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Que nadie se engañe, entonces, lo que buscan García y Uribe, es lo mismo. Y representa todo aquello que la conciencia soberana de los pueblos de América rechaza con energía y firmeza.
El decreto Legislativo 1015, considerado sorpresivo y peligroso en el país y mediante el cual se dispone la virtual disolución de la Comunidad Campesina, y la autorización congresal para el ingreso al territorio peruano de efectivos militares de los Estados Unidos; tienen como común denominador el hecho de ser una secuela natural del Tratado de Libre Comercio suscrito entre nuestro país y el poderoso vecino del norte entre gallos y medianoche y al margen de la voluntad ciudadana.
El tema de la Comunidad Campesina es ciertamente significativo. El gobierno ha resuelto disponer la venta o entrega de las tierras comunales por una simple decisión de la mayoría de asistentes a una determinada asamblea. Hipotéticamente hablando, si de 900 comuneros, concurrieran a un evento 100, bastaría con que 51 de ellos dieran su consentimiento para que la Comunidad resuelva entregar sus tierras a una empresa a fin que ella busque allí -por ejemplo- riqueza minera. Y es que la disposición no reconoce limitación alguna a la capacidad de decisión de esa "mayoría", capaz de resolver el destino de una Comunidad entera.
La disposición tiene diversas aristas. Una de ellas se orienta a desconocer el hecho que la Comunidad Campesina en el Perú es una forma de organización milenaria. Existió desde antes del Imperio de los Incas, pero se hizo fuerte en el marco de esa sociedad colectivista que dejó tanta añoranza en nuestro suelo. Fue, en efecto, la prolongación histórica del Ayllu, expresión de "la familia extensa", como la llamaron los especialistas.
La Comunidad Campesina sobrevivió a los 300 años de dominio colonial, pero también a los casi 190 años de vida republicana, en los que se vio abandonada por el Poder Central y despreciada por el orden social establecido. Todos los gobiernos -salvo el de Velasco Alvarado- le dieron la espalda y la olvidaron, pese a sus aguantes necesidades.
Abrigando una vieja tradición agraria y lazos de familiaridad y afecto consolidados por la vida y por el tiempo, la Comunidad Campesina se convirtió sin embargo a lo largo de los años en una verdadera fortaleza de peruanidad. Por eso se considera uno de los aciertos históricos de José Carlos Mariátegui, el haber vinculado el problema de la tierra al del hombre peruano, particularmente al indio y a la Comunidad. Y es que al antiguo "ayllu" le llamaron los españoles "Comunidad" por su similitud con determinadas formaciones sociales españolas que aún hoy subsisten.
José Maria Arguedas la menciona señalando que eras "idénticas en muchos aspectos medulares de la vida aquellas peruanas que observamos mejor o en las que pasamos nuestra infancia". Y es que, en efecto, las Comunidades -como formas asociativas de producción y de propiedad- fueron consustanciales a diversos pueblos, pero hoy están bajo la mira de voraz capitalismo depredador de nuestro tiempo, empeñado en convertir todo en mercancía.
Por eso, para decirlo en palabras del autor de los "7 Ensayos...", la defensa de la Comunidad Indígena "no reposa en principios abstractos de justicia, ni en sentimentales consideraciones tradicionalistas, sino en razones concretas y prácticas de orden económico y social". Y es que garantiza la participación activa de una buena parte de la sociedad peruana en las tareas de la producción y rel cultivo de la tierra.
Lo que el gobierno peruano quiere, y más precisamente busca Alan García, es complacer al Gran Capital. Por eso con desparpajo precisa en que esta norma -el Decreto Legislativo 1015- se dicta con el propósito de "implementar el Acuerdo de Promoción Comercial" suscrito entre nuestro país y los Estados Unidos. En otras palabras, busca colocar el suelo peruano a disposición del empresariado internacional y de los capitales norteamericanos, para que ellos exploten nuestra riqueza en desmedro del país y arrasando las Comunidades.
Pero no se trata sólo de una disposición ligada a la agricultura. Como una manera de garantizar su cumplimiento y advertir a la sociedad peruana de la necesidad de aceptarla en silencio y sin remilgos, el gobierno ha dispuesto el ingreso masivo de personal militar de los Estados Unidos en nuestro territorio.
En lo que va de su gestión, ya van 30 ocasiones en las que la administración García "autoriza" el ingreso al país de efectivos militares de los Estados Unidos.
La norma más reciente -la Resolución Legislativa 29234 refrendada en forma inmediata por el Jefe del Estado- autoriza "el ingreso al territorio nacional de personal militar de los Estados Unidos de América entre el 23 de mayo y el 10 de septiembre del 2008... para realizar el ejercicio combinado de Acción Cívica Humanitaria denominado Nuevos Horizontes 2008 en la región de Ayacucho".
Es curioso, hace aproximadamente 44 años, en 1964, el gobierno del entonces Presidente Fernando Belaunde Terry hizo exactamente lo mismo.
En coordinación con la Casa Blanca programó lo que se dio en llamar la "Operación Ayacucho" y dispuso el ingreso al país de personal militar armado de los Estados Unidos para "preparar" a nuestros soldados ante eventualidades posteriores y urgencias humanitarias.
¿Qué se resolvió con ello? Nada, por cierto. No solamente que las poblaciones "asistidas por esta ayuda humanitaria" no mejoraron en absoluto sus condiciones de vida, sino que, al contrario, se generó en la región un clima de violencia brutal que desembocó más tarde en lo que la prensa oficial denominó mucho tiempo una "guerra interna", es decir, una política de exterminio masivo contra las poblaciones del interior del país.
Esta vez los 111 uniformados yanquis portarán 35 pistolas Baretta de 9 mm, 68 rifles Colt de 5 mm y 8 MG Fabrique Nationale MAG, más 52,000 municiones para las mismas-
¿Contra quién serán usadas esas armas?
No se necesita ser un perito en la materia para asegurar que no servirán para el progreso ni el desarrollo. No combatirán ni el hambre, ni la miseria de los pueblos. No unirán a los peruanos tras una causa común. Ni ayudarán a nadie a salir de la pobreza,
En cambio, tendremos hacia el futuro el escenario de nuevas violencias en una circunstancia que el gobierno de los Estados Unidos prepara una todavía mayor: la intervención de la marinería USA -como en Irak- en la lucha contra las FARC en Colombia. Y no porque piense tampoco que podrá exterminarlas, sino simplemente porque necesita apoderarse a como dé lugar de la riqueza de la amazonía, incluyendo petróleo, agua y bio diversidad.
Que nadie se engañe, entonces, lo que buscan García y Uribe, es lo mismo. Y representa todo aquello que la conciencia soberana de los pueblos de América rechaza con energía y firmeza.
En otras palabras, lo que está planteado en nuestro suelo ya no es sólo la defensa del patrimonio nacional, sino la preservación de nuestra soberanía.
En el fragor de esa batalla, los pueblos recordarán una frase que volverá a tener vigencia: "la soberanía de los pueblos, no se discute. Se defiende con las armas en la mano" (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. www.nuestra- bandera.com
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