A esos efectos, según trascendió, se convocaría hacia fines del presente año, o comienzos del próximo, a una reunión presidencial, con la finalidad de conocer y analizar los planteamientos del Presidente Hugo Chávez en torno a las modificaciones requeridas para hacer efectiva esa reincorporación.
No causó mayores sorpresas ni la reiteración de la invitación, así como tampoco la conclusión a la que se arribó. Eran hechos esperados y esperables, en especial, teniendo en cuenta los retrasos que todavía se verifican en la incorporación plena de Venezuela al MERCOSUR lo cual, sin lugar a dudas, generó un reacomodo geopolítico transitorio del tablero regional.
Aún sin conocer al detalle los requerimientos presentados por nuestro Gobierno, no es difícil imaginar que el denominado "reformateo" del proceso andino de integración consistiría en la introducción de un conjunto de programas y acciones inspirados en los postulados de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que contrastan abiertamente con la visión prevaleciente en la CAN. Desde mediados de la década pasada, el esquema andino adquirió un carácter esencialmente comercial, al priorizar los mecanismos de esa naturaleza por encima de aquellos que procuran una mayor inclusión de las grandes mayorías poblacionales de sus países miembros en el proceso de socioeconómico.
Ese sesgo comercialista se profundizó con las negociaciones emprendidas por Colombia y por Perú con los Estados Unidos de Norteamérica que concluyeron con la suscripción de sendos tratados de libre comercio (TLC), los cuales no solo alteraron los compromisos que regulan el comercio en la subregión, sino que provocaron la modificación de una serie de normas comunitarias para poder atender las exigencias impuestas en esos tratados. De esta forma, al desdibujarse -aún más- el proceso de integración, se consolidó la distribución de los beneficios derivados de los subsidios tributarios y arancelarios a favor de las empresas transnacionales y las oligarquías nacionales.
Esa contradicción conceptual es la que, precisamente, motiva nuestra reflexión. No obstante tener presente que cualquier decisión política al más alto nivel sorteará cualquier obstáculo que impida su instrumentación, parece de Perogrullo plantearse hasta qué punto podrían ser compatibles las dos concepciones que se harían presentes en el proceso de integración andino. A partir de esa interrogante surgirían, entonces, muchas interrogantes más relacionadas, especialmente, con la forma cómo podrían llevarse a la práctica planes de acción que se contradicen en las metas que persiguen.
Si bien desde el punto de vista político una eventual reinserción venezolana a la CAN, le agregaría valor al bloque; desde el ángulo económico-comercial, su aporte sería bastante limitado. Ello se fundamenta en el hecho que mientras se mantengan las condiciones pactadas para hacer efectiva su denuncia al Acuerdo de Cartagena, su retorno a la Comunidad no redundaría en mayores beneficios para ninguno de los socios. Por lo demás, debe recordarse que el intercambio comercial ha seguido creciendo entre las Partes involucradas y que fluye sin mayores tropiezos.
Es probable que los problemas de relacionamiento CAN-Venezuela se agraven una vez entren en vigencia los tratados de Colombia y de Perú con los Estados Unidos. Son conocidas las dificultades que se han presentado en el seno de los órganos decisorios andinos para adecuar la normativa comunitaria a las exigencias de los TLC, tal como lo indicamos anteriormente.
Es indudable el valor político que revisten las invitaciones cursadas al Gobierno venezolano para reincorporar al país a la CAN. Pero, los inconvenientes operacionales que se presentarían, podrían hacer inviable ese camino. Salvo que medie una decisión política como la referida, parecería conveniente analizar, más que la reincorporación, la alternativa que se le conceda a Venezuela la condición de país asociado, al estilo del vínculo que existe entre la CAN con los Estados-Parte del MERCOSUR y con Chile, en su orden, desde julio de 2005 y septiembre de 2006.
La condición de asociado habilitaría a Venezuela a participar, con voz pero sin voto, en los órganos decisorios de la CAN y a desarrollar programas específicos en diversas áreas como las desplegadas en el ámbito del ALBA, para lo cual se determinarían los presupuestos y las fuentes de financiamiento correspondientes. La única exigencia consistiría en establecer un acuerdo de libre comercio con el bloque andino, lo cual ya existe y que una vez concluido el plazo contemplado en la denuncia (5 años) podría canalizarse en el ámbito de la ALADI a través de un acuerdo de alcance parcial que, por cierto, es la vía instrumentada con el MERCOSUR y Chile.
Una solución intermedia como la propuesta, permitiría atender adecuadamente las invitaciones cursadas al más alto nivel político y preservar las relaciones que históricamente nos han vinculado con los países andinos. Pensamos que en función de los lineamientos de la política exterior del país y la realidad política de la región, impondrían la necesidad de acometer una negociación con miras a alcanzar la condición de asociado a la Comunidad Andina y no un regreso en calidad de miembro pleno.