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[Nota: En estos momentos son
las 11 y cuarto de la mañana, hora de Caracas. Manuel Zelaya, presidente de
Honduras, está hablando en directo en TeleSur desde San José (Costa Rica).
| Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde y
Manuel Talens |
Ha
confirmado que esta madrugada unos soldados irrumpieron abriendo fuego en su
residencia y lo amenazaron de muerte, a él y a su familia, si se oponía al golpe
de Estado. Se vio obligado a acompañar a los soldados, que lo transportaron a la
base aérea, desde donde voló a Costa Rica. Ha solicitado que el gobierno de
Estados Unidos emita un comunicado en el que condene el golpe, pues lo contrario
significaría su aquiescencia.]
Caracas (Venezuela).- El mensaje de texto que sonó en mi teléfono móvil esta
mañana decía así: "Alerta, Zelaya ha sido secuestrado, golpe de Estado en marcha
en Honduras. Difúndelo." Ha sido un duro despertar en un domingo por la mañana,
sobre todo para los millones de hondureños que se estaban preparando para
ejercer por primera vez su sagrado derecho al voto en un referéndum consultivo
sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la
Constitución. Supuestamente, la disputa se centra en el referéndum convocado
para hoy, que no es vinculante, sino sólo una encuesta de opinión para
determinar si una mayoría de hondureños desean, o no, que se inicie un proceso
para modificar su Constitución.
Una iniciativa de este tipo nunca había tenido lugar en esta nación
centroamericana, cuya constitución es tan limitada que sólo permite una mínima
participación del pueblo hondureño en sus procesos políticos. Dicha
constitución, redactada en 1982, en el momento álgido de la guerra sucia del
gobierno de Reagan en Centroamérica, fue diseñada para instituir que quienes
detentaban el poder tanto económico como político pudiesen mantenerlo con las
mínimas interferencias del pueblo. Zelaya, elegido en noviembre de 2005 por la
plataforma del Partido Liberal de Honduras, había propuesto la encuesta de
opinión para determinar si la mayoría de los ciudadanos estaban de acuerdo en
que era necesaria una reforma constitucional. Su propuesta fue apoyada por la
mayoría de los sindicatos y movimientos sociales del país. De haber tenido
lugar, y dependiendo de los resultados, se habría organizado un referéndum
durante las próximas elecciones de noviembre para votar sobre la convocatoria de
una Asamblea Constituyente, pero la encuesta prevista para hoy no era vinculante
de acuerdo con la ley.
De hecho, varios días antes de que tuviera lugar, la Corte Suprema de
Honduras la declaró ilegal a petición del Congreso. Es de señalar que ambos,
Congreso y Corte Suprema, están controlados por mayorías contrarias a Zelaya y
por miembros del ultraconservador Partido Nacional de Honduras (PNH). La
ilegalización dio lugar a manifestaciones masivas favorables al presidente
Zelaya. El 24 de junio, el presidente destituyó al jefe del alto mando militar,
el general Romeo Vásquez, después de que éste se negase a permitir que los
militares distribuyesen el material electoral para la consulta de hoy. El
general Vásquez mantuvo el material bajo estricto control militar y se negó a
distribuirlo, incluso a los seguidores del presidente, con la excusa de que la
Corte Suprema había declarado ilegal la consulta prevista y, por lo tanto, no
podía obedecer la orden presidencial. Al igual que sucede en Estados Unidos, el
presidente de Honduras es el Comandante en Jefe y tiene la última palabra en
cualquier acción militar, por lo que ordenó la destitución del general. Ángel
Edmundo Orellana, ministro de Defensa, también dimitió como respuesta a esta
situación cada vez más tensa.
Pero al día siguiente la Corte Suprema de Honduras restituyó en sus funciones
al general Vásquez, tras declarar "inconstitucional" su destitución. Miles de
hondureños se echaron a las calles de Tegucigalpa, la capital del país, en apoyo
al presidente Zelaya, como muestra de su determinación de asegurar que la
consulta no vinculante tuviera lugar. El viernes pasado, el presidente y un
grupo de centenares de seguidores, marcharon a la cercana base aérea para
recuperar el material electoral previamente secuestrado por los militares.
Aquella noche, Zelaya celebró una conferencia de prensa nacional junto a un
grupo de políticos de diferentes partidos y movimientos sociales, en la que hizo
un llamamiento a la paz y a la unidad en el país.
Ayer sábado se informó que la situación en Honduras era tranquila. Sin
embargo, en la madrugada de hoy domingo un grupo de aproximadamente sesenta
militares armados asaltaron la residencia presidencial y tomaron como rehén a
Zelaya. Tras varias horas de confusión, empezaron a filtrarse informaciones
según las cuales el presidente había sido transportado a la cercana base aérea y
llevado a la vecina Costa Rica. Hasta el momento no existen imágenes del
presidente y se desconoce si su vida está en peligro.
Sobre las 10 de la mañana, hora de Caracas, Xiomara Castro de Zelaya, la
esposa del presidente, denunció en directo en TeleSur que en la madrugada del
domingo los soldados irrumpieron en su residencia disparando, golpearon al
presidente y lo secuestraron. "Fue un acto cobarde", dijo la primera dama
refiriéndose al secuestro, que tuvo lugar a una hora en la que nadie pudo
reaccionar. Castro de Zelaya hizo también un llamamiento para que mantuvieran
con vida a su marido e indicó que incluso ella desconoce su paradero. Añadió que
sus vidas siguen estando en "grave peligro" y pidió que la comunidad
internacional denunciase este golpe de Estado y actuase con rapidez para
reinstaurar el orden constitucional del país, lo cual incluye el rescate y
regreso del democráticamente elegido Zelaya.
Evo Morales y Hugo Chávez, presidentes de Bolivia y Venuela, han realizado
declaraciones públicas la mañana de hoy domingo, en las cuales condenan el golpe
de Estado en Honduras y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional
para que reaccione, se restaure la democracia y el presidente constitucional
regrese a su puesto. El miércoles pasado, 24 de junio, tuvo lugar en Venezuela
un encuentro extraordinario de los países miembros del ALBA (Alternativa
Bolivariana para las Américas), de la que forma parte Honduras, con el fin de
dar la bienvenida a la organización a Ecuador, Antigua, Barbados, San Vicente y
las Granadinas. Durante el encuentro, al que asistió Patricia Rodas, ministra de
Exteriores de Honduras, se leyó una declaración de apoyo al presidente Zelaya en
la que se condenaba cualquier intento socavar su mandato y los procesos
democráticos de Honduras.
Informes provenientes de Honduras establecen que el Canal 8 de la televisión
pública ha sido tomado por las fuerzas golpistas. Hace pocos minutos TeleSur
anunció que los militares hondureños están cortando la electricidad del país.
Según ha informado la ministra Rodas en TeleSur: "Las comunicaciones telefónicas
y la electricidad están cortadas. Las televisiones emiten dibujos animados y
telenovelas y no informan al pueblo de Honduras de lo que está sucediendo." La
situación es muy parecida a la del golpe de Estado de abril de 2002 contra el
presidente Chávez en Venezuela, cuando los medios jugaron un papel clave, en
primer lugar manipulando la información como apoyo al golpe y, con
posterioridad, eliminando cualquier información una vez que el pueblo empezó a
manifestarse y terminó por derrotar a las fuerzas golpistas rescatando a Chávez,
que también fue secuestrado por los militares, y restaurando el orden
constitucional.
Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y
múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones
militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en
Honduras tuvo lugar durante los años ochenta, cuando el gobierno de Reagan
financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar
cualquier "amenaza comunista" en Centroamérica. En aquel momento, John
Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el
responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la
muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos en
la región.
El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una
reunión extraordinaria con el fin de discutir la situación en Honduras. Con
posterioridad emitió un comunicado en el que condenó las amenazas a la
democracia y autorizó el viaje a Honduras de un grupo de representantes de la
OEA. No obstante, el viernes, Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto
estadounidense, se negó a definir la posición del gobierno estadounidense con
respecto al posible golpe de Estado contra el presidente Zelaya y, en su lugar,
emitió una ambigua declaración de la que se desprendía que Washington apoyaba a
la oposición al presidente Zelaya. Mientras que la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos declararon sin ningún género de duda su más rotunda condena de
los planes golpistas de Honduras y su inquebrantable apoyo al presidente
constitucionalmente elegido, el portavoz estadounidense afirmó: "Nos preocupa la
ruptura del diálogo político entre los políticos hondureños sobre la consulta
constitucional del 28 de junio. Instamos a las partes a que busquen una solución
democráticamente consensuada al actual callejón sin salida político, que sea
conforme a la constitución y a las leyes hondureñas acordes con los principios
de la Carta Democrática Interamericana."
Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, Washington todavía no ha
emitido ninguna declaración relativa al golpe de Estado en Honduras. La nación
centroamericana es muy dependiente de la economía estadounidense, que le asegura
una de las principales fuentes de ingresos, las transferencias de dinero que
envían los hondureños que trabajan en Estados Unidos bajo el programa de
"estatuto temporal protegido", instaurado durante la guerra sucia de Washington
en la década de los ochenta a causa de la enorme inmigración a territorio
estadounidense para escapar de la zona de guerra. Otra fuente importante de
ingresos de Honduras es USAID, que aporta más de 50 millones de dólares anuales
para programas de "promoción de la democracia", los cuales habitualmente dan
apoyo a las ONG y a los partidos políticos favorables a los intereses de Estados
Unidos, como ha sido el caso en Venezuela, Bolivia y otras naciones de la
región. El Pentágono también mantiene la base militar de Soto Cano en Honduras,
con aproximadamente quinientos soldados y numerosos aviones y helicópteros de
combate.
Patricia Rodas, ministra de Exteriores, ha dicho que ha intentado
repetidamente ponerse en contacto con Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos
en Honduras, el cual hasta el momento no ha respondido a ninguna de sus
llamadas. El modus operandi del golpe de Estado deja bien claro que
Washington está implicado. Ni el ejército hondureño, cuya mayoría ha sido
entrenada por las fuerzas estadounidenses, ni las elites políticas y económicas
del país derrocarían a un presidente democráticamente elegido sin el apoyo y
respaldo de Washington. Las fuerzas conservadoras de Honduras han sometido al
presidente Zelaya a ataques cada vez más frecuentes por su creciente relación
con los países del ALBA, en particular con Venezuela y el presidente Chávez.
Muchos están convencidos de que este golpe pretende asegurar que Honduras no
seguirá acercándose a los países más izquierdistas y socialistas de América
Latina.
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