La derrota legal del gobierno progresista en el episodio del IRPF a los pasivos demostró que la política de buena vecindad con la oposición es más un deseo adolescente que una realidad. El oficialismo deberá optar entre apretar el acelerador o resignar parte de sus reformas estructurales.
A diferencia de Argentina, en Uruguay los sectores tradicionales del poder no han establecido los "piquetes de la abundancia" (tal la calificación elegida por la presidenta Cristina Fernández) para oponerse a las medidas implementadas desde el gobierno. La oposición a las reformas estructurales impulsadas desde la administración progresista ha encontrado un cauce legal, aunque el contenido de las de allá y de las de acá no difiera sustancialmente. En ambos países las acciones se dirigen a enfrentar una política que apunta a mejorar la redistribución de la riqueza.
El impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) aplicado a los pasivos fue declarado inconstitucional (véase nota de Walter Pernas) por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Y, aunque la resolución no abarca todo el universo de los jubilados y pensionistas (los beneficiados son únicamente aquellos que presentaron el recurso), el gobierno uruguayo se enfrenta a la posibilidad de desandar el camino en la aplicación de dicho impuesto. Es que sería políticamente injustificable, además de injusto, que unos pagaran el IRPF y otros no, especialmente cuando entre los exonerados está el grupo de los que cobran jubilaciones altas, por ejemplo los ex presidentes de la República, los militares de alta graduación y ex cargos de confianza.
En 1997, ante recursos similares, la scj había rechazado declarar inconstitucional el cobro del impuesto a las retribuciones personales (IRP) aplicado a los pasivos por la administración del colorado Julio María Sanguinetti.
La modificación en la resolución de la corporación puede achacarse a una distinta integración de la SCJ, pero esa lectura naive pierde vigencia cuando los actores políticos se repiten, aunque en situaciones distintas.
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, Frente Amplio) señaló a Brecha que los mismos que aplicaron el irp son los que exigieron a la Corte un pronunciamiento antes del 7 de abril, cuando el organismo deberá cambiar su composición por el retiro de la ministra Sara Bossio. Se presume que su remplazante podría tener un criterio diferente.
Varios legisladores de los partidos tradicionales pusieron sus estudios jurídicos a disposición de los denunciantes y patrocinaron los recursos presentados. Luego, colorados y blancos se apresuraron a elaborar proyectos para derogar el IRPF a los pasivos, que -debe recordarse- sustituyó al IRP estableciendo franjas que hacen que el 90 por ciento de los jubilados y pensionistas paguen nada o menos impuesto que con el anterior gravamen. El problema es que las jubilaciones altas, por la progresividad del IRPF, pagan más que antes.
Lo cierto es que la resolución de la Corte impuso una primera derrota al gobierno progresista y, consecuentemente, ello fue vivido por la oposición como una victoria.

COMPOSICIÓN DE LUGAR. Que el Poder Judicial fuerce al gobierno a modificar su política tributaria es un dato relevante y obliga a distintos abordajes del episodio. Obviamente el respeto a la separación de poderes es una imposición constitucional, universalmente aceptada. Pero la interrogante es cuánto hay de real en la famosa independencia de poderes. En Uruguay se produjo un viraje histórico con el acceso del fa al gobierno después de un siglo largo de administraciones blancas y coloradas. Sin embargo, no puede pensarse que el advenimiento de Tabaré Vázquez haya significado el cambio de todos los centros de poder de la sociedad.
El diputado Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) comentó a Brecha que "cosas como éstas (la derogación del irpf a los jubilados) van mostrando que en términos de relaciones de poder los sectores conservadores mantienen una hegemonía significativa y que ella se expresa con mucha contundencia en los ámbitos desde donde han manejado el país históricamente. Ellos han elegido que sus cuadros estén en esos lugares, como lo hacen a nivel militar".
El razonamiento de Brenta surge de la lectura de que lo sucedido con el IRPF a los pasivos es consecuencia de las resistencias que el impuesto genera en los defensores del statu quo, al afectar intereses que nunca antes se tocaron.
También que la mentada independencia del Poder Judicial tiene demasiadas debilidades como para que sus decisiones deban ser consideradas como provenientes del Olimpo.
El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, sin mencionar a la justicia, abundó en lo que subyace en la decisión de la Corte, ubicando a los responsables ideológicos de la decisión de inconstitucionalidad fuera de la corporación. Fernández dijo a Brecha que el IRPF, más que un impuesto, es un mecanismo "para poder redistribuir. Primero vamos a favorecer a los de abajo. La derecha no va a hacer eso, ya que nunca le importó. Ella plantea crear una sociedad con mayor discriminación. La sensibilidad es distinta y las diferencias de concepción muy fuertes. Este es el tema fundamental, y hay que hecerlo comprender. La derecha busca bloquear las reformas, la prueba es que sus propios legisladores pusieron sus estudios a disposición para quien quisiera formular demandas contra el IRPF".
Coincidentemente, el lunes 24 la Mesa Política del fa emitió una declaración en la que sostiene que "el irpf aplicado al conjunto de las rentas en concordancia con el programa de nuestra fuerza política tiene como objetivo redistribuir la riqueza, a través de un esquema tributario en el cual los aportes se relacionan directamente con los niveles de ingreso, pagando más los que tienen más y menos los que menos tienen, abierto a un proceso de perfeccionamiento permanente para alcanzar mayores niveles de justicia".
Un dato que no escapa a los dirigentes frenteamplistas es la "sensibilidad" que el sistema judicial ha demostrado ante presiones ejercidas desde distintas fuentes. Por ejemplo, es claro que desde la llegada al gobierno del progresismo la justicia modificó sustancialmente su conducta con respecto a los violadores de los derechos humanos en la pasada dictadura. En sentido contrario, con los procesamientos de manifestantes por el delito de sedición (tipificación que nunca aplicó ante episodios análogos ocurridos bajo anteriores administraciones) logró la paradoja de que un gobierno de izquierda debutara con presos políticos.

RUTAS POSIBLES. Diversas fuentes del gobierno aseguraron a Brecha que no está en el ánimo del Ejecutivo desconocer el dictamen de la Corte, pero también que respetar no significa compartir y menos resignarse a abandonar la concepción que alimenta la reforma tributaria. El gobierno esperará hasta que se sustancie la primera sentencia después del 7 de abril para luego tomar una decisión, aunque existe una suerte de consenso en no volver atrás, es decir a la aplicación del IRP. En el oficialismo hay quienes piensan, como el diputado Brenta, que el nuevo contexto permitirá acentuar algunos aspectos de la reforma, y que "aquellos recursos que se pierdan deben pagarlos los sectores de mayores ingresos y también los empresarios. Lo que deja de pagar Sanguinetti lo deben abonar los empresarios. Debemos restablecer el 30 por ciento del irae".
Pero más allá del episodio del IRPF otra discusión asoma en la izquierda: ¿cuánto de la presente ecuación de poder está facilitado por la actual Constitución? "Tenemos una justicia apoyada en una Constitución prehistórica que en realidad está armada no para facilitar los procesos de cambio y transformación sino para mantener el statu quo. La derecha recurre a la declaración de inconstitucionalidad porque coincide con la concepción de los redactores de la Constitución", dijo Brenta a Brecha. Con excepción de mecanismos como los plebiscitos, que permiten iniciativas de la sociedad civil, "toda la Constitución fue armada para mantener un statu quo político y económico. El ejemplo más claro es el del balotaje: cuando vieron que la izquierda avanzaba, cambiaron las reglas de juego electorales".
De todas maneras, no está claro qué camino elegirá el gobierno ante la encrucijada en que lo ha colocado la oposición: el de la profundización de los cambios -ese por el que han optado algunas administraciones progresistas de la región y que supuso que debieran promover reformas constitucionales para adecuar el orden jurídico a sus impulsos transformadores- o el del mantenimiento de un clima de "diálogo" con la oposición política y los poderes del sistema.