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En América Latina han sido muchos los presidentes que llegaron al cargo con
promesas de políticas sociales que dejarían abandonadas para entregarse al
servicio de los sectores más oligarcas, desde empresariales a militares.
Por
ello, el caso de que el presidente Manuel Zelaya en Honduras, llegado al poder
como candidato del Partido Liberal, hubiese realizado el camino contrario
adoptando iniciativas sociales y progresistas imprevistas en un candidato
neoliberal, era todo un sacrilegio.
No olvidemos que se trata del país utilizado por los sectores más
reaccionarios y derechistas de la región para su política de agresividad contra
cualquier conato de progresismo en Centroamérica. En Honduras se entrenaba en la
década de los ochenta la Contra nicaragüense financiada mediante el
entramado denominado red Irán-Contra que combatiría contra el
sandinismo y se coordinaban los escuadrones de la muerte que asesinaban a
líderes progresistas e intentaban dinamitar el proceso de paz en El Salvador.
En la madrugada del domingo, un comando militar secuestraba al presidente y
lo sacaba del país para llevarlo a Costa Rica. El Ejército hondureño revivía así
los tiempos más oscuros de la guerra fría, cuando cumplía fielmente con el papel
de sesgar cualquier iniciativa o movimiento social que pudiera pretender un
mínimo avance de los sectores más empobrecidos del país.
Zelaya había decretado un importante incremento al salario mínimo y
estrechado relaciones con los sectores populares. En política internacional se
sumó a la oleada de gobiernos progresistas que renegaban de las políticas
neoliberales que dominaron los años noventa, se integró en la Alianza
Bolivariana de las Américas, un proyecto de cooperación e integración
latinoamericana sugerido por Hugo Chávez, y restauró las relaciones diplomáticas
con Cuba.
Para este domingo cometió el delito imperdonable de "preguntar al pueblo".
Convocadas elecciones legislativas y municipales ideó la propuesta de instalar
una urna más donde los ciudadanos se pudieran pronunciar sobre la convocatoria
de una Asamblea Constituyente para el próximo año. Una iniciativa apoyada por la
firma de 400.000 ciudadanos hondureños, las tres centrales obreras, el Bloque
Popular de Honduras y toda una serie de organizaciones sociales, pero no por los
sectores empresariales que temen cambios en sus privilegios fiscales y en la
política de expolio de los recursos naturales del país.
La gran mayoría de países de la región, así como la Organización de Estados
Americanos (OEA), condenaron inmediatamente el golpe de Estado. Todo ello
contrasta con el silencio inicial de los gobiernos europeos, instituciones de la
Unión y políticos y analistas de opinión.
Los paralelismos con la complicidad con el golpe de Estado en Venezuela, en
abril de 2002, son evidentes. También ahora nos llegaba la tendenciosa y falsa
interpretación de un presidente populista que deseaba cambiar la Constitución
para ator-nillarse al cargo sólo porque intentó consultar a los ciudadanos.
Curiosa Unión Europea, que adopta resoluciones de condena cuando no se
renueva un canal de televisión en Venezuela y que seguía sin veinticuatro horas
después de que los militares secuestraran a un presidente latinoamericano.
Es en estos momentos cuando Estados Unidos y la Unión Europea deben demostrar
que defienden la democracia y las instituciones. Su mera pasividad mostraría una
connivencia con el golpismo que terminaría con el poco prestigio que les pueda
quedar entre los latinoamericanos.
http://www.publico.es/internacional/235390/delito/ imperdonable/preguntar/pueblo
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