Pero bueno, esos casinos de Las Vegas siempre dejaron millonarias ganancias a sus propietarios, y lo mismo sucede aquí con los casinos del Radisson y del Conrad, por ejemplo. Cuando trascendió que durante la segunda administración del intendente Mariano Arana los casinos municipales montevideanos habían dado pérdida, quedé desconcertado. ¿Un casino -unos casinos- que dan pérdida? ¡A la pucha! Es brava ésa. ¿No? Y si, si habrá sido brava que el pasaje de la investigación a la justicia penal fue la excusa que buscaron sus enemigos íntimos para pedir y lograr la destitución del secretario general de la Intendencia, Herbert Ichusti, un tipo demasiado derecho para ser funcional al sistema.

Hace unos días, el general (r) Víctor Licandro renunció a la presidencia del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio, quejándose -entre otras cosas- de que la burocracia interna de la coalición impedía que el organismo investigara desde el punto de vista ético la actuación de las jerarquías de los casinos municipales (principalmente, la del hoy director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa) que están siendo investigadas por la justicia luego de que la actual administración municipal hiciera lo propio pero sin sacar conclusiones. Licandro habló con la mesura y la cautela que siempre le caracterizaron, pero en criollo, lo que dijo fue: "me voy porque estoy pintado".

Si bien la renuncia de Licandro no fue aceptada por la Mesa Política del Frente Amplio, se designó inmediatamente a un nuevo Tribunal, el que se suponía iba a estar presidido por Guillermo Chifflet. Consultada por la prensa su opinión sobre el llamado "Caso Bengoa", Chifflet dijo que todavía no tenía ningún elemento de juicio para emitir una opinión, pero que si él estuviera en el lugar del jerarca cuestionado, daría un paso al costado hasta tanto no finalizaran las investigaciones. ¡Para qué!

No había terminado Chifflet de hacer ese comentario que ya toda Asamblea Uruguay (el sector político al que pertenece Bengoa) se alzó en armas y arrancó para las cuchillas. Sus parlamentarios, uno tras otro, criticaron duramente a Chifflet, acusándolo de andar prejuzgando, de "linchar públicamente" a su conmilitón, de tomarse atribuciones indebidas. El pasado martes, el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay dictaminó que Chifflet no les merecía confianza, y que desde ningún punto de vista podría ser el presidente del nuevo Tribunal de Conducta Política.

El diario Últimas Noticias anuncia que hoy lunes, el ministro de Economía y Finanzas y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, transmitirá esa opinión al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, quien a su vez pondrá el tema arriba de la Mesa Política del Frente Amplio. El diario La República parece estar más informado, y adelanta lisa y llanamente que "Chifflet no será el presidente del TCP". ¡Ah si! La capacidad oracular de La República es proverbial, sobre todo cuando de incidir en la interna frenteamplista se trata.

Días pasados, anunciaba que este malestar de Asamblea Uruguay para con Chifflet se extendía a toda "la interna de la coalición de izquierda". Hoy nos cuenta que consultó a tres innominados, misteriosos, anónimos "integrantes de la Mesa Política del FA" para saber cómo cayeron los dichos de Chifflet. El primero dijo que el ex diputado socialista "Seguramente no se adaptó a su nueva función" (función que por otra parte todavía no comenzó a ejercer). El segundo de estos fantasmagóricos "integrantes de la Mesa Política del FA" opinó que "Chifflet es una garantía, pero no debió hablar." El último ("el más veterano" dice La República), reflexionó que "Sustituir al general Víctor Licandro no va a ser sencillo." Según la publicación, los tres espectros "coincidieron en que Chifflet no será el presidente del TCP". Los operativos políticos disfrazados de noticias que realiza La República son tan burdos que ofendería al lector explicándolos, así que lo dejo por acá.

Asamblea Uruguay mantiene su férrea defensa de Bengoa utilizando el viejo precepto de "toda persona es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario". Pide que se espere a que la justicia penal se expida sobre el asunto antes de tomar alguna medida política. Plantea las cosas desde un punto de vista policial: hubo delito o no hubo delito. No toma en cuenta que hay procederes que aunque no sean lisa y llanamente delictivos, pueden ser inmorales, improcedentes, anti éticos. Por eso y para eso existe el TCP.

Que el diputado Leonardo Nicolini se hiciera pasar por pobre para operarse en Salud Pública fue motivo suficiente para que la organización política a la que pertenece (el Movimiento de Participación Popular) le pidiera su banca. Que haya un reguero de parientes de Bengoa y sus subalternos entre los titulares de las empresas que contrataban servicios con los Casinos Municipales no parece importarle demasiado a Asamblea Uruguay. Una y otra vez insisten en que hay que esperar lo que determine la justicia penal. Distintas maneras de ver el mundo. ¿Vio?