel Rocha había llegado a pedir al pueblo boliviano no votar por Morales, si quería conservar la cooperación estadounidense. Pero en lugar de quitarle votos, el pedido de Rocha catapultó a Morales hasta el segundo lugar en 2002.
En 2005 Estados Unidos vio cómo un acusado de narcotráfico y un ex "terrorista" se imponían en las elecciones con un contundente 54 por ciento de votos.
Seguramente Bush tuvo que hacer tripas corazón para llamar a Evo Morales, el hombre que no se cansaba de gritar "Causachun coca, wanuchun yanquis" (Viva la coca, mueran los yanquis) para felicitarle por su elección como presidente y más tarde ver su posesión como presidente democrático aplicando políticas no siempre acordes con las líneas impuestas por Washington: el libre cultivo de la hoja de coca, críticas al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), rechazo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y alianzas con los archienemigos de Estados Unidos, Hugo Chávez y Fidel Castro.
Pero Estados Unidos todavía tiene la "sarten por el mango", sobretodo en materia comercial, y, burócratas de por medio, tendió con la complicidad de los empresarios una especie de horca para el gobierno en el tema de la extensión del Acuerdo de Prefererncias Arancelarias (ATPDEA).
En las actuales condiciones, el gobierno que desdeña las políticas impuestas por Estados Unidos al que acusa de imperialista, se ve obligado casi a "suplicar" la extensión del ATPDEA [para lograr que a los productos bolivianos se les apliquen menores cargas aduaneras al entrar a EE.UU., y así favorecer a los empresarios bolivianos] a cambio de erradicar 5.000 hectáreas de coca y mostrar buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico. En otras palabras, la relación de Bolivia con Estados Unidos fue otra vez "narcotizada", como en el los últimos 25 años, con la diferencia de que el principal dirigente de los productores de coca del Chapare, ahora es presidente de Bolivia.
Pero no solo es el tema del ATPDEA el que preocupa a Estados Unidos, sino el conjunto de las políticas aplicadas por el gobierno además de la consolidada mayoría del MAS en la Asamblea Constituyente que hace temer la repetición de la experiencia venezolana. "Evo Morales y el MAS han seguido dudando sobre la política económica, la democracia y las políticas contra las drogas", dijo Adolfo Franco, uno de los responsables de USAID para la región.
"El nuevo gobierno boliviano, muchas veces, ha demostrado inclinaciones de consolidar el poder Ejecutivo y promueve reformas potencialmente antidemocráticas a través de la Asamblea Constituyente y otros medios", dijo Franco. "Ciertamente no nos gustaría ver el modelo venezolano repetido en Bolivia", añadió y agregó su preocupación "acerca del poder ejecutivo y sus intromisiones en asuntos judiciales y electorales".
Como conclusión, Franco dijo que USAID apoyaría "el contrapeso para el control de un solo partido", tanto en lo judicial como en la independencia de medios de comunicación, además de la formación "de líderes de una sociedad civil fuerte y educada".
Pocos días después, los nueve prefectos departamentales [gobernadores provinciales], la mayoría de los cuales es opositora a Morales, viajaron a Estados Unidos, mientras que el gobierno de Bush anunciaba el reemplazo del embajador Greenlee por Philiph Goldberg, un hombre que fue jefe de misión de su gobierno en Kosovo.
Si se aceptara que Greenle vino a combatir a Morales y fracasó, pareciera ser que el nuevo embajador fue nombrado por su conocimiento en procesos de desmembración nacional, como los ocurridos en la ex Yogoslavia, de la que los habitantes de Kosovo ahora reclaman la independencia.
Morales lleva seis meses en el gobierno, no es revolucionario en los términos de las definiciones clásicas. Morales está aplicando su programa de gobierno en el marco del "Capitalismo andino" y está llevando adelante tan solo reformas sin salirse de los marcos legales vigentes en Bolivia, que demandarán tiempo para ser aplicadas. Sin embargo, en una neocolonia como fue Bolivia, en la que los gobiernos se formaban para defender los intereses de las transnacionales y las oligarquías, las reformas impulsadas por Morales parecen tener un elevado contenido social y por eso hasta parece que en Bolivia se tienen los frutos de una revolución.
* J. Osvaldo Calle Quiñónez es periodista especializado en economía y director de Bolpress.
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Última actualización ( Agosto 02, 2006 )
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