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La investigación judicial de la fuga del coronel Imprimir Correo
Por: el Administrador   
Julio 07, 2006
El juez Fernández Lecchini abrió el Código Penal y repasó las páginas de “delitos contra la administración de justicia”. El teniente coronel Walter Moreira, quien fungía como “acompañante” de Gilberto Vázquez en su salida al Hospital Militar, es el testigo calificado más complicado, por el momento.

Por: Walter Pernas
Brecha 7/7/06


El artículo 189 del Código Penal establece que “el funcionario encargado de la custodia o traslado de un preso o detenido por delito, que fuere responsable de su evasión, por mera culpa, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

Fuentes vinculadas a la indagatoria dijeron a BRECHA que es factible que se haya configurado ese delito, pero para ello hay que discernir si existió el de evasión.

El coronel Vázquez había sido habilitado por el juez Fernández Lecchini a salir transitoriamente de la División de Ejército 1, ubicada en la calle Agraciada, donde se encontraba detenido a la espera de una decisión sobre el pedido de extradición desde Argentina. La autorización respondió a un pedido de Vázquez para asistir al hospital porque padecía problemas de próstata.

El artículo 184 (inciso 2) del Código Penal señala que se aplicará una pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría al que “autorizado por la autoridad competente a ausentarse de su lugar de reclusión, en régimen de salidas transitorias, no regresare al mismo, en el plazo fijado”. Se trata del delito de autoevasión, que se aplica al sujeto “legalmente preso o detenido”.

Fuentes vinculadas a la investigación sostuvieron que si el prófugo es detenido se considerará su conducta a la luz del delito de autoevasión, y eso –según el escenario actual– podría determinar el procesamiento del militar.

Seguramente sobre este punto se dará una discusión técnica, pero antes de enfrascarse en el debate jurídico el prófugo debería aparecer y ser conducido ante el juez.

La cuestión jurídica se entrelaza en este punto con la situación política y la presunta estrategia del prófugo, del cual se presume (al menos es una de la especulaciones investigativas) que quiere ser procesado por un delito en Uruguay para evitar la extradición. O por lo menos retrasarla, porque la expatriación no se suspende, queda aplazada para cuando el reo termina de cumplir la pena en Uruguay.

Pero además, la sede penal busca verificar si existió confabulación militar para que se concretara la fuga de Vázquez.

Por ahora, Fernández Lecchini y la fiscal Elsa Machado iniciaron la investigación: concurrieron, el miércoles 5, al Hospital Militar a realizar la reconstrucción de la fuga. Allí tomaron declaración a los médicos e integrantes del Ejército involucrados en el caso, y por primera vez al teniente coronel Moreira, 48 horas después del hecho.

El militar que revista en la División de Ejército 1 admitió que dejó solo a Vázquez por algunos minutos en el corredor de la sala 9, en el quinto piso de la torre 6 del hospital, mientras le preparaban la cama en la que quedaría internado para realizarse algunos análisis clínicos. Moreira dijo que fue a informarle de la internación al director del hospital, José Aranco. Y remarcó que su actuación era en calidad de “acompañante” y no de custodia.

Esta aclaración de Moreira procura evitar el procesamiento por el artículo 189 del Código Penal. Desde la óptica militar se señala que el compromiso de “honor” es suficiente para el traslado de un oficial fuera del lugar de detención, sin importar que Vázquez estuviera requerido por crímenes contra la humanidad. Lo cierto es que alguien debe custodiar que el detenido no se fugue, y la sede penal dejó esa tarea –como corresponde según la ley– en manos del Poder Ejecutivo que, al realizar concesiones a los militares requeridos, se sumó a la tesis del honor olvidando el mandato judicial de asegurar la detención.

En el caso concreto del delito de “evasión por culpa del funcionario” encargado de la custodia o traslado del detenido, existe jurisprudencia respecto de policías que fueron procesados con prisión porque en un momento de distracción se les ha fugado un preso.

Por lo pronto, la ministra Azucena Berrutti no quiso saber más nada con este extraño “honor” militar, y por eso solicitó que los otros militares requeridos pasaran de las unidades militares a Cárcel Central, bajo la competencia del Ministerio del Interior.

El episodio hizo recrudecer las diferencias, enconos y desprecios de parte de los militares hacia los policías. El miércoles 5 por la tarde algunos militares iniciaron una nueva operación al lanzar el rumor, y luego la queja ante autoridades ministeriales, de que los trasladados a Cárcel Central fueron “maltratados” con “cuatro horas de plantón, en calzoncillos”. El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal, dijo a BRECHA que ese trato “nunca existió” y pidió al jefe del establecimiento que hablara nuevamente con los recluidos para aclarar la situación.

Antes, el director de Cárcel Central había pedido tranquilidad a los militares, pues el lunes 3 quedó patente la existencia de tensión entre ellos.

José Arab y Ricardo Medina pidieron permiso para saludar a los recién llegados, y fueron autorizados. Medina les dio la mano; Arab abrazó efusivamente a José Gavazzo y, apuntando con el dedo a Jorge “Pajarito” Silveira, espetó: “A este señor no lo voy a saludar”. Entre tanto, la esposa de Ernesto Rama le dio vuelta la cara a uno de los oficiales de Policía que ahora custodia al represor en el cti del Hospital Militar: “Yo no saludo a policías”, le dijo.

Pero además, la Policía interpretó como una “tomada de pelo” la denuncia que a pedido de las autoridades del Hospital Militar realizó un sargento primero de guardia en ese centro asistencial. A las 16.08 (seis horas después de la fuga) llegó a la Seccional 9a de Policía y dijo que un hombre llamado Gilberto Vázquez, que esperaba para atenderse en el hospital, se fue antes de ver al médico. No dijo que el paciente era militar y estaba detenido, y menos que es requerido por la justicia argentina. Además, dio una dirección falsa, la de la antigua casa de Vázquez. Unos policías de la seccional fueron hasta el lugar, tocaron timbre y no encontraron a nadie. Unos vecinos informaron que Vázquez era el militar sobre el que pesaba el pedido de extradición y que no vivía allí desde hacía años. Los uniformados avisaron al juez Fernández Lecchini, que ya había sido notificado del caso por parte del Ministerio de Defensa.


Última actualización ( Julio 07, 2006 )

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