ACORRALADO. En 2005, con el acceso de la izquierda al gobierno, proliferaron las denuncias penales contra los crímenes de lesa humanidad, y el Ejecutivo habilitó todas las investigaciones.
Ese año, luego del falaz informe oficial de la Armada entregado a la Presidencia de la República, investigaciones y análisis periodísticos dejaron a Tróccoli como el "hombre clave" en la desaparición de los integrantes de los gau y otros grupos de la resistencia uruguaya en Argentina durante los años 1977 y 1978 (véanse Brecha, 12-VIII-05 y 19-VIII-05).
El ex jefe de Inteligencia del Fusna había viajado a Buenos Aires en el momento en que se producían los operativos represivos y la desaparición de los uruguayos vinculados a los gau, y la Armada estaba implicada hasta la médula. En Uruguay habían detenido a algunos de los integrantes de esos grupos izquierdistas y se les habían presentado declaraciones de sus compañeros interrogados bajo tortura en Buenos Aires. Esa documentación apareció en 2005 en los archivos de la Armada, pero los jerarcas militares no supieron explicar cómo llegó hasta ese lugar.
El 29 de mayo de 2006 se presentaron denuncias contra los mandos militares de la época de la dictadura. Tróccoli sabía que, a la larga, alguna de esas denuncias lo alcanzaría.
Pocas semanas después, la información señalaba el inminente procesamiento de la llamada "patota" de Orletti. Tróccoli no estaba en esa camada, pero se sentía acorralado: allí surgen los rumores de su salida del país, pero no se confirman.
José Gavazzo y otros represores caen finalmente el 11 de setiembre de 2006, y Bordaberry y Blanco entre el 16 y el 17 de noviembre de ese año.
Tróccoli pasa las fiestas en su casa, y piensa que pueden ser las últimas en libertad.
El 16 de mayo último, familiares de desaparecidos vinculados a los gau, patrocinados por el abogado Óscar López Goldaracena, presentan denuncia penal contra Gregorio Álvarez por su actuación como jefe del Ejército e integrante de la Junta de Comandantes de la dictadura en 1978 y 1979. El escrito incluía a otros mandos militares presuntamente implicados en los crímenes: Tróccoli era uno de ellos.
En pocos meses, la investigación judicial se profundiza: en junio surge documentación relevante extraída de documentos desarchivados para la Investigación Histórica sobre Desaparecidos encargada por la Presidencia de la República; el periodismo aporta datos y tesis respecto de los operativos represivos; las organizaciones de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, logran acercar a testigos clave. El expediente penal se nutre de toda esa información.
En setiembre ya se sabía que Álvarez, Tróccoli y Larcebeau iban camino a la cárcel.
En ese escenario, y presumiblemente desesperado, el marino represor decide salir del país, antes de que la justicia eventualmente decretara el cierre de fronteras. El hombre de mar prefiere abordar un avión. Pasa por Brasil y luego cruza el Atlántico, hasta su nuevo país. Ahora es el ciudadano italiano, residente en Salerno, Jorge Tróccoli. La nueva barba, recortada como un candado, comprime su bocca chiusa. Así camina por las calles, simulando despreocupación, pero esperando el momento.
Nada de esto se conocía a principios de diciembre, cuando Tróccoli, junto a Álvarez y Larcebeau, debían presentarse ante el juez Luis Charles, sabiendo que podían quedar presos. Los dos últimos concurrieron a la citación, pero el abogado Gastón Chaves se presentó ante la sede y le dijo al juez que su cliente, Tróccoli, estaba navegando. Argumentó que dada su condición de marinero lo habían contratado para remolcar un barco hacia Uruguay, y que antes de fin de año volvería. Ni el juez ni la fiscal creyeron la patraña.
Finalmente, el lunes 17 el ex dictador y Larcebeau terminaron en la cárcel, y Charles pidió la captura nacional e internacional del Leviatán prófugo.
Una semana después, en vísperas de Navidad, se produce el nuevo movimiento.

LA ENTREGA. Tróccoli queda detenido en Italia, y la noticia pasa inadvertida, al menos por unas horas. Desde Navidad, los medios nacionales destacan la información y la foto del ahora detenido. El miércoles 26 el abogado italiano Adolfo Domingo Scarano salió públicamente a defender a su cliente.
A través de las agencias de noticias, la defensa hizo trascender que Tróccoli se enteró de que estaba requerido en Italia, leyendo un ejemplar del diario local Il Mattino. "Él se presentó voluntariamente a la policía italiana, no fue detenido en su casa, sino que fue conmigo a la oficina de la policía de aquí", afirmó Scarano, desde Salerno, a Montevideo Portal. Y amplió la estrategia jurídica a seguir: "Tiene pasaporte italiano y por eso no puede ser extraditado fuera de Italia, ahora es italiano, no es más uruguayo, no puede salir de Italia", dijo el abogado, y añadió que su cliente afronta en Uruguay "un juicio político que (se) inició por venganza de los gobiernos de izquierda de ahora que estuvieron cerca de la guerrilla, hablemos claro, la cosa es así".
El abogado, que da pistas de su ideología, no se equivoca al señalar que Tróccoli se puede quedar en Italia. Pero, para ser más precisos, es evidente que viajó allí para tratar de quedarse. La pregunta es por qué.
Por el lado jurídico, el convenio de extradición entre Italia y Uruguay habilita a ambos países a no extraditar connacionales. De esa manera, el ahora italiano podría quedarse en la península europea.
Scarano ha dicho que en Uruguay la justicia no es confiable, lo que se contradice con los estudios internacionales más respetados, que consideran al Poder Judicial uruguayo y al de Costa Rica como los mejores de la región.
Por oposición, se supone que sí hay que confiar en la justicia italiana. La causa del Plan Cóndor en Italia se inició hace más de ocho años, y no ha habido un solo procesado hasta el momento. El primer detenido de los 140 requeridos es Tróccoli. El fiscal Giancarlo Capaldo, que lleva adelante la investigación, alega que no hubo colaboración de los gobiernos latinoamericanos en el caso, pero en principio a Uruguay jamás llegó un pedido de captura desde Italia para represor alguno.
Tróccoli afronta en Italia delitos de lesa humanidad tanto o más severos que el de desaparición forzada, que en Uruguay se pena con hasta 25 años de penitenciaría. Lo extraño es que un improvisado ciudadano italiano, que para sus pares de prisión no dejará de ser un sudamericano torturador de las dictaduras del Tercer Mundo, prefiera quedarse en Italia a ser juzgado en Uruguay. Él sabe que en su país natal, donde se encuentra su familia, sería remitido a la cárcel especial para violadores de los derechos humanos, un establecimiento privilegiado respecto a los atestados e infrahumanos pabellones del penal de Santiago Vázquez o el de Libertad.
Pero además, en Uruguay se lo persigue por 39 casos de desaparición forzada y en Italia se lo juzgaría, en principio, por cuatro: Julio César D'Elía, Yolanda Casco, Edmundo Dossetti y Sara García Ramos. Luego, la justicia italiana debería asumir la responsabilidad de juzgarlo por los otros 35 casos, y para ello el juez Charles debería enviar los antecedentes contenidos en la investigación local. La hipótesis de extradición es remota (véase recuadro).
"De no procederse a la extradición a otro Estado, debe enjuiciarse. Se extradita o se juzga", de acuerdo a la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, señaló a Brecha López Goldaracena.
En ese contexto, el testarudo afán de Tróccoli por ser juzgado en Italia siembra sospechas sobre sus posibles nexos en ese país (véase página 3). Quizá piense en colaborar con la justicia e invoque la figura del arrepentido, que en Italia se aplica, y pretenda beneficiarse con una condena más benigna. Quién sabe, pero por ahora queda el enigma. Lo seguro es que el represor buscará completar su plan, y para ello se guarda un as en la manga.