Cada vez que evaluamos a los esquemas clásicos de integración, siempre echamos mano a indicadores de carácter cuantitativo, tales como la evolución del comercio, la radicación de inversiones o la transferencia de divisas.

Cuando ampliamos la evaluación incorporando los aspectos cualitativos, nutrimos los análisis con la descripción de las normas acordadas y eventualmente aplicadas para atender determinadas situaciones. La combinación de ambos factores, nos han llevado a celebrar los avances alcanzados o, alternativamente, a justificar los estancamientos o retrocesos verificados a lo largo del período considerado.

     Como es costumbre, antes de fin de año los organismos regionales de cooperación e integración harán públicas sus tradicionales evaluaciones que seguramente estarán signadas por el impacto causado por la crisis global del capitalismo. No sorprenderá conocer que el intercambio experimentó una contradicción y que se multiplicaron los incumplimientos de los compromisos adquiridos en los diferentes acuerdos. Tal vez se mencionará la reactivación de los mecanismos de solución de controversias, se subrayará la reaparición del proteccionismo que alteró corrientes comerciales establecidas en el pasado y, quizá, se enumeren algunas acciones de cooperación desarrolladas en el marco de los procesos de integración en curso. De igual manera, es probable que se incorporen referencias a los efectos generados por los conflictos bilaterales o plurilaterales que se han presentado en la región y se intente cuantificar sus consecuencias.

     Y es precisamente este último aspecto el que motiva nuestra reflexión. A pocos días de comenzar a conmemorar el año del cincuentenario de los primeros esfuerzos desplegados en América Latina y el Caribe en procura de su integración, es pertinente valorar el rol desempañado por esos esquemas clásicos para evitar los conflictos que ahora convulsionan a Suramérica. La respuesta es muy sencilla, nulo. De ello se deduce que las interrelaciones establecidas bajo su cobijo, no han sido lo suficientemente sólidas para evitar el surgimiento de conflictos o la reaparición de otros que yacían latentes en los recónditos sótanos de la memoria de nuestros países.

     No podría negarse que, a pesar de las limitaciones que bien podrían señalarse, se ha registrado, con sus oscilaciones, un incremento importante de los niveles de comercio e inversiones entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual manera, se han podido verificar avances en algunas materias que superan el ámbito puramente comercial. Sin embargo, hay dos aspectos trascendentales que han caracterizado el accionar de los esquemas clásicos a lo largo de los años. Nos referimos a la incapacidad, por un lado, de conceder una respuesta acorde con las exigencias impuestas por las recurrentes crisis que ha debido enfrentar la región; y, por el otro, de estimular una amplia movilización social para concederles sustentabilidad, estabilidad y utilidad que les hubiese permitido encarar los desafíos impuestos por la actual coyuntura política que atraviesa la región.

     Cuando apenas se divisan algunas titilantes luces a la salida del largo túnel de la más profunda crisis sistémica de la historia, emergen o reflotan disputas que no pueden ser superadas a través de acuerdos concebidos para orientar la distribución de beneficios tributarios a favor de empresas transnacionales y de las burguesías nacionales en ciclos de prosperidad, sin contemplar mecanismos que generaran beneficios concretos que permearan hacia las grandes mayorías poblacionales restringiendo, en consecuencia, su capacidad de movilización. Es por ello que los esquemas clásicos de integración han resultado insuficientes para responder en momentos cuando se combinan factores políticos y económicos que convocan a la dispersión antes que a la unidad.

     La ineficacia de ese estilo de integración no solo encuentra explicaciones en factores endógenos, sino que también consigue respuestas en factores de carácter exógeno que, igualmente, han incidido sobre su evolución. Los instrumentos utilizados por varios de los países latinoamericanos y caribeños para modificar su inserción en la economía internacional que además de condicionar hasta desvirtuar a varios de los acuerdos, han abierto las puertas para una cesión de soberanía, lo cual contradice uno de los objetivos básicos de cualquier proceso integracionista, cual es el de la agregación de soberanías.

     Nuevamente, la clásica integración ha estado ausente cuando mas falta hacía. Todo indica que los gobiernos de la región deberán reflexionar, primero, acerca de su efectivo interés en promover un movimiento unitario y, luego, en la forma cómo lo llevarán a la práctica. Esas tareas, ahora más que nunca, resultan ineludibles e impostergables y que como resultado de las mismas, por fin se priorice la unión de los pueblos antes que los negociados de las élites.