Hasta no hace muchos años, se trataba de una modalidad esporádica -se podría decir que era casi una travesura- en la que por lo general solían incurrir los estudiantes. Característica peculiar que, por supuesto, no la justificaba ni tampoco excusaba la actitud antisocial de sus protagonistas, pero que atenuaba, por lo menos, la cadencia de las molestias provocadas a quienes padecen las irritantes consecuencias de esos intempestivos bloqueos.
Desde un tiempo a esta parte, en cambio, la malsana actividad se ha propagado con magnitud tal que se ha convertido en un abuso múltiple y cotidiano. Ninguna vía de tránsito -incluso las trazas ferroviarias y las rutas nacionales- está exenta del riesgo de ser obstruida durante horas, cuando no días o semanas, por grupos minoritarios de la más variada índole, uniformados bajo la común y ya proverbial denominación de piquetes, que no encuentran otro recurso para manifestarse que el de hacer caso omiso de la disposición constitucional que garantiza el libre tránsito.

Saltan a la vista los perjuicios provocados por ese prepotente y extemporáneo comportamiento. Desde embotellamientos del flujo vehicular y las consiguientes demoras hasta, en más de una oportunidad, el desabastecimiento de productos de primera necesidad o las pérdidas de cargas perecederas.

Según parece, las autoridades parecerían haber optado por desentenderse de la gravedad de esos flagrantes atentados a las más elementales normas de convivencia. De lo contrario, no habría explicación alguna para la impunidad con que son tendidas las barreras humanas, plantados los obstáculos armados con materiales de desecho y propagadas las fogatas alimentadas por neumáticos de descarte.

Ni tan siquiera la excusa de que esos grupos contestarios están ejerciendo el indelegable derecho de expresarse en libertad puede servir de pretexto para la contumaz reiteración de estos desórdenes. Sea cual fuere la validez de los argumentos con los cuales se pretende darles sustento, pesa sobre ellos el descrédito que siempre ha distinguido negativamente a las conductas egoístas y carentes de solidaridad.

El bloqueo de las vías públicas es un acto de violencia punido por la legislación vigente. Prevenirlo, reprimirlo cuando así lo dicten las circunstancias y sancionar a sus autores y a sus instigadores no configurará, pues, una actitud autoritaria. Por el contrario, significará que no es desatendida la legítima misión de poner orden para impedir que el piqueterismo siga adelante en su desmadre y entre de lleno en el territorio de la anarquía.

Fuente: La Nación: http://www.lanacion.com.ar/309751

Tomado de elortiba.org 2/6/08