Los inconformes demandan que Sucre recupere la sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que actualmente tiene la ciudad de La Paz, y han asegurado que impedirán que la asamblea vuelva a reunirse en tanto que el gobierno boliviano no atienda su petición. A raíz de las condiciones de inseguridad propiciadas por los enfrentamientos, y ante la negativa de la oposición a trasladar la sede de las sesiones, la asamblea ha sido suspendida temporalmente.

Estos sucesos han sido calificados por el gobierno de esa nación sudamericana como parte de una campaña orquestada por la oposición para desestabilizar el país, frenar las labores de la Asamblea Constituyente y, con ello, dañar severamente al gobierno de Evo Morales. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, denunció el pasado viernes que "una derecha racista, separatista, violenta y antidemocrática" está dispuesta a utilizar "cualquier medio" para sesgar el proceso de cambio emprendido por Morales desde su llegada al poder. Asimismo, García Linera reiteró el compromiso del gobierno con la sociedad boliviana, "que votó mayoritariamente por el cambio".

Por su parte, medios de comunicación del gobierno han dado a conocer detalles de un plan "para derrocar al indio" -en alusión al presidente de esa nación sudamericana- que persigue el fracaso de la Asamblea Constituyente, así como la generación de un ambiente de crispación política que resulte insoportable para el gobierno de Evo Morales y lo obligue a renunciar. A este respecto, el presidente del Comité Interinstitucional de Defensa de la Capitalía de Sucre, Jaime Barón, ha asegurado que lo único que su movimiento persigue es "que se respete la institucionalidad" y que "el presidente Evo Morales cumpla con su mandato", al mismo tiempo que negó que busquen desestabilizar el país.

De ser ciertas las acusaciones oficiales, se daría cuenta de una embestida más de los grupos oligárquicos para desestabilizar un gobierno legal y legítimamente constituido. Se corroboraría, además, que las demandas que busca atender la administración de Evo Morales con la consolidación de la nueva Constitución son vistas con incomodidad por parte de los grupos de poder económicos y empresariales a los que representa la derecha opositora boliviana, los cuales no están dispuestos a abandonar sus privilegios y, por ello, buscan evitar de cualquier forma que el gobierno cumpla con sus compromisos de justicia social. Por lo demás, no deja de ser motivo de preocupación y repudio el talante racista y sectario que maneja el referido plan de los opositores.

Para ponderar el peso y la influencia de los grupos de poder fácticos cuando sus intereses se ven amenazados, cabe recordar la intentona golpista de 2002 en contra del presidente venezolano Hugo Chávez. Con tal antecedente, no resultaría extraño que la mano de la reacción se encuentre tras los enfrentamientos recientes de Sucre y de los intentos por desestabilizar al país.

La continuidad de la Asamblea Constituyente es de una importancia primordial para el proyecto de gobierno de Evo Morales, pues tiene la encomienda principal de reformar la actual Constitución boliviana. Según declaraciones del propio García Linera -en el contexto de la promulgación de la ley de convocatoria para la asamblea, en marzo pasado-, la nueva Carta Magna tiene el fin de integrar las demandas e iniciativas "de regiones, movimientos sociales y pueblos indígenas". Por tanto, si las acusaciones del gobierno boliviano son ciertas, es imprescindible que la sociedad de aquel país demande el cese de las provocaciones, a fin de que la labor constituyente continúe, pues de ello depende la viabilidad de la nación y su futuro.