Sus resultados debieron ser la base ineludible para suscribir acuerdos con las transnacionales que acaten la nacionalización. Por fin el país contaría con información ocultada por las empresas y asegurar una excelente posición negociadora en los futuros contratos. Al iniciar la tarea anotada, se promulgó la Ley que presupuestaba recursos para contratar empresas auditoras por vía de excepción (en plazos breves), debido al tiempo corto fijado por la norma. La negativa de las compañías a mostrar información fue respondida con otro Decreto, por el que se otorgaba plena validez a los cálculos de las empresas auditoras.

El Ministerio a mi cargo organizó la Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control (UFSC) de las empresas auditoras. Hubo, en consecuencia, tres actores en las auditorias: Las petroleras, las empresas auditoras, encargadas de auditar los campos petroleros, y la UFSC del Ministerio que, a su vez, fiscalizaba a las empresas auditoras. Pese a aprobarse la vía de excepción, se hicieron convocatorias públicas, sujetas a puntajes determinados en forma previa. Todos los trámites y resultados se difundieron por Internet. El ingeniero Javier Escobar organizó la USFC y fue designado su coordinador nacional. El ingeniero Enrique Mariaca fue el coordinador en Santa Cruz, sede del trabajo de las auditorias.

Sin razón valedera, el Presidente Morales ordenó prescindir de los servicios del ingeniero Escobar, con lo que la UFSC quedó descabezada. En forma paralela, designó como Viceministro al Lic. Guillermo Aruquipa, quien, apenas posesionado, viajó a Santa Cruz para anunciar que las auditorias quedaban bajo su mando. El inconsulto viaje hizo que recibiera de parte del Ministro una severa llamada de atención. Estos antecedentes y la negativa del entorno presidencial a aplicar el Decreto de Nacionalización, en lo relativo al control del petróleo crudo y de las refinerías en manos de Petrobrás, me obligaron a renunciar de manera irrevocable.

El actual Ministro, Carlos Villegas, ha resuelto complementar las auditorias a campos pequeños y marginales. La determinación es correcta. Sin embargo, pese a no haberse usado el término de 20 días para formular reclamos antes de la protocolización de los contratos, se debe acudir a peritajes para aplicar los resultados de las auditorias sobre todo en los mega campos. No importa demorar unos meses si se lograrán mejores ingresos para el país en los próximos 30 años. Las auditorias demostraron que las empresas inflaron sus inversiones. Petrobrás, por ejemplo, invirtió 284 millones de dólares en las exportaciones al Brasil, hasta mayo del 2006. Obtuvo, en cambio, 500 millones de dólares por amortizaciones y 400 millones de dólares por utilidades. Ello ocurrió luego de adjudicarse, con socios europeos, sin licitación, dos de los mega campos de Tarija, descubiertos por YPFB y explotados después de conseguir la rebaja en la tributación del 50 al 18 %.

En forma previa, el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) transfirió a las transnacionales, sin costo alguno, las reservas probadas de gas y petróleo, cuyo valor sobrepasaba los cinco mil millones de dólares. Las inversiones globales fueron sobredimensionadas en 848 millones de dólares. Petrobrás se benefició, además, con 108 millones de dólares al enviar gas al Brasil con un valor calórico superior al acordado con YPFB. Estafó 300 millones en dólares por un contrato hedging (control de volatilidad de precios), suscrito con Andina-Repsol a espaldas de YPFB para el envío de gas al Brasil. El gobierno no publicó los resultados de las auditorias, las que salieron a luz gracias al ingeniero Mariana. Urge que el histórico proceso de transformaciones que encabeza Evo Morales no abandone la defensa nacional en materia petrolera.