Se lanzó la campaña por la anulación de la caducidad. El martes 4 la sala mayor del teatro El Galpón desbordó de gente: el llamamiento lanzado por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad para "romper la cultura de la impunidad" congregó a centenares de personas. Se dieron cita allí, en un clima de fervor, muchos de los veteranos de siempre de estas lides, pero también muchos jóvenes.
Reunir más de 250 mil firmas (10 por ciento del cuerpo electoral), que deberán ser entregadas al presidente de la Asamblea Nacional antes de que termine abril de 2009, es el primer objetivo de la coordinadora, que a partir de ahora comenzará una campaña de movilización en todo el país. De lograrse esa meta, la Corte Electoral deberá convocar a un plebiscito a realizarse juntamente con la elección nacional de 2009 y en el cual, por mayoría simple, la ciudadanía puede llegar a desterrar del ordenamiento jurídico, como si nunca hubieran existido, los artículos 1 a 4 de la ley de caducidad.
Claro está que queda también la posibilidad de que el Parlamento anule esta ley en esta legislatura. El Frente Amplio dispone de las mayorías necesarias para ello, pero por ahora no de una voluntad política en ese sentido. El éxito de la campaña, en cantidad y rapidez de firmas recolectadas, así como los propios tiempos electorales, que naturalmente se acelerarán a partir del segundo semestre de 2008, pueden modificar ese panorama.
ESCENARIOS. "Por ahora hay que mirar este lanzamiento con cautela; esto recién empieza. Igual está bien que se agiten las aguas en este tema, que se discuta", dijo a Brecha un jerarca de la Presidencia de la República que en principio no es partidario de que el Frente Amplio anule la ley de caducidad. Añadió que se deberán evaluar los "costos políticos" de adoptar una u otra decisión, pero adelantó otra de las posibilidades: que el Frente Amplio otorgue "libertad de acción" para apoyar o no el plebiscito y el voto por la anulación.
"La ley se va a anular, el proceso se inició y ya no tiene retroceso", subrayó un optimista senador Rafael Michelini. "Cientos de miles de personas se van a sumar a la campaña; el tema va a ganar la calle, se va a imponer en los comités de base, y yo aspiro a que con ese escenario el conjunto de la izquierda apoye decididamente la anulación y haya respaldo para ello en el próximo congreso del Frente Amplio, el 13 de diciembre." Por ahora, en la fuerza política gobernante sólo el Nuevo Espacio, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo apoyan la campaña. En meses venideros las expectativas volverán a centrarse en la evolución que con respecto a este punto tenga el grupo mayoritario de la coalición, el Movimiento de Participación Popular (MPP).
La voz más difundida del mpp en este tema fue la del senador Eleuterio Fernández Huidobro, que se pronunció en favor de mantener la ley porque así lo había dispuesto el último congreso del Frente Amplio. Sin embargo, ante cámaras y micrófonos y en momentos en que el tema de la anulación había ganado los medios de comunicación, el líder de ese sector, el ministro José Mujica, llegó a decir que la ley terminaría siendo anulada. "Y está bien" que así sea, subrayó.
Otro escenario posible es que la dirigencia de la coalición de izquierda determine no anular la ley en el Parlamento, pero sí votar en favor de la anulación de la ley de caducidad en el momento de las elecciones nacionales de 2009. Quienes defienden esta opción sostienen que tiene la ventaja de amalgamar a toda la "masa de izquierda", en vez de dividirla, y de poner en aprietos a los partidos tradicionales, que podrían quedar una vez más del lado de quienes respaldan la impunidad. Desmarcándose tempranamente de esa eventualidad, la diputada nacionalista Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista) adhirió a la campaña por la anulación.
familiares y familiares. Puede llamar la atención el hecho de que Familiares de Detenidos Desaparecidos no participe como organización en la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. El punto es que en la asociación no hay acuerdo sobre este tema, en consonancia con la situación que se da en la interna del Frente Amplio.
Como las resoluciones del grupo deben ser adoptadas por unanimidad, la discordia les impide sumarse a la causa. No obstante, varios de los integrantes de la organización han adherido a título personal. Tal el caso de una de "las viejas" más emblemáticas, como María Esther Gatti. Por otra parte, la amplia mayoría de los familiares de detenidos desaparecidos que no integran orgánicamente ese grupo están apoyando la campaña.
"Por supuesto que estamos de acuerdo con que se anule la ley, pero al no haber unanimidad en el grupo respecto a priorizar ese tema, decidimos no trabajar en la campaña", señaló a Brecha la integrante de Familiares Milka González. Y apuntó: "Es posible que dentro de algún tiempo nos sumemos".
Cambio cultural. El abogado Óscar López Goldaracena, integrante de la coordinadora por la anulación, dijo a Brecha que "todos estos escenarios son posibles", pero resaltó que la campaña tiene la finalidad de lograr un cambio "para terminar con la cultura de la impunidad" y que debería ser vivida "más allá de colores e ideologías partidarias".
Cuando el martes 4 se dirigió al público que colmaba El Galpón, el abogado hizo hincapié en ese aspecto."Reclamamos construir un modelo de convivencia que afiance la paz, que afiance la no violencia, que respete el derecho, que profundice la democracia, que transite hacia una cultura integral de los derechos humanos. Los uruguayos debemos sincerarnos en jerarquizar el valor justicia y jerarquizar la justicia como valor", aseguró. Y recordó la actitud asumida por el conjunto de la oposición democrática durante la resistencia a la dictadura: "no preguntábamos al vecino, al de al lado, de qué partido era", porque lo importante era recuperar la democracia y obtener la libertad de los presos políticos.
Formar "un frente común" en defensa de esos valores debe ser hoy la meta, insistió López. "Desterremos la cultura de la impunidad, declarando inexistente la ley de caducidad por encima de posturas políticas e ideologías, porque está en juego el futuro de nuestra sociedad", convocó el jurista entre enardecidos aplausos de los asistentes al acto del martes.
También para Luis Puig, secretario de Derechos Humanos del pit-cnt, anular la ley es esencial para el afianzamiento de la democracia. "El objetivo fundamental de esta campaña tiene mucho más que ver con el futuro que con el pasado", remarcó el sindicalista, y cuestionó a "aquellos agoreros permanentes de la impunidad y de la mentira que dicen que tenemos ojos en la nuca, que vivimos del pasado". Hay que"asegurar a las nuevas generaciones de uruguayos que nunca más sufran el oprobio de la dictadura, del terrorismo de Estado, de la tortura como práctica sistemática de represión política (y) la única forma de asegurar ese futuro distinto pasa por terminar con la cultura de la impunidad", subrayó. La presencia entre los oradores de una joven representante de la feuu permitió a Puig situarla como "hilo conductor" de una lucha contra la impunidad simbolizada en otras tres mujeres, dos de ellas presentes en El Galpón (María Esther Gatti, madre de María Emilia Islas y abuela de Mariana Zaffaroni, integrante de la coordinadora nacional que impulsó el voto verde en 1989, Isidora Musco, viuda del dirigente comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo fue localizado en 2005) y otra recientemente fallecida, "Tota" Quinteros.
Obligado a cumplir. El inicio de la campaña por la anulación de la caducidad se dio en la misma semana que en Asunción del Paraguay tuvo lugar una audiencia de seguimiento de las recomendaciones realizadas en 1992 a Uruguay por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a esta norma. Quince años atrás, en su Informe 29/92, la comisión había declarado a la ley de caducidad incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La cidh recomendó entonces al Estado uruguayo "la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de facto".
En la audiencia de Asunción, efectuada ayer jueves, los abogados Jorge Pan y Diego Camaño, representantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), admitieron que en los últimos años el Poder Ejecutivo avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones, al disponer excavaciones en los cuarteles y encontrar restos óseos de algunos desaparecidos; ordenar a los jefes militares que presentaran informes sobre detenidos desaparecidos; y mediante la nueva interpretación de la ley de caducidad que habilitó investigaciones judiciales. Pero consideraron insuficientes esos avances. Según información en poder de Brecha, Pan y Camaño enfatizaron que el nuevo encare del Estado uruguayo en materia de derechos humanos "tiene una barrera infranqueable: la vigencia de la ley de caducidad", en la medida que "se mantiene una ley incompatible con la Convención Americana, incurriendo el Estado en una omisión contumaz en el cumplimiento de obligaciones internacionales sobre derechos humanos durante 15 años".
El Poder Ejecutivo actual, estimaron los abogados, estaría actuando con "dualidad de criterios" en los casos que se le someten para determinar si están incluidos o no en la ley de caducidad. "No se sabe cuál es el criterio (...) para discriminar", señalaron. En buena parte de estos casos, el Ejecutivo entiende que "están excluidos" de la ley (por ejemplo aquellos que tuvieron principio de ejecución en territorio extranjero y los que involucran a represores civiles), mientras en otros habilita investigaciones por parte del Poder Judicial "pero no se pronuncia sobre si el caso está incluido o no en la ley de caducidad". De este modo, estaría violando "el principio de igualdad ante la ley, ya que no todas las víctimas y familiares tienen el mismo acceso a la verdad y la justicia", señalaron los representantes del Ielsur. Citaron en su apoyo los casos de la joven argentina desaparecida en Uruguay María Claudia García de Gelman, cuyo expediente fue archivado por decisión de la Fiscalía a pesar de que el Ejecutivo había habilitado la investigación, y el de tres militantes tupamaras asesinadas en 1974, también archivado. Por ambos casos el Estado uruguayo ha sido demandado ante la propia cidh. Pan y Camaño argumentaron que "el derecho internacional de los derechos humanos no tiene aplicación práctica en la realidad jurídica del Estado uruguayo. (...). Pese a la nueva postura del Estado uruguayo, la ley de caducidad sigue siendo un dique de contención inexpugnable y el Informe 29/92 permanece -por omisión contumaz- incumplido", apuntaron.
Ambos preguntaron a la representante gubernamental, la embajadora ante la oea María del Luján Flores, si el Ejecutivo mantendrá su postura de las anteriores audiencias, en las que defendió "claramente la vigencia de la ley de caducidad", y si está dipuesto o no a dar cumplimiento al Informe 29/92. Además, solicitaron a la cidh que "adopte medidas positivas" para destrabar esta situación de "prolongado y grave incumplimiento de sus recomendaciones".
En su respuesta, la embajadora Flores destacó los "muy importantes avances" producidos "desde el punto de vista práctico". Puso como ejemplo que aquellos imputados que "no habían caído" al invocarse "cosa juzgada" fueron "detenidos" en esta última etapa y sometidos a la justicia.
Al concluir la cita, según supo Brecha, el presidente de la cidh, Florentín Meléndez, sostuvo: "Las decisiones y sentencias de la comisión y de la Corte son jurídicamente obligatorias, y política y moralmente son vinculantes para los estados. Estamos discutiendo el derecho a la verdad, que el sistema interamericano ha acuñado con mucha fuerza, no sólo como un derecho individual sino también como derecho colectivo, y estamos hablando del combate a la impunidad, y la reparación integral a las víctimas", subrayó. Luego expresó a la embajadora que "apreciaría muchísimo" que el gobierno uruguayo mantenga informada a la comisión "sobre las medidas que se están y seguirán tomando para dar cumplimiento al Informe 29/92".
Durante la audiencia los representantes del Ielsur informaron del lanzamiento de la campaña en favor de la anulación de la ley de caducidad.
De Macarena Gelman
Yo firmo porque siento que es un deber ineludible.
Soy heredera, sin quererlo, de una decisión que me afecta y de la que reclamo opinar.
Hoy tengo una identidad que la ley de caducidad trató de impedir y no pudo.
Desde este presente que soy y con el que me reconcilió la empecinada búsqueda de la verdad, hoy firmo por Claudia y Marcelo.
Firmantes
Legisladores
Beatriz Argimón, Diego Cánepa, Doreen Ibarra, Fernando Longo, Eduardo Lorier, Carlos Maseda, Rafael Michelini, Gonzalo Mujica, Margarita Percovich, Darío Pérez, Jorge Pozzi, Víctor Semproni, Gabriel Ramos, Víctor Vaillant, Horacio Yáñez.
Responsables ministeriales
Marina Arismendi, Felipe Michelini, Ana Olivera.
Familiares de desaparecidos y asesinados políticos
María Bellizzi de Bellizzi, Adriana Cabrera, Valentina Chávez, Amaral García, María Esther Gatti de Islas, Macarena Gelman, Alba González, Mateo Gutiérrez, Amalia Mercader, Alberto Mechoso, Beatriz Mechoso, Isidora Musco de Chaves Sosa, Valery Roslik Zabalkin, Sandro Soba, María Cristina Zabalkin.
Intendente Óscar de los Santos.
Figuras públicas
Gonzalo Abella, Jacinta Balbela, Mario Benedetti, Gonzalo Camarotta, Yamandú Cardozo, Pablo Chargoñia, Guillermo Chifflet, Diego Jaume, Eduardo Galeano, contraalmirante (r) Óscar Lebel, general (r) Víctor Licandro, Óscar López Balestra, Óscar López Goldaracena, Gabriel Romano, Rafael Sanseviero, Jorge Temponi, Idea Vilariño.
De Diego Jaume (futbolista)
Hagamos un gol de media cancha a la impunidad.
Aplausos
Una de las adhesiones más aplaudidas de la noche fue la de la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela, que en 1988 sostuvo, en minoría, que la ley de caducidad era inconstitucional. Por razones de salud Balbela no pudo asistir al acto, como tampoco pudieron hacerlo otros de los ovacionados, como el ex diputado socialista Guillermo Chifflet y el escritor Mario Benedetti.
Pese a que la agrupación de Familiares de Desaparecidos no adhirió orgánicamente a la campaña, cada vez que un familiar era mencionado entre los adherentes los aplausos se hacían particularmente intensos. La carta de Macarena Gelman, leída durante el acto (véase encastre) fue una de las que más conmovió a una asistencia a la que luego no le costó mucho vibrar con las canciones de Daniel Viglietti y los ritmos sincopados de La Teja Pride.
De la familia Roslik
Motivos de estudio y laborales hacen que no podamos estar presentes en este acto, pero lo estamos desde lo profundo de nuestros corazones. Deseamos que esta vez podamos llegar a la verdad, ya que cuando trabajamos para el voto verde no lo pudimos lograr y es una materia que queda pendiente. Es algo que le debemos a Vladimir y a tantas almas que no pueden descansar en paz.
Un abrazo de Valery Roslik Zabalkin y María Cristina Zabalkin
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