Los TLC son expresión de esa nueva fase en las relaciones internacionales, en la que las negociaciones multilaterales dejan de tener mayor interés para las empresas transnacionales, que con sus cadenas productivas regadas a lo largo de varios países para llevar a cabo un único proceso de producción y acumulación determinan la dirección y el volumen del comercio bilateral de muchísimos países, máxime si se tiene en cuenta que el comercio intra-firma, que es el que llevan a cabo estas empresas entre los eslabones de su propia cadena de valor, y el comercio realizado entre empresas transnacionales representa más del 60% del valor total del comercio mundial. Es decir, se comercia en el mundo básicamente lo que las transnacionales desean comerciar y no lo que los Estados o los consumidores necesitan que se comercie; y por esa razón esos esquemas bilaterales o regionales de comercio “ordenado” o TLC entran en conflicto con los mecanismos que requieren las naciones pobres para salir del atraso, desarrollarse y atender las necesidades básicas de su población.

Si bien el vínculo entre comercio y desarrollo se fue disolviendo en el pensamiento económico de la posguerra, especialmente después del colapso de Bretton Woods, en la actualidad la preocupación por el desarrollo sencillamente ha desaparecido del discurso y las agendas de los impulsores del libre comercio.

Los TLC que Estados Unidos propugna en América Latina son más explícitamente instrumentos para el ordenamiento de las relaciones comerciales de sus transnacionales.

Estados Unidos, un gigante con pies de barro que se moviliza sobre divisiones aerotransportadas, enormes portaviones, destructores y tanques, sobrelleva un déficit en su cuenta corriente de alrededor de 850 mil millones de dólares que se suma a un déficit fiscal que bordea los 500 mil millones de dólares y una deuda total (incluyendo el déficit externo, la deuda del gobierno, de las corporaciones y de las familias, y las burbujas financieras, como la inmobiliaria o los quebrados fondos de pensiones) de 47 billones de dólares, hasta hace poco detentaba la moneda más poderosa del planeta, sin embargo, el dólar está sometido a una importante presión debido a los desequilibrios estructurales, la volatilidad financiera internacional que la desregulación que impulsó ha contribuido a ahondar y en la coyuntura actual, debido a la burbuja inmobiliaria cuyo estallido ha comenzado.

Estados Unidos está urgido de mejorar sus cuentas comerciales y sabe que ello sólo se consigue incrementando sus exportaciones, para lo cual debería mejorar su competitividad bajando sus costos o mejorando la productividad del capital y del trabajo. Y es allí precisamente donde está el nudo gordiano de la economía estadounidense, puesto que es imposible mejorar las cuentas externas con un dólar que contra la propia lógica económica convencional se sostiene únicamente gracias a una vocación especuladora alentada por su política monetaria y a su capacidad para imponer la denominación de los precios de materias primas, en particular del petróleo, en su propia moneda. A pesar de la importante depreciación sufrida, el dólar está aún sobrevaluado y ello afecta la competitividad externa de amplios sectores de su aparato productivo.

En este contexto los TLC cumplen la función de ampliar el acceso a los mercados y los recursos para el capital transnacional, al mismo tiempo que sientan las bases materiales para la conformación de un orden mundial en el que:

• el capital gobierna de facto el mundo,

• se establece una legalidad que siendo ajena al Estado de derecho y al orden jurídico internacional vigentes amplia el margen de acción del capital al tiempo que conculca los derechos de las naciones y de los pueblos,

• el desarrollo de las naciones atrasadas y dominadas resulte inviable.

Estados Unidos ha usado el dinamismo de su mercado interno para soldar vínculos con las naciones atrasadas especialmente de América Latina y el Caribe aprovechando el privilegio adquirido en el viejo orden mundial de financiar sus déficits y la deuda de sus consumidores y de sus empresas en su propia moneda. Sin embargo, ese dinamismo depende del endeudamiento y éste a su vez de un acceso al financiamiento internacional basado enteramente en la hegemonía del dólar. En este contexto de fragilidad financiera los TLC cumplen un papel central en la preservación de su hegemonía y de la capacidad para competir con otras fuentes de poder mundial.

Desde esa perspectiva, los TLC son parte de una estrategia de supervivencia al mismo tiempo que de afirmación como gran potencia, que permiten responder a los retos que plantean los cuestionamientos al orden vigente y el malestar de las naciones atrasadas y dominadas ante la ampliación de la brecha de riqueza con las naciones avanzadas. En la OMC, los PED han logrado frenar las pretensiones de EU, UE y Japón de imponer unas reglas comerciales contrarias a sus intereses. De allí que la OMC haya caído en un bache que la coloca al borde de la irrelevancia y que los países desarrollados multipliquen las negociaciones de TLC que les permiten obtener concesiones más radicales de los PED que las que hubieran podido arrancarles en un marco multilateral en términos de: acceso a sus mercados sin una retribución equivalente (reciprocidad) y menos aun equitativa; propiedad intelectual y acceso al conocimiento, a la tecnología y a los recursos, especialmente la biodiversidad; el control de los servicios; y la regulación de las inversiones y de los mercados laborales.

Antes de analizar cada uno de estos capítulos de la “negociación” de tratados comerciales cabe mencionar que la llamada “liberalización competitiva”, como eufemísticamente se suele referir a la estrategia de negociaciones bilaterales, es un mecanismo extremadamente eficaz para liquidar la capacidad de los PED de orientar sus políticas económicas hacia el desarrollo, y por lo tanto una garantía para mantener la brecha entre ricos y pobres. Si los PED pudieran acceder a los beneficios de la dinámica económica internacional serían capaces de mejorar su acceso a los recursos para financiar proyectos ulteriores que les permitieran incrementar su capacidad tecnológica, creando oportunidades de inversión que si bien no necesariamente repercutirían en niveles de vida más equitativos si podrían contribuir a la formación de un bloque empresarial que intentara actuar con mayor autonomía en la competencia internacional y de una fracción de consumidores que hicieran más relevante el mercado interno. Los TLC se orientan precisamente a preservar la rigidez de los parámetros que mantenga en calidad de socios subalternos a los grupos dominantes de los PED y a desarticular la respuesta organizada de los pueblos, único conducto para la gestación de un proyecto nacional-popular. Empobrecer, mantener en la miseria, desalienta y debilita la autoestima socavando así uno de los factores cruciales del desarrollo: el “capital humano”; sobre esa base es muy difícil que los pueblos tengan convicción de sus derechos y se organicen para luchar por ellos. Como veremos, las nuevas reglas que se imponen en los TLC pretenden destruir la capacidad de respuesta de la sociedad, desarticulan las de por sí débiles cadenas productivas y convierten a los estados en meros organizadores y garantes de las condiciones que aseguren la rentabilidad del capital. “El efecto global de estos cambios en las reglas es el progresivo desmantelamiento de la gobernabilidad económica, transfiriendo poder de los gobiernos a las empresas multinacionales y privando a los países en desarrollo de las herramientas que necesitan para desarrollar sus economías y lograr una posición favorable en los mercados mundiales.” (1)

Por otra parte, la lógica de “caso por caso” en la negociación de los TLC, inspirada en la administración de la deuda externa con excelentes resultados para los acreedores, divide a los PED y debilita su poder de negociación a la par que permite a los PD actuar de manera concertada para imponer reglas, normas, “principios” y condiciones a través de los llamados organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, OCDE) en lo que se ha dado en denominar “gobernabilidad global”. A estas negociaciones donde aparentemente sólo participan los gobiernos, en realidad los loobies de las corporaciones transnacionales tienen no sólo acceso sino la capacidad de incidir de manera determinante porque las negociaciones se llevan a cabo a puertas cerradas, complemente de espaldas a todo principio de transparencia y exentos de la rendición de cuentas. Las discretas reuniones que tienen lugar para “negociar” los TLC son lo más distante de la democracia. Parten del supuesto de que los únicos interesados son las empresas que movilizan capitales y bienes sin considerar los intereses de la sociedad a al menos de los consumidores (papel que el en el capitalismos e asigna a los ciudadanos) que recibirán el impacto ambiental y en su bienestar de las consecuencias de liberar a las empresas de toda responsabilidad social y moral.

“En 2006 más de 100 países en desarrollo estaban embarcados en la negociación de alrededor de 67 tratados comerciales bilaterales o regionales, y firmaron más de 60 acuerdos bilaterales de inversiones. Hoy en día más de 250 tratados comerciales regionales y bilaterales rigen algo más del 30% del comercio mundial, y en los últimos diez años se han aprobado una media de dos acuerdos comerciales por semana”. (2)

Las nuevas reglas que los polos de poder mundial están imponiendo a través de los TLC son contrarias al desarrollo y forman parte de esa vieja estrategia de las potencias capitalistas de “retirar la escalera” (3), suponen concesiones enormes de los PED a cambio de apenas preservar el acceso a los mercados de los países desarrollados, atándoles de manos y bloqueando su camino al desarrollo. Sin “capital humano” ni acceso al conocimiento y la tecnología e incrementado el poder monopólico de las grandes corporaciones, la estabilidad macroeconómica, presentada como condición para generar competitividad internacional y bienestar, deviene en la llave que cierra el candado que aprieta las cadenas al cercenar el acceso al financiamiento y retirar al estado su función promotora. Por su parte para las naciones dominantes incrementar el poder monopólico de sus corporaciones es el camino para sostener su posición privilegiada en el reparto de la riqueza.

A la par que se han consolidado los sistemas internacionales de producción integrada han emergido nuevas potencias en ciernes (BRIC) alterando el equilibrio de poder (4).

En esencia los tratados de libre comercio entre países ricos y pobres son una forma de preservar y ahondar la dominación económica. De allí la profusión de tratados en negociación. Para que esta estrategia tenga éxito es preciso no sólo debilitar, sino liquidar, el sistema multilateral de comercio, el último pilar sobreviviente del orden mundial regulado de la posguerra, (5) lo que ha abierto el paso a la transición epocal y de orden mundial en curso. Un nuevo orden comercial y financiero se impone, por lo que la pertinencia de los organismos multilaterales está en debate. En este contexto cabe preguntarse ¿hasta qué punto es un fracaso la no conclusión de la Ronda Doha que ha colocado en la irrelevancia a la OMC? La ronda ha fracasado, en todo caso, por la cerrazón de los países desarrollados para liberalizar su agricultura, no por la vinculación que establecieron los PED entre el mayor acceso a los mercados y su disponibilidad a abrir sus sectores agrícola y de servicios. En esta transición la solidaridad y colaboración entre PED es fundamental, porque más allá de la agresión militar, la principal arma de los PD para imponer un sistema de dominación aggiornado es enfrentar entre sí a los PED. De allí la importancia estratégica que tienen las políticas solidarias y la integración impulsadas por Cuba y Venezuela.

Algunos de los aspectos más problemáticos de los contenidos en las reglas impuestas en los TLC son: (6)

1. Propiedad intelectual. Limitan el acceso al conocimiento retrasando o frustrando la innovación tecnológica, encarecen la atención de la salud al impedir el uso de medicinas genéricas y ponen la biodiversidad a merced de la codicia de los conglomerados transnacionales agroexportadores y laboratorios farmacéuticos, al eliminar el derecho a intercambiar semillas protegidas, desconocer los derechos de propiedad de los productores ancestrales. El uso intensivo de agroquímicos en los PD ha forzado a los agricultores en los PED a imitar esos métodos de producción para mantenerse en el mercado induciendo una fuerte dependencia de los pesticidas con los consecuentes efectos negativos en la salud y el medio ambiente. Estas normas impiden el desarrollo de versiones genéricas de menor costo y apuntalan el alza de los precios de los agroquímicos provocando una transferencia de beneficios de los agricultores pobres hacia los conglomerados agroquímicos. Estos conglomerados operan con métodos de explotación intensivos en capital y requieren un control cada vez más extendido de las tierras y de las variedades genéticas naturales para dar paso a los organismos genéticamente modificados. Tras la usurpación de las riquezas naturales (biodiversidad) por considerarse “patrimonio de la humanidad” los conglomerados imponen a los agricultores a través de patentes el pago de derecho de uso de la biodiversidad que éstos han contribuido a desarrollar. Por este conducto se obliga a los PED poseedores de biodiversidad a anular la legislación que la protege, eximiendo a las ET de la obligación de presentar certificados de propiedad. Un auténtico hurto conocido como biopiratería. La consecuencia de este enfoque en el manejo de la producción agropecuaria es la expulsión de campesinos y agricultores pobres de sus tierras.

2. Servicios. Este sector de la economía es el más dinámico en la mayoría de los PED, representa una porción mayoritaria de PIB y es una fuente fundamental de empleo e ingreso. En este sector se genera el crédito, se distribuye la plusvalía que genera la comercialización de productos y una serie de servicios básicos para el funcionamiento de la economía como el agua, la energía, las comunicaciones y el transporte, con un impacto decisivo en el poder adquisitivo de la población. El control o regulación de este sector es un mecanismo de distribución fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad. Los TLC presionan por su privatización con acceso al capital extranjero que ha detectado en su rápido crecimiento nuevas oportunidades para la creación de lucro, sin considerar el interés público que debería predominar en su gestión. Esta medida dejaría sin opción alguna a millones de pequeños comerciantes y campesinos de acceder a financiamiento acorde con la naturaleza de sus actividades debilitando aún más sus posibilidades de competir con las grandes cadenas comercializadoras, contribuyendo así a la concentración y a la generación de ganancias monopólicas. Uno de los mayores riesgos es que el usufructo de los servicios básicos por las ET excluya de su acceso a los sectores de menores ingresos.

3. Inversiones. En este ámbito interactúan los TLC con los Acuerdos Bilaterales de Inversión (ABI) para garantizar que el capital quede liberado de toda responsabilidad social, moral y económica ante el país receptor y su población. La fruición con que los PD buscan imponer estos acuerdos es una forma de responder al fracaso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), frenado por la acción concertada de los PED. La IED en los PED alcanzó en 2005 los 334 MMD (7). Una porción abrumadora de esta inversión está vinculada a transacciones comerciales por corresponder a los sistemas integrados de producción industrial (SIPI), de allí que en los TLC se incluyan capítulos relacionados con el tratamiento del capital extranjero. En contra de los que suelen afirmar los economistas neoliberales de la academia, de los organismos multilaterales y la propaganda corporativa, los “tigres asiáticos” determinaron cuidadosamente en qué sectores de su economía se permitiría la IED, y bajo qué condiciones, porque se ocuparon de que tales inversiones se articularan dentro de las cadenas productivas locales, transfirieran tecnología, contribuyeran a elevar la calificación de sus trabajadores, adquirieran insumos producidos localmente para estimular la producción, las exportaciones y el desarrollo equilibrado del sector industrial y del conjunto de los sectores productivos.

Los TLC que imponen los PD se proponen liquidar ese esquema prohibiendo explícitamente la imposición de “requisitos de desempeño” y alentando los “derechos de establecimiento” (que impiden a los PED seleccionar a los inversionistas extranjeros) para impedir que las políticas que posibilitaron una inserción dinámica de las economías del sudeste asiático pudieran ser imitadas por otros PED. De allí que haya una flagrante manipulación y distorsión de la información respecto de la experiencia asiática.

A pesar de las implicaciones que tales imposiciones tienen para el desarrollo y el ejercicio de la soberanía en política económica de los PED, la más escandalosa de las pretensiones de los TLC es la posibilidad de las empresas extranjeras de recurrir de manera automática al arbitraje internacional inversor-estado en tribunales creados ex profeso y fuera de la jurisdicción de los tribunales nacionales.

Más de 170 países han firmado estos ABI, de manera que prácticamente el mundo entero ha quedo a merced del poder del capital transnacional. Si con la deuda externa nuestras naciones quedaron sometidas al arbitrio de tribunales extranjeros (Londres y Nueva York), con los ABI se quebranta no sólo el derecho de los gobiernos y de sus ciudadanos en beneficio de de los inversores extranjeros, sino la soberanía de las naciones de una manera flagrante, transfiriendo la solución de controversias a tribunales de dudosa imparcialidad, debidamente sometidos al poder y el “encanto” de los poderes fácticos globales. De manera que hablar del imperio del capital no es retórica ni adjetivación altisonante, sino simple descripción de hechos. Ya hay abundante evidencia del desempeño de estos paneles de arbitraje que sesionan en audiencias secretas (que en muchos casos dependen del BM o de la ONU, cuando no se trata de tribunales ad-hoc) a favor de los inversores extranjeros. Las demandas pueden ser aceptadas incluso cuando se trata de modificaciones en la regulación o decisiones de política económica que responden al interés público (derechos laborales, condiciones de trabajo, protección del medio ambiente, tributación) que pudieran afectar la rentabilidad futura de las ET.

Los ABI y los TLC en materia de inversiones se orientan a limitar la capacidad de los gobiernos de regular los flujos de capital.

4. Empleo y derechos laborales. Si el rápido aumento de las exportaciones no ha redundado en mejores salarios siquiera en las industrias exportadoras, se ha debido a que buena parte de la inversión está vinculada a la explotación de bajos salarios en ausencia de derechos laborales. Las legislaciones nacionales que intentan preservar los derechos de los trabajadores y garantizarles un empleo digno y bien remunerado son percibidas como hostiles a la inversión. En consecuencia, la llamada flexibilidad laboral es la contrapartida de la flexibilidad que otorgan al capital las ABI.

Allí donde existen normas laborales tras la firma de TLC su cumplimiento no se sigue con el mismo celo que los ABI, es decir las normas que sustentan los beneficios del capital. En este marco se generan empleos para mantener en la pobreza a los trabajadores a través de bajos salarios, largas jornadas, ausencia de prestaciones, férrea disciplina, desconocimiento de los derechos laborales (prohibición de sindicatos), entre otras características del ambiente laboral que degradan la dignidad y la vida familiar de los trabajadores. ¿Dignifica al ser humano el trabajo en estas condiciones?

5. Aranceles. A los PED se les obliga a eliminar sus aranceles en agricultura e industria y reducir las barreras no arancelarias, en tanto los PD se niegan a reducir sus aranceles agrícolas y practican el dumping (subsidios a sus exportaciones). Los TLC van aún más lejos, al limitar el derecho de los PED a utilizar salvaguardas para frenar las importaciones en casos de que cayeran los precios. No hay forma de mejorar la competitividad de las exportaciones agrícolas de los PED cuando éstos no pueden hacer usos de las salvaguardas en tanto los PD subsidian a sus productores en montos y proporciones inalcanzables para los países pobres. Por este conducto los TLC ponen en riesgo la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades rurales, propiciando la migración masiva y el rápido abandono de sus tierras.

Estas prácticas de los países desarrollados denotan un compromiso de apoyo del Estado a sus productores especialmente cuando se trata de ET, encubierto en un discurso “liberal” que la ortodoxia de los PED reproduce para coactar el papel promotor y regulador del Estado.

Podríamos resumir en una ecuación simple para un problema complejo las implicaciones de los TLC y los ABI: la sustitución de cultivos por importaciones, la caída del precio de las exportaciones agrícolas de los PED resultante de un incremento de la producción para contrarrestar los bajos precios a que inducen los subsidios (dumping) de los PD a sus agricultores, las cuotas de importación impuestas, el endeudamiento derivado de los altos costos de los insumos (muchas veces importados o provistos por los propios conglomerados agroexportadores de los PD) aunados a largas y desgastantes jornadas laborales que apenas proveen ingresos para mal alimentarse y a un ciclo agrícola que incluye largos periodos de inactividad que en la mayoría de las ocasiones obligan a migrar, constituyen el círculo vicioso de la pobreza y la garantía de que los agriculturas pobres de los PED difícilmente podrían representar competencia para los conglomerados agroexportadores. La expulsión de campesinos de sus tierras por el hambre, la falta de crédito y la migración -despoblamiento y pauperización del campo- son condición necesaria para que los conglomerados agroexportadores tomen posesión de las tierras y los recursos.

La misma lógica se observa en las industrias y los servicios, de forma que la inserción en la economía mundial que promueven los TLC son el camino asegurado a la irrelevancia como naciones. La caída de los salarios y del ingreso agrícola contrae el mercado interno afectando las economías de escala que pudieran propiciar una mayor inversión productiva, lo que a su vez mantiene deprimidos los salarios y el empleo. La disminución de los aranceles industriales propician la caída del empelo y los salarios industriales y contribuye a desarticular las cadenas productivas y debilitar en consecuencia los mecanismos para la distribución del ingreso.

Por su parte las “reglas de origen” (% de valor agregado internamente en el proceso de producción que determina el origen del producto) obligan a ampliar la entrada de capital extranjero o a comprar los insumos dentro del área de libre comercio creando un mercado cautivo para los “socios” comerciales “más eficientes” y una división del trabajo basada en la maquila que obliga a deprimir los salarios como vehículo de competitividad.

De esta forma, los TLC son un instrumento muy eficaz para acelerar la pauperización, la desarticulación del aparato productivo, la dependencia tecnológica y financiera y el sometimiento de la soberanía nacional al poder del capital transnacional. Debilitado así el poder de negociación de los PED se asegura que no representen un riesgo para el equilibrio de fuerzas ni la relación de competitividades que asegura una mayor participación en la distribución de la riqueza global. Y en esa medida, son un eficaz instrumento en la rearticulación de las formas de dominación.

Las negociantes de TLC en los hechos confrontan los intereses de las ET y los Estados de los PD con los productores orientados fundamentalmente al mercado interno, los consumidores, los sindicatos, las poblaciones indígenas de los PED, que no siempre cuentan con el apoyo de unos Estados que tienden a privilegiar los intereses de las grandes empresas locales que aspiran a asegurar su propio acceso a las cadenas globales de producción, distribución y abastecimiento aun de forma subordinada al capital transnacional, pero sin generar los mecanismos que permitan la distribución de beneficios hacia el resto de la economía.

Por esta razón no es casual que los mayores movimientos de masas, ciudadanos o populares en los últimos años se hayan gestado en torno al rechazo a la guerra imperialista y el repudio a las cumbres de la OMC, el FMI-BM, el G7, los TLC o el ALCA. Políticas neoliberales, TLC y guerra es la oferta del capital a los pueblos del mundo cuando el capitalismo enfrenta un punto de inflexión. En este contexto deberíamos valorar la resistencia organizada del pueblo “tico” contra el TLC.

Notas:

1) Ver Oxfam, “Nuestro futuro por la borda: Cómo socavan el desarrollo los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres”. http://www.oxfam.org/es/ policy/briefingpapers/bp101_ regional_trade_agreements_0703

2) UNCTAD. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies - Implication for Development. Citado por Oxfam, Op. Cit.

3) “Un ardid muy común e inteligente que practica quien ha alcanzado la cumbre de la grandeza es retirar la escalera por la que ha trepado para impedir a otros trepar tras él. En ello reside el secreto de la doctrina cosmopolita de Adam Smith y de las tendencias cosmopolitas de su gran contemporáneo William Pitt, así como a todos sus sucesores en la administración gubernamental británica”. F. List The Nacional System of Political Economy. Citado por Ha-Joon Chang Retirar la escalera. La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica. Catarata. Madrid, 2004, Pág. 37.

4) “Con las tasas de crecimiento actuales, las economías de China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México y Turquía serán en conjunto mayores que las del actual G7” Ver Oxfam, Op. Cit. Pág. 6

5) Los otros dos pilares fundamentales fueron los acuerdos sobre paridades cambiarias de Bretton Woods y una hegemonía estadounidense apoyada en su superávit comercial, su capacidad para exportar capitales y para ejercer como fuente de liquidez internacional y prestamista de última instancia.

6) Para la redacción de esta sección me apoyo ampliamente en el documento de Oxfam ya citado. 7) UNCTAD, OP. Cit. Citado por Oxfam, Pág. 25.