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Campaña para anular la Ley de caducidad |
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Por: el Administrador
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Junio 20, 2006 |
El secretario de Derechos Humanos de la central obrera uruguaya, Luis Puig, señaló que «el objetivo de la campaña es comenzar un debate democrático sobre la necesidad de anular la Ley de impunidad, que está impidiendo desde hace mucho tiempo el libre accionar de la justicia.
Por: La Juventud 17/6/06
El Dr. López Goldaracena dijo que «la pregunta que debemos hacernos es muy sencilla, ¿vamos a juzgar o no los crímenes de lesa humanidad?».
El PIT-CNT anunció ayer los detalles del lanzamiento el próximo lunes en Paysandú de la campaña de anulación de la Ley de Caducidad. El anuncio, que se realizó en la sede de la central obrera, contó con la presencia de representantes de distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
El secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Luis Puig, señaló que «el objetivo es comenzar un debate democrático en nuestra sociedad sobre la necesidad de anular la Ley de impunidad, que es una ley que está impidiendo desde hace mucho tiempo el libre accionar de la justicia».
En ese sentido explicó que «nosotros estamos planteando recobrar el valor ético de la justicia y que en definitiva los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado, que se han perpetrado en nuestro país y en la región no solo tuvieron incidencias en aquel momento, sino que también tienen incidencia en la actualidad y en el futuro, y nos estamos planteando que la anulación de esta ley nos permitiría asegurar con la plena vigencia de la justicia, de que nunca más en nuestro país los uruguayos tengan que volver a vivir bajo el terrorismo de Estado».
Puig señaló que para la central obrera es fundamental recorrer el país debatiendo estos temas y «que se entienda desde el sistema político la necesidad de la anulación de esta ley, que esta impidiendo aspectos fundamentales que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y asegura la impunidad de los terroristas de estado y de sus instigadores».
Indicó que la vía de la anulación «es algo que lo estamos analizando, ya que estamos planteando un debate democrático del conjunto de la población, para que en definitiva pueda expresarse, puede abrirse el camino a que este tema deje de ser tabú en nuestro país, sobretodo ahora que se ha demostrado con la comprobación en los últimos tiempos de la existencia real de asesinatos, de traslados clandestinos, de secuestro de niños y lo que vivió el conjunto de la sociedad uruguaya, más allá de los presos, desaparecidos y torturados; que fue la instalación del terror para imponer un plan económico contrario a los interés de nuestro pueblo».
Agregó que como movimiento sindical «tenemos nuestra independencia, creemos que es un error plantearse mantener esta ley, creemos que es contraria a los derechos humanos a nivel internacional, y además consagra la injusticia de categoría de distintas entre los uruguayos», y en ese sentido «creemos que esa posición va a cambiar en la medida que el pueblo uruguayo reclame alternativas distintas como terminar con la impunidad».
La ley nació nula
Por su parte el Dr. Oscar López Goldaracena, se refirió a los sustentos legales de la ley a la calificó de «haber nacido nula». Al respecto explicó que «la Ley de caducidad es una ley que nació nula y sigue siendo nula, y lo único que falta es que se declare su nulidad por vía legislativa».
López reiteró que «nació nula, porque va contra el derecho internacional de los derechos humanos, desde el momento en que en Uruguay se cometieron crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados», ya que «ninguna sociedad puede permitirse no juzgar crímenes de lesa humanidad». Agregó que no solamente para afianzar el modelo de convivencia hacia el futuro y el nunca más, sino para jerarquizar definitivamente el valor justicia» y recordó que «desde el punto de vista jurídico de los organismos de contralor de derechos humanos a nivel regional se ha condenado la Ley de caducidad, y se ha recomendado su remoción».
Indicó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en relación a este tipo de ley que son «inexistentes para el derecho internacional de los derechos humanos».
López Goldaracena indicó además que «paradójicamente en 1973 las Naciones Unidas acuerdan los principios de cooperación para el castigo de los crímenes de lesa humanidad y uno de esos principios establece que los estados se abstraen de tomar medidas legislativas de otro orden para impedir ese castigo, quiere decir que ningún Estado frente al supuesto de crímenes de lesa humanidad, puede tomar medidas de ningún tipo para evitar el juzgamiento».
El abogado recordó que «acá el año pasado quedó confesado y admitido por parte de las Fuerzas Armadas que existió un segundo vuelo, que existió un vuelo que traslado uruguayos desde la Argentina y posiblemente hallan sido ejecutados, y eso es un crimen de lesa humanidad».
A modo de ejemplo, señaló que «no importa que en su momento se votara una ley que los amnistiara, no importa que en su momento se votara una ley que impidiera por algún artilugio jurídico que no se castigara, esa ley es ontológicamente, en esencia nula, nació nula y sigue siendo nula».
Explicó además que el referéndum no aprobó la ley, es un recurso contra lo que fue en su momento cuando no se lograron las mayorías para removerla, eso no quiere decir que hoy la soberanía, a través del parlamento se expida de forma definitiva al respecto.
Dijo que «la nueva sociedad, las nuevas generaciones, el pleno de la sociedad tiene absoluta legitimidad para remover o tomar una actitud definitiva en relación con la violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, Creemos que es de fundamental importancia, enmarcar esta campaña de sensibilización en el modelo de convivencia que queremos para todos los uruguayos, ya que aquí se trata de que los derechos humanos son las matriz que implica los derechos civiles, político, económicos, sociales y culturales, en un todo interdependiente, un todo indivisible, que debe ser el modelo rector de convivencia y en base a esa matriz no pueden admitirse crímenes de lesa humanidad impunes».
Por último explicó que «el primer paso de este debate es sensibilizar sobre la nulidad de la ley, la ley es nula, y apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores para que ese debate se de a nivel de gobierno, de las fuerzas políticas de oposición, que se discuta a nivel de las bases, y a nivel de la ciudadanía los aspectos jurídicos y políticos que implica la anulación de la ley de caducidad. Luego evaluaríamos la vía instrumental para remover la ley» y afirmó que «ahora es el momento de que la sociedad reflexione sobre que valores son los que deben asentar el modelo de convivencia social y la pregunta que debemos hacernos es muy sencilla, vamos a juzgar o no los crímenes de lesa humanidad».
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Última actualización ( Junio 20, 2006 )
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