Deudores contumaces.El endeudamiento interno, incluidos sus deudores contumaces, reitera una vieja práctica: que el Estado pague los platos rotos. La información, oficial y detallada, sobre la identidad de quienes no pagan, de quienes otorgaron los préstamos y sobre la forma en que se negocian esas deudas incobrables, se revela como fundamental para instrumentar soluciones que reactiven al sector productivo.
Por: Samuel Blixen Brecha 21/7/06
La experiencia indica que cada vez que se les ponen nombres a los grandes deudores del sistema financiero se produce una especie de tsunami: las aclaraciones, los acentos en los matices, los desmentidos y, lo que es peor, las apelaciones a la “discreción” no aclaran, confunden y enmascaran. Quedan en el cono de sombra las cuestiones principales: ¿quién es responsable de la deuda, cómo se originó y quién va a pagarla? Esta vez la divulgación de la lista de los deudores contumaces provocó, por lo menos, un generalizado reclamo de transparencia. Porque lo que queda claro es que si las deudas no las pagan los deudores, las pagaremos todos. De hecho ha pasado así desde la rotura de la tablita en 1982 hasta la última crisis de 2002. Entre salvatajes de bancos y compra de carteras incobrables, el Estado ha invertido más de 3 mil millones de dólares. Los “deudores contumaces” son apenas un pequeño tramo del universo de clientes del sistema financiero que mantienen deudas vencidas, y en especial aquellos que se endeudaron en los últimos años, después de la “última” solución implementada por el gobierno de Jorge Batlle. Cada caso, es cierto, tiene una historia particular, y la primera reacción tiende a enfrentar la generalización. Pero la realidad es tenaz: el sistema financiero estatal soporta un endeudamiento vencido o atrasado de 2.800 millones de dólares, y de ese total, 337 millones se reprodujeron últimamente. El conocimiento de qué ha pasado con esas deudas constituye el paso previo para implementar soluciones que permitan recomponer la relación del sector productivo con el sector financiero. La reacción desencadenada a partir de la publicación de las listas en la anterior edición de BRECHA revela la importancia del problema. En la “cumbre” que el martes 11 mantuvieron el presidente Tabaré Vázquez con el ministro de Economía, Danilo Astori, y el de Ganadería, José Mujica, se introdujo una información vital: una porción sustancial de esos 2.800 millones de dólares está siendo gestionada, para su cobro, a través de sociedades de fideicomiso según una fórmula que reduce la deuda a un 35 por ciento del valor nominal, y si la recuperación no llega a ese porcentaje, entonces el Ministerio de Economía resulta garante de la diferencia. ¿Qué significa esto, en términos entendibles? Si el Banco República (BROU) tiene un crédito incobrable valor 100, al traspasar la cartera al fideicomiso reclama una recuperación de 35. El fideicomiso intentará recuperar esos 35, pero si en las gestiones obtiene un acuerdo por 10, Economía otorgará al BROU un crédito por los 25 restantes. De modo que quien debía 100 saneará su crédito con apenas 10. Una manera de ver el problema es afirmar que se han obtenido 10 cuando la perspectiva era de no obtener nada. Otra forma de ver el problema es que el Estado asume una pérdida de 90. La reacción popular ante cualquier situación de refinanciación de deuda es de rechazo: particularmente en el caso del endeudamiento agropecuario se dice que quienes salen beneficiados son los malos pagadores y que quienes han pagado son las víctimas. Lo que no se explicita en este esquema es que los profesionales del no pago no son, ni en cantidad de titulares ni en volumen de dinero, los productores agropecuarios, sino los grandes grupos económicos de la industria y el comercio. Las cifras divulgadas revelan que de los 2.800 millones de dólares, 9.000 productores agropecuarios mantienen una deuda impaga de 674 millones, mientras que 3.424 empresarios manufactureros deben 672 millones vencidos. Sólo el BROU y tres fideicomisos tienen créditos incobrables por 1.369 millones de dólares. BORRADORES. La divulgación de la lista de deudores contumaces impulsó a legisladores y medios de prensa a verificar la información. Una crónica de El País consignaba que, según una fuente del BROU, la lista era exacta en casi un 100 por ciento. Pero en una entrevista concedida al programa En perspectiva, de radio El Espectador, el licenciado Juan José Cladera, integrante del directorio del BROU, manifestó que “la divulgación de la lista no contribuye mucho”, porque se trata, dijo, de un borrador que responde a deudores del fideicomiso y no del BROU. Según Cladera, en la lista hay empresas que ya han negociado su situación con el fideicomiso, otras que están en proceso y algunas que han cambiado de dueño. Cladera no especificó si esas situaciones desvirtúan el total de la lista o si son excepciones. “El directorio está comprometido a dar toda la información –afirmó– pero algunos problemas endémicos no se resuelven en un año o dos.” Las puntualizaciones de Cladera son reveladoras. Pero conviene hacer una precisión previa: el documento que publicó BRECHA es, efectivamente, del BROU, y si se trata de un borrador que contiene errores, ese es un problema del BROU y no de la publicación. BRECHA no está autorizado a identificar a su fuente, pero puede afirmar que se trata de una alta fuente responsable del BROU, y que ese documento estaba a punto de ser enviado al Parlamento, que aguarda la información desde hace casi un año para implementar soluciones al endeudamiento interno. Algunas de las más airadas reacciones no se refieren a la lista de deudores contumaces, sino a la información proveniente de un documento elaborado por una comisión técnica para el estudio del endeudamiento interno. El senador Eduardo Ríos (Alianza Progresista) afirmó: “Nosotros no sabemos la verosimilitud que tiene esta presentación de BRECHA, pero sí creemos que se agotaron los tiempos para que el BROU haga pública oficialmente la lista de deudores contumaces. El tiempo ha pasado, el banco ha estado en negociación y esta lista de BRECHA dista mucho de ser una lista oficial. Yo siento que el BROU está en deuda con la sociedad para hacer públicos los deudores contumaces”. Por su parte, el senador Jorge Saravia (Espacio 609) arremetió contra el BROU: “El año pasado pasé pidiéndole al directorio del banco –y este año en la última sesión– que cotejara las cifras que yo tenía, y permanentemente tuvimos diferencias. Y en lo que publicó BRECHA están los 9.180 productores que yo reclamaba que habían desaparecido (el BROU manejaba 3.700). El propio directorio del BROU no tiene conciencia de dónde está parado y también hay una omisión directa en la publicación de estas cifras”. En una nota de La República del martes 18, se transcriben párrafos de un documento que el ministro Mujica elevó al presidente Vázquez, sobre los elementos de discusión en la reunión con el ministro de Economía. Allí se consigna “la falta de información clara que debería presentar el directorio del BROU (...) y esto ha sido una constante en todo este período de gobierno”. Establece que “las diferencias entre una versión del Poder Ejecutivo y la otra del BROU (sobre la cantidad de productores agropecuarios afectados por la crisis del endeudamiento) continuarán y se acentuarán cada vez que profundicemos en el tema endeudamiento (…) el punto de partida es la falta de información y de transparencia por parte del BROU en este tema”. El documento, calificado como “ayuda memoria”, sostiene que “hubo una fuerte oposición a que el tema endeudamiento fuera tratado, a través de una ley, y sin embargo estamos hoy ante directivas que actúan como una ‘ley’, creadas y aplicadas por el directorio del fideicomiso, o sea, el directorio del BROU, con la única diferencia que no fueron aprobadas democráticamente”. QUÉ PASÓ CON LAS DEUDAS. Tal como sugieren las aclaraciones del director Cladera, parecería que el tema de los contumaces y de las deudas vencidas queda resuelto con las gestiones de cobro mediante los fideicomisos. Sin embargo, las puntualizaciones del ministro Mujica, aplicables a todo el conjunto del endeudamiento interno, se focalizan en la manera y los criterios de negociación, de los que no se tiene información oficial. Conviene recordar que el BROU, a comienzos de los noventa, mantenía una cartera incobrable de unos 1.300 millones de dólares. Cien de los principales grupos económicos del país acumulaban, en sus constelaciones de empresas y sociedades anónimas, deudas vencidas que trepaban, en algunos casos, a 40 millones de dólares, con un promedio de deudas por 10 millones de dólares por cada grupo. En 1991 era ilusorio pretender que un grupo económico pudiera saldar esa deuda aun con generosas refinanciaciones y quitas. La apuesta consistía en mantener ese endeudamiento hasta que el Estado lo absorbiera como lo había hecho en 1982 con la famosa compra de carteras incobrables de los bancos extranjeros, y como se hizo después cuando se “sanearon” los balances de los bancos gestionados para reprivatizarlos, tal los casos del Comercial, La Caja Obrera y el Pan de Azúcar. Las deudas incobrables siguieron pesando en la contabilidad de la banca estatal hasta la crisis de 2002, en que se arbitró la “solución” de los fideicomisos. Hubo excepciones: a comienzos de 2000 algunos deudores pactaron fórmulas de pago cuyos términos aún no son conocidos; sin embargo, son conocidas las referencias a algunos directores que soportaban el mote de “diez y diez” por la forma en que habían impulsado esas soluciones. El estudio de las actas de directorio podría arrojar luz sobre la responsabilidad de quienes condujeron al BROU en esas fechas, que serían los mismos que permitieron el nuevo endeudamiento contumaz que registra la lista publicada por BRECHA. La aparición de los fideicomisos introdujo un nuevo sesgo en el problema del endeudamiento. El traspaso de las carteras deudoras a esas sociedades creadas por el Ministerio de Economía permitió sanear los balances del BROU, del Nuevo Banco Comercial y de los bancos en liquidación, pero no eliminó la deuda en sí. La reglamentación autoriza a los fideicomisos a negociar el cobro sobre la base de un 35 por ciento. Esto supone que de los 1.300 millones de dólares de 1991, el BROU aspiraba a recuperar, en el mejor de los casos, 455 millones. Una primera pregunta consiste en saber qué porcentaje de la deuda estaba cubierto por las garantías y en qué medida existe voluntad de ejecutarlas. Pero, como sugiere el documento del ministro Mujica, es posible que las negociaciones de recuperación produzcan cifras sensiblemente menores. ¿Cómo se conduce el fideicomiso? Fuentes vinculadas al sistema financiero sostienen que una práctica generalizada es la venta del crédito a sociedades anónimas que harán del cobro una fuente de negocio. En esa opción se dan dos situaciones: de los agiotistas que, una vez comprados los créditos a precio de liquidación, usarán los mecanismos de presión y de ejecución judicial para ganar dinero; y la de aquellos deudores que, mediante testaferros, se compran a sí mismos sus deudas con una notable ganancia respecto de la obligación inicial. Sostener que la negociación de las deudas vencidas resuelve el problema no implica asegurar que finalmente el Estado recupera lo que otros se llevaron. Habrá que determinar en qué casos el endeudado es víctima de la crisis, y en qué casos el contumaz agrandó la deuda, con la complicidad de quienes se la otorgaron, apostando a que el Estado pague los platos rotos. Esas circunstancias requieren soluciones totalmente diferentes. Hay una cuestión de conveniencia del país productivo y una cuestión de justicia. De Luis Carlos Zuluaga Por haber sido aludido personalmente con informaciones inexactas y agraviantes en vuestro semanario, en la edición del 14-VII-06, en la página 3, y en ejercicio del derecho de respuesta establecido en el artículo 7 y siguientes de la ley 16.099, solicito la publicación íntegra de la presente nota así como del texto que se transcribe a continuación, acompañado de la misma foto que se adjuntara al artículo referido. Con respecto al artículo “Al cuadrado”, publicado en la página 3, y teniendo en cuenta que un buen periodista tiene la obligación ética y moral de investigar para ejercer responsablemente el derecho a informar, cuidando de no difamar, quiero aclarar lo siguiente: VERDADERO. El de la foto soy yo, mi nombre es Luis Carlos Zuluaga Barañano y esta fue una feliz coincidencia en mayo de 2002 en un remate de Plaza Rural donde por segunda vez pude intercambiar algunas palabras con el entonces presidente de la República. FALSO. No tengo hermanos varones. Albero y Doroteo Zuluaga Zuluaga son mis tíos. FALSO. Jamás firmé el préstamo ni la referida hipoteca de que se me acusa. FALSO. Jamás utilicé influencias políticas para solucionar ningún tema familiar ni personal; además este es un tema del Poder Judicial, absolutamente independiente del Poder Ejecutivo al que pertenecía el ex presidente. Además, de las estirpes de los Zuluaga no todas pertenecen al glorioso Partido Colorado, sino que existen también blancos y frentistas. FALSO. No disfruté los campos de mi padre desde 1981 a 2006, como se pretende hacer creer, ya que no tuve acceso a ellos hasta el año 1993. Porque desde julio de 1981 existió una partición y liquidación judicial, expedientes 440/81 y 441/81 del Juzgado Letrado de Treinta y Tres de 1er Turno, donde la única persona habilitada para disponer de todos los bienes era el administrador judicial (designado en plena dictadura militar); el préstamo a que hace referencia el artículo fue otorgado durante la administración judicial. Mi padre falleció en 1998 y desde entonces he pagado con mi trabajo innumerables deudas dejadas por la cuestionada administración ya citada. La seriedad de los artículos radica en la información veraz que se les brinda a los lectores. Espero éste haya sido un error por mala información y no con otra intención. Luis Carlos Zuluaga Barañano
De la Cooperativa Agraria de Responsabilidad Suplementada de Productores de Semilla (CALPROSE) Señora Ivonne Trías Señor Samuel Blixen: Motiva la presente el artículo publicado en el semanario BRECHA, de fecha 14-VII-06, bajo vuestra responsabilidad, titulado: “La concentración de la deuda interna”. En primer lugar, nos preocupa que un semanario como BRECHA y que un periodista como el señor Samuel Blixen, quienes cuentan con nuestro mayor respeto, hayan sido mal informados sobre una situación como es nuestra deuda con el Banco de la República, lo cual afecta seriamente la imagen de nuestra cooperativa, particularmente relacionada con nuestras fuentes financieras, vitales para su supervivencia. En vuestro artículo se nos coloca en un grupo definido como “aquellos que nunca tuvieron voluntad de pago” o “deudores contumaces”. Entendemos que los deudores que se incluyen en la lista de su artículo, han tenido diferentes intenciones con respecto a sus deudas: el origen de ellas, la evolución de las mismas y la voluntad de pago. CALPROSE, luego de importantes esfuerzos, llegó a un acuerdo con Cara Afisa, por el cual se realizó un pago el 14 de diciembre de 2004. Actualmente, la deuda de CALPROSE con Cara Afisa asciende a 59.580 dólares, lo cual dista significativamente de lo que ustedes informan en vuestro artículo. Esta situación surge claramente de la documentación que adjuntamos a la presente. Entenderán que para una organización cooperativa, con limitaciones financieras importantes y basada estrictamente en el esfuerzo de sus funcionarios y sus socios productores de pequeño y mediano tamaño que han hecho posible su funcionamiento durante 42 años, la información que ustedes proporcionaron puede afectarla de una manera irreversible. En función de lo expuesto, les solicitamos enmendar la información publicada, tratando de que su difusión tenga el mismo poder de impacto que el artículo de referencia. Por último, aunque no menos importante, pensamos que es una obligación ofrecerles información de la cooperativa que se resume en el folleto adjunto; pero es más importante el de trasmitirles el buen nombre que CALPROSE tiene arraigado en el ambiente de la producción nacional y también regional. Antonio Jorge Gerente general N de R: La documentación adjunta consiste en una carta, fechada el 19 de junio de este año, de República afisa, Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (
), en la que se informa que CALPROSE “tiene un acuerdo con esta institución por la deuda que la cooperativa mantenía con el BROU” y que el saldo actual de dicho acuerdo es de 59.580 dólares. La violación a la ley de prendas El Banco República (BROU) tiene en trámite en diversos juzgados más de quinientos juicios contra clientes que violaron la ley de prendas, es decir, que prendaron bienes en garantía por préstamos; esos bienes (maquinarias, cosechas o mercadería) no pudieron ser ejecutados porque, se establece en las denuncias, fueron enajenados. Más de la mitad de esas garantías prendarias denunciadas corresponden a montos que oscilan entre los mil y los 100 mil dólares. Hay, por el contrario, 40 prendas cuyo valor es superior al medio millón de dólares. Esas 40 prendas suman algo más de 40 millones de dólares. Muchos de esos 40 deudores con prendas enajenadas por más de 500 mil dólares aparecen en la lista de deudores contumaces manejada por el BROU, y representan, cada una, casi la totalidad de la deuda vencida, lo que hace suponer que no existía voluntad de cubrir dicha deuda con los bienes prendados. Es el caso de ciertos productores arroceros, algunos de nacionalidad brasileña que, según las fuentes de BRECHA, pasaron a Brasil su producción y sus maquinarias, eludiendo el pago de los préstamos. La reiteración de tales casos pone en evidencia la falla de los mecanismos de control para evitar la maniobra o, lo que es peor, la permisividad para eludir el pago. Agentes vinculados a la actividad agropecuaria han señalado que los departamentos fronterizos, especialmente en Treinta y Tres y Artigas, la maniobra “estaba cantada”, por la facilidad con que productores brasileños arrendaban campos y se beneficiaban de la intermediación de “gestores” que aseguraban la obtención del préstamo. Otras fuentes han explicado a BRECHA que la situación de productores denunciados por la violación a la ley de prendas exhibe muchos matices y que existen casos en los que pequeños productores enajenaron las prendas a efectos de cumplir con el pago de los préstamos. De ello deriva, independientemente de las sanciones legales que puedan tener lugar por la enajenación, que no todos los denunciados deban ser considerados como “deudores contumaces”. Puesto que el BROU elaboró una lista de deudores violadores de la ley de prendas, BRECHA publica el tramo de los denunciados con los montos más abultados. Corresponderá a la investigación pertinente establecer en qué casos la enajenación de las prendas constituye una maniobra premeditada para sustraer la garantía que podía ser ejecutada por el banco.
