La consulta autonómica del 4 de mayo acentuó la polarización de la sociedad cruceña. En algunas regiones del departamento recrudecen las acciones violentas e intimidatorias de los grupos de poder autonomistas en contra de la ciudadanía disidente.

A fines de 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen percibió en el país un "grave" rebrote de expresiones de racismo más propias de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno.

El funcionario internacional observó con preocupación las incitaciones a la violencia y a la discriminación de indígenas de parte de funcionarios públicos, políticos y grupos de presión; las frecuentes expresiones de contenido racista anti indígena en algunos medios de comunicación masiva, y los numerosos casos documentados de agresión y ataques en contra de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, con el apoyo de los poderes económicos y políticos locales.

La Unión Juvenil Cruceñista amenazó a los residentes paceños con "limpieza étnica" después del 4 de mayo y comunicó a los "collas" que no son bienvenidos en su "territorio autónomo". "Se le conceden tres días para salir de tierra cruceña o nuestra insigne Guardia Departamental, se verá en la labor de conducirlo fuera de nuestras fronteras", dice uno de sus panfletos repartidos días antes de la consulta.

Tal y como preveían los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), recrudecieron las represalias racistas luego del referéndum del 4 de mayo impulsado por la facción más radical del autonomismo oriental.

"Las condiciones de opresión crecieron puertas adentro de las estancias (en la provincia Cordillera). Los indígenas reducidos a la servidumbre no tienen derecho de manifestarse sobre su situación. Los patrones y sus empleados los tienen amenazados a ellos y a sus familias", denunció la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

En el municipio de Cuevo, donde fueron emboscados y heridos más de 40 indígenas guaraníes y autoridades de gobierno el 13 de abril, los terratenientes continúan bloqueando caminos y soliviantando a la población con la mentira de que el gobierno les "robará" sus tierras para entregárselas a los "collas". La prensa informó que autoridades municipales de Cuevo expulsaron del pueblo a algunos profesores solidarios con los guaraníes que reclaman la titulación de una TCO.

Según la APG, en Cuevo "nadie puede circular sin su carnet porque a cada centímetro lo exigen los grupos de choque financiados por las autoridades locales y adiestrados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista". Varias personas vinculadas con los guaraníes y su organización, la APG, tienen prohibida la pisada en este pueblo.

En Camiri, los líderes indígenas se encuentran casi en la clandestinidad debido a las amenazas y persecuciones que a diario efectúan los grupos irregulares. La organización guaraní explicó que "los hermanos sólo pasan por Cuevo si van en un grupo numeroso, ante el temor de que se cumplan las amenazas".

El 9 de mayo, más de mil pobladores del Territorio Indígena Autónomo Monkox de Lomerío que se manifestaba de forma pacífica contra la autonomía de los grupos de poder de Santa Cruz fueron emboscados y agredidos por alrededor de 50 individuos ebrios con vestimenta camuflada, armados de palos, piedras y cohetes. Ocho comunarios resultaron heridos, dos de gravedad.

La población indígena de Lomerío rechazó con contundencia el referéndum autonómico del 4 de mayo. El alcalde de Lomerío Ángel Sumamí se comprometió a respetar la abstención electoral decidida por el pueblo firmando un acta en una asamblea el 29 de marzo, ante la dirigencia de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y en presencia de una delegación de las comunidades del Territorio Indígena Monkox.

Pero Sumamí faltó a su palabra, incumplió su compromiso y viabilizó el referéndum repudiado por la gente, con la complicidad del presidente del Concejo Municipal Alfredo Chuvirú y el supuesto presidente del Comité Cívico de San Antonio de Lomerío Mario Parapaino.

Frente a la traición, las 28 comunidades afiliadas a la CICOL reunidas en asamblea de emergencia el 9 de mayo resolvieron realizar una marcha pacifica desde sus comunidades hasta San Antonio de Lomerío, donde se encuentra la Alcaldía Municipal, para exigir la renuncia del alcalde, del presidente del Concejo Municipal y de todos los concejales serviles.

Marcharían exigiendo también la destitución del Director Distrital de Educación, que junto a algunos docentes del colegio habrían utilizado su poder para obligar a votar con engaños. A los ancianos les dijeron que si no votaban dejarían de recibir el bono dignidad y a los estudiantes les amenazaron con reprobarlos.

Según los dirigentes indígenas de Lomerío, planearon la agresión asesores de la subprefectura de la provincia Ñuflo de Chávez y los traficantes de tierras que perdieron sus posesiones ilegales en el saneamiento del territorio de Lomerío, quienes también participaron en los violentos hechos.

Un problema sin resolver

Pasó casi un mes desde que indígenas guaraníes, periodistas, integrantes de la APG y funcionarios del Viceministerio de Tierras fueran agredidos por los hacendados en Cuevo, y hasta ahora no se pudo avanzar en la liberación de los miles de guaraníes esclavizados en haciendas de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca y Tarija, resalta la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz-

Tampoco se logró iniciar el saneamiento en el territorio de Alto Parapetí y ni las autoridades del gobierno nacional ni organizaciones defensoras de derechos humanos han podido ingresar a una estancia en la zona para constatar las condiciones de vida de los indígenas dedicados a trabajar la tierra del patrón.

Las tres distintas comisiones que se formaron para estudiar la situación de las familias guaraníes cautivas en las estancias tampoco avanzaron en la liberación de los indígenas. Una comisión compuesta por parlamentarios de la opositora Brigada Parlamentaria cruceña (Roxana Gentile, de Unidad Nacional, Betty Acebey Serrano, del MNR, y el ganadero Ronald Moreno, de Podemos, quien participó de las agresiones a los guaraníes) visitó 11 haciendas y no vio guaraníes cautivos.

El 28 y 30 de abril se hizo presente en la zona una segunda comisión compuesta por las iglesias Católica, Metodista y Ekklesía, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Pero el ganadero de Camiri David Vaca Díez, uno de los implicados en las agresiones del 13 de abril, declaró que "no permitiremos el ingreso de otra comisión, así lo pida el Defensor del Pueblo, porque la brigada de Santa Cruz ya confirmó que no hay comunidades cautivas, peor aún servidumbre".

La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz -integrada por ALAS, Casa de la Mujer, CEJIS, CIPCA, Colectivo Rebeldía, DESAFIO, Defensa de la Niña y el Niño Internacional, FORMASOL, Fundación Colonia Piraí y Fundación Tierra- pidió a la población que se manifieste para terminar con la situación de servidumbre anacrónica que demuestra el alto grado de desprecio y racismo de algunas familias ricas del oriente boliviano hacia los indígenas que alguna vez fueron libres en esta tierra.

La Coordinadora denunció que los pueblos indígenas son víctimas de los grupos de poder que pretenden imponer con violencia unos estatutos rechazados por gran parte de la población cruceña y las organizaciones indígenas del departamento.

Las instituciones demandaron a las autoridades nacionales y regionales sancionar a los infractores de la Ley y a los violentos que pretenden dividir a un pueblo y a su territorio por mezquinos intereses personales de poder político y económico.

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Algunos hitos del levantamiento terrateniente

Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen, la negación del acceso a la tierra y el territorio sigue siendo la principal preocupación de las comunidades indígenas del país y la principal fuente de los abusos a sus derechos.

El relator valora los avances en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la nueva Ley de tierras, pero reconoce que todavía hay muchos obstáculos, como las censurables agresiones de un grupo de hacendados al Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y a otros funcionarios públicos en la región del Chaco de Santa Cruz que, en cumplimiento de la ley, intentan sanear los territorios ancestrales del pueblo guaraní, "muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre".

Stavenhagen recordó a las autoridades del departamento de Santa Cruz que tienen "la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los ancestrales problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras".

Hacendados, ganaderos, empresarios agroindustriales, autoridades de la Prefectura y dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz coordinan acciones para impedir el saneamiento de tierras, la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el departamento y la dotación de áreas fiscales a ciudadanos de otras regiones del país. La inédita articulación empresarial amenaza de muerte a los "collas" que osen pedir un pedazo de tierra cruceña y ha decidido expulsar a las autoridades agrarias nacionales de sus territorios, recurriendo a las armas si es necesario.

El 28 de febrero, los "comités de defensa" de hacendados de Santa Cruz echaron de Camiri a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Dos días después secuestraron por unas horas e intimidaron con armas de fuego a las máximas autoridades del Viceministerio de Tierras y del INRA.

El 2 y 3 de marzo, integrantes de la Unión Juvenil de San Ignacio de Velasco, de la Unión Juvenil Cruceñista, funcionarios de la Prefectura de Santa Cruz, Subprefectura de San Ignacio de Velasco, alcaldía y fuerzas cívicas en general interceptaron en la localidad Santa Rosa de la Roca a 80 familias campesinas que se dirigían a la localidad "Las Trillizas" para construir allí un pueblo. El dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) Silvestre Saisary recuerda este incidente: "Nuestras familias fueron torturadas y brutalmente golpeadas. A algunos les encañonaron con armas en la boca. Nos decían collas de mierda y a las mujeres, llamas...¿Dónde está ahora su Presidente indio para que los defienda?...".

El 4 de abril, los patrones alzados en armas emboscaron por segunda vez a las autoridades de gobierno en tierras del chaco. Los ganaderos bloqueadores vociferaron contra la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y desconocieron al gobierno de Evo Morales.

El 9 de abril, terratenientes y ganaderos bloquearon la ruta internacional a Paraguay y Argentina exigiendo la suspensión del saneamiento y la titulación del territorio indígena guaraní.

El 10 de abril, aproximadamente 300 personas al mando de hacendados y ganaderos cercaron el hotel de la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero y del viceministro de Tierras Alejandro Almaraz en la ciudad de Camiri. Armada con palos y piedras, y gritando consignas racistas contra "collas" e indígenas, la muchedumbre quiso expulsar a ambas autoridades de la provincia Cordillera y así detener el saneamiento.
El 13 de abril, los ganaderos y sus grupos de choque armados emboscaron en el municipio de Cuevo a una delegación de indígenas guaraníes y funcionarios de gobierno, quienes fueron apedreados, apaleados y brutalmente golpeados. Al menos 40 personas resultaron heridas.