Por ironía del destino, esta vez el procedimiento judicial tendrá lugar precisamente el 10 de diciembre, fecha en la que, por coincidir con la aprobación de la Declaración correspondiente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, se celebra en el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos,

Si alguien se lo hubiera propuesto, no podría haber escogido mejor la fecha.

Si duda el homenaje cabal que le podría brindar nuestro país a la comunidad internacional en una fecha tan significativa, sería sentar en el banquillo de los acusados el 10 de diciembre al principal violador de los Derechos Humanos en las últimas décadas. Como si en Chile ese día se juzgara a Augusto Pinochet; en Paraguay a Alfredo Strossner; o en Argentina a Jorge Rafael Videla.

Un motivo simbólico, por cierto, pero de júbilo que no se puede ocultar.

¿Cómo se ha llegado a esta situación en el Perú de hoy? En primer lugar, por la fuerza del pueblo.

Gracias a ella, en efecto, el dictador de la última década del siglo XX en nuestro martirizado país, abandonó la jefatura del estado y se fue corriendo a refugiarse en aires orientales, convencido como estaba que eso lo pondría siempre a buen recaudo. No fue así.

Aunque la clase dominante se acostumbró rápidamente a la vergüenza de ver prófugo al dictador, la opinión pública nunca se dio por vencida. Tampoco los organismos encargados de proteger los Derechos Humanos. Ni los familiares de las víctimas. Ni las organizaciones sociales y de masas, que demostraron preservar y alimentar la memoria. Ni las organizaciones progresistas y democráticas de la sociedad peruana.

Los gobernantes olvidaron muy pronto que su tarea era extraditar al dictador. Cumplieron apenas con presentar expedientes, pero dejaron que el tiempo pase para que prescriban unos delitos y se olviden los demás. Y para que la ciudadanía deje de pensar en las demandas planteadas porque a juicio de ellos era preferible el olvido y la reconciliación.

Fue la impericia de Fujimori la que vino a trastocar, curiosamente, estos planes. Un cálculo fallido lo llevó a retornar al continente americano y a una estancia relativamente larga en Chile, donde debió afrontar un proceso que, finalmente, lo trajo de retorno a nuestro suelo.

Hizo lo que pudo, por cierto, para salvar su pellejo. Y en el extremo postuló incluso a un escaño en el Senado Japonés, restaurando su viejo título de ciudadano nipón. Pero hasta el electorado de ese país le dio la espalda, y no tuvo más que acostumbrarse a la idea de que, finalmente, tendría que comparecer ante un tribunal peruano y dar cuenta de sus perfidias.

En esa situación se encuentra.

Y ahora, como una araña cogida en su propia tela, busca zafarse presionando con desesperación a todos aquellos con los que compartió posiciones de poder en el pasado. Y eso incluye, por cierto, a los distintos aparatos del estado que controlan la Mafia y sus aliados.

En el Congreso de la República se intentó, por ejemplo, hacer aprobar entre gallos y medianoche una disposición que le permita a Fujimori no comparecer en el juicio que se iniciará el lunes. Fue tan burdo el intento que naufragó apenas esbozado. Nadie quiso prestarse a tan turbio juego y hasta el Primer Ministro Jorge del Castillo insinuó la posibilidad de dejar su puesto si esa iniciativa prosperaba.

El Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar expresó públicamente su rechazo a la condena a los militares cómplices de Fujimori en los sucesos del 5 de abril de 1992. Felizmente que él no tiene jurisdicción en torno al tema, porque si de la suya dependiera, los oficiales encausados hubiesen sido declarados inocentes no obstante la acusación del delito de rebelión y de secuestro, que debieron afrontar.
El Vicepresidente de la República, el Vice almirante Luís Giampietri, perdió también su capacidad de juego en la materia, por lo que debió simplemente tragarse sus palabras luego de masticarlas rumiando su derrota.

El Comandante General del Ejército, general Edwin Donayre, hizo una modesta contribución a tan pérfida causa, programando entregar la medalla del Ejército al diario de La Mafia; pero finalmente debió cancelar la ceremonia ante la masiva protesta de una prensa que, aunque reaccionaria y derechista, no se sintió con fuerza para doblegarse a un extremo tan abyecto.

La facción parlamentaria del fujimorismo -los 13 de la Mafia, como se les conoce- se sintieron en el derecho de amenazar con todo desde sus beligerantes escaños. Incluso incubaron la idea de una interpelación al Gabinete Ministerial y una censura del gobierno. No porque lo quieran en verdad, sino apenas porque se les ocurrió torpemente que esa era una manera eficaz de chantajear al régimen. Y tampoco pudieron transitar por ese tortuoso desfiladero, por falta de acémilas que los acompañaran.

Fujimori, finalmente, se quedó sólo.

Y esa es la primera gran constatación que debiéramos hacer en la circunstancia, sin cultivar, sin embargo, ningún optimismo en torno al tema.

Esta lucha recién comienza. Y tanto la Mafia como sus aliados tendrán tiempo aún para reponerse y enfrentar la lucha en otras condiciones.

Tienen en sus manos significativos resortes del Poder, enormes recursos materiales, una prensa conciliadora, y oportunista, cuando no simplemente reaccionaria y corrupta. Pero, además, una Poder judicial venal. Y una opinión pública en buena proporción vulnerable y despolitizada, susceptible, por tanto a dejarse ganar por el sentimentalismo y la precariedad emocional.

Eso, que explica el que algo más de un tercio de peruanos continúe considerando al régimen de Fujimori "un buen gobierno", puede jugar un papel preponderante en la perspectiva. Razón más que suficiente para que estemos alerta.

Tener en el banquillo de los acusados a Alberto Fujimori no es solamente una victoria. Es, ante todo, un reto para el país (fin)

(*) Del Colectivo de Nuestra Bandera. www.nuestra-bandera.com