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A 33 años del golpe.Todavía impunes. |
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Por: el Administrador
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Julio 02, 2006 |
 Treinta y tres años después de la disolución del Parlamento, los golpistas y sus crímenes están lejos de ser sancionados. Nadie puede negar que constituye un grave riesgo para la vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias sobre la violación de los mismos, y dejar impunes hechos que constituyen ilícitos penales.
Por:Guillermo Chifflet
Brecha 30/6/06
Treinta y tres años después de la disolución del Parlamento, los golpistas y sus crímenes están lejos de ser sancionados. Nadie puede negar que constituye un grave riesgo para la vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias sobre la violación de los mismos, y dejar impunes hechos que constituyen ilícitos penales. Estos conceptos fueron firmados por representantes de todos los lemas partidarios, y delegados de las centrales obrera (pit-cnt), de estudiantes (ASCEEP), de las cooperativas (FUCVAM) y de sectores empresariales, en lo que se denominó –con esperanza que resultó ilusión– Concertación Nacional Programática.
La jornada del Senado que culminó ese 27 de junio de 1973, con declaraciones enérgicas de los parlamentarios que se mantuvieron en sala, había comenzado en la tarde anterior, con una sesión en la que se designó una comisión investigadora sobre torturas contra diversos ciudadanos en el cuartel de Paysandú.
De esa primera sesión se ha informado poco. Importa hacerlo, porque los temas considerados en la misma están planteados hoy.
A partir de documentos aportados por el senador Vasconcellos, ese día el horror volvió, por enésima vez, al debate. El senador Rodríguez Camusso destacó ese aspecto: hace largo tiempo –dijo– que denuncias de esta naturaleza están siendo reiteradamente formuladas, de modo concreto y con profusos antecedentes, por diversos senadores. Recordó la larga batalla que se había librado en ese tema, incluso ante situaciones que determinaron la muerte de personas torturadas. Sobre esos hechos el Parlamento había reclamado investigaciones, de las cuales, después, no se había tenido noticia alguna.
La documentación en poder de los senadores con respecto a las torturas en Paysandú probaba hechos que parecían “sacados de una película de terror”, como afirmó Vasconcellos. Una mujer declaró que no sólo fue insultada y agraviada personalmente, sino que, como estaba embarazada, fue objeto de actos de tortura destinados a hacerla abortar. Fue estaqueada y acostada sobre un lugar con hormigas coloradas para que la picasen y perdiese el embarazo.
Los testimonios sobre castigos a personas indefensas fueron múltiples.
Ciudadanos de Paysandú, por ejemplo, habían visto a un detenido de 64 años (cuyo nombre consta en actas) que después de días de tortura aparecía convertido en un hombre de 90. La gente supo, por su boca, que le habían roto las hemorroides a puntapiés, a pesar de que él había indicado que tenía esa dolencia y padecía una hernia.
El Senado asistió a una respuesta que ya era lugar común en las reiteradas ocasiones en que Michelini y otros legisladores denunciaran torturas. Un senador colorado, por ejemplo, señaló que el pedido de investigación llevaría a un nuevo enfrentamiento del Parlamento con las Fuerzas Armadas.
¡Buscan desprestigiar a la institución!, se argumentaba reiteradamente (en el Parlamento y en la prensa) contra quienes denunciaban torturas.
Un año antes, Zelmar Michelini había afirmado que algún día el propio Ejército, cuando tomara debida nota del perjuicio que le había ocasionado todo el trámite de estos apremios, condenaría debidamente a quienes no supieron estar a la altura de las circunstancias. Y se había preguntado: ¿será necesario extenderse en las consideraciones del general francés Jacques de Bollardiére, en su célebre polémica con el general Massu, acerca de las consecuencias malsanas de las prácticas de las torturas sobre la moral de un ejército?
En la sesión del 26 de junio el senador Pla Rodríguez recordó la muerte en la tortura del obrero Luis Carlos Batalla, en Treinta y Tres, y la del joven Fernández Mendieta. Y al referirse a la teorización del general Massu a favor de la tortura (teorización que hoy tiene en nuestro medio a algún militar retirado que la apoyó públicamente sin que se le haya siquiera investigado por apología del delito), destacó que esos métodos deshonran y degradan a quienes los practican.
El senador Enrique Rodríguez recordó que había denuncias gravísimas desde las medidas de seguridad aprobadas en 1968. Dio nombres de compañeros suyos torturados con procedimientos “semejantes a los mencionados en el horripilante documento presentado al Senado”, del cual observó, además, que alguno de los torturados había declarado: “Está bien si fuera un sedicioso, pero si soy un demócrata, ¿por qué me torturan?”.
El horror, en 1973, con especial aporte de algunos medios de comunicación democráticos de hoy, había llegado a esos extremos.
También se planteó en esa oportunidad que había que llegar a la verdad. Aunque los testimonios (incluso de médicos) eran irrefutables, el propio Vasconcellos afirmó: “Si todas estas personas se han confabulado para aparecer con los brazos, con el pecho, con la espalda quemados, con estados físicos que han obligado a una intervención quirúrgica para mantenerles la vida, bueno, que queden como grandes mentirosos que han tratado de desprestigiar a una institución importante del país. Pero si han dicho la verdad, que también se sepa”. No se trataba, además, de que como resultado de la investigación cayera “el corneta o el simple soldado”. Ya había la convicción de la existencia de una organización vertical en materia de mando. Se trataría de investigar los actos materiales, pero también la responsabilidad de los jefes.
Hoy nadie acepta que en un cuartel pudieron ocurrir hechos tan graves con ignorancia de quienes dictaban las órdenes. Y la verdad va más allá: ¿acaso los dictadores de las décadas infames ignoraban esos hechos? Cuando al entonces presidente Juan María Bordaberry, recordó el senador Pla, se le dio la oportunidad de que condenase las torturas, se manifestó partidario de los interrogatorios rigurosos (tema que debería explicar, ahora, ante los jueces).
En la sesión siguiente, aparte de Michelini (ausente porque Wilson Ferreira y otros legisladores le solicitaron que fuera a Buenos Aires a impedir el regreso del senador Erro para evitar que fuera detenido) y del doctor Washington Beltrán, que partía de viaje (sin viáticos, a su pedido) invitado por algunos gobiernos, hubo ausencias injustificadas. Incluso la última sesión funcionó sin quórum. Presidió Paz Aguirre, con la asistencia de Grauert, Hierro Gambardella, Jaso Anchorena, Mederos, Ortiz, Pla Rodríguez, Rodríguez Camusso, Enrique Rodríguez, Santoro, Vasconcellos, Vaz y Zabalza. A la 1 y 40 el golpe ya era un hecho, los tanques llegarían poco después al Palacio, y la clase trabajadora comenzaba a tomar medidas para la huelga general. Las sombras, los muertos, los detenidos desaparecidos, acusan hoy desde la historia. Si la verdad no se abre camino, algunas instituciones quedarán condenadas para siempre. |
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Última actualización ( Julio 02, 2006 )
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