El próximo jueves, cuando se conozca el primer fallo del Tribunal de La Haya sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina (paralización de las obras de Botnia y Ence), el futuro de Uruguay dará un paso en una u otra dirección: hacia un desarrollo sustentable o hacia un desarrollo depredador, que por supuesto terminará siendo un no-desarrollo.
Por:María Urruzola
Portal Montevideo 10/7/06
El próximo jueves, cuando se conozca el primer fallo del Tribunal de La Haya sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina (paralización de las obras de Botnia y Ence), el futuro de Uruguay dará un paso en una u otra dirección: hacia un desarrollo sustentable o hacia un desarrollo depredador, que por supuesto terminará siendo un no-desarrollo. Pero el futuro también dará otro paso: hacia un punto de inflexión en las relaciones al interior de la izquierda, la que se está mostrando incapaz de tolerar las diferencias con el gobierno y profundamente autoritaria hacia los frenteamplistas contestatarios.
Un buen ejemplo de esto último es lo que el gobierno está alentando hacia los científicos que osan discrepar públicamente con la instalación de las plantas de celulosa (me estoy refiriendo a la comisión creada en la Facultad de Ciencias), quienes tuvieron la decencia de poner sobre la mesa del debate nacional una serie de argumentos de carácter científico-técnico, pero recibieron como respuesta descalificaciones, en su mayoría de corte político.
El líder de esa actitud descalificatoria es el verborrágico subsecretario del MVOTMA, Jaime Igorra, quien ante cada argumento opositor y sin tomarse el tiempo nunca de leer ningún informe discrepante-, arremete siempre con sospechas y descalificaciones, evidenciando una lealtad hacia los intereses de las empresas que bien quisiera yo para con los intereses difusos de la comunidad. En este ocasión a Igorra le resultó "sospechoso" que el informe surgiera en el 2006, cuando según él desde 2003 se vienen haciendo estudios, e inaceptable porque aparece "en el marco del conflicto con Argentina y en el del futuro fallo de la Corte de La Haya". Igorra, que es universitario arquitecto- pero tiene una visión conspirativa más propia de otras profesiones, parece haber olvidado que la Carta Orgánica de la Universidad establece en su artículo 2 que entre sus fines está el "contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública".
Si hay un tema de interés general que necesita de urgentes aportes científicos y técnicos para su comprensión pública, ese es el de las plantas de celulosa. Y si hay una entidad que debería involucrarse mucho más últimamente respecto a los debates y desafíos de la sociedad, esa es la Universidad de la República. En ese sentido, las discrepancias que parecen existir entre los científicos de unas y otras disciplinas involucradas por la fabricación de pasta de celulosa y por el modelo forestal ameritan que se integre urgentemente una comisión inter-universitaria capaz de explicar esas diferencias y de aportar una respuesta fundamentada a la sociedad, sin esperar por los tiempos políticos y diplomáticos, en los que no está claro quién defiende los intereses "difusos" de la comunidad del presente y del futuro.
Si del "problema" de las plantas de celulosa, como dijo el actual rector Rafel Guarga, se sale gracias al conocimiento científico-técnico, no hay ningún motivo para que ese conocimiento espere la autorización o el beneplácito del sistema político, salvo que los protagonistas del quehacer científico estén cuidando intereses que no sean los generales de la nación. Cuando la sociedad solventa a la Universidad -y su actividad de investigación- no hay duda de que lo hace esperando que ese gasto en ciencia y tecnología sirva para el desarrollo del país. No hay motivo entonces para que la Universidad calle "ante la mayor inversión productiva de los últimos 50 años", como reza el discurso oficial, inversión que según algunos matrizará el futuro económico y ambiental del país, es decir el futuro. En esa urgencia de que la Universidad se involucre, no parece casualidad que el informe aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias proponga que "los técnicos y científicos que participen en el programa de monitoreo independiente y con validez jurídica (deban firmar) una declaración jurada de no tener vinculaciones actuales y pasadas con las empresas".
Aunque el señor Jaime Igorra quiera ver en eso un reclamo improcedente, las buenas prácticas de transparencia e integridad públicas lo aconsejan urbi et orbi.
