Asimismo, el levantamiento del secreto tributario ordenado por la justicia sobre las sociedades anónimas involucradas en la presunta trama delictiva descubrió nuevos nexos entre empresarios beneficiados por la contratación y familiares de ex asesores de la dirección de casinos municipales. Cohn, accionista en cerca de diez empresas que arriendan slots a la imm, su socio Roberto Kan -ambos señalados como los promotores de la "colecta" de 25 mil dólares-, y otros empresarios cuestionados por su relacionamiento económico con la Intendencia a través de la direción de casinos municipales, deberán comparecer hoy (por el viernes 20) ante la jueza Fanny Cannesa.

En tanto, el director de Casinos del Estado y ex director de casinos municipales Juan Carlos Bengoa será interrogado nuevamente por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Montevideo. Bengoa, junto a su ex asesor en los casinos municipales y actual director de Loterías y Quinielas, Orestes González Braida, son los dos jerarcas del gobierno que aparecen sumamente comprometidos en la indagatoria. El ex asesor de la dirección de casinos municipales José Luis Antúnez, y el ex titular de la oficina de contralor y seguimiento de máquinas y azar de la comuna Gustavo Dalmonte, son otros de los directamente involucrados en el caso.

A partir de estas declaraciones queda claro que luego de la decisión de Bengoa y sus asesores de cambiar la política de renovación del parque de máquinas tragamonedas de la Intendencia, dejando progresivamente de lado la compra y privilegiando el arrendamiento, se construyó una compleja red de intereses empresariales y familiares que se benefició del novel negocio. Es que a los vínculos de los parientes de González Braida y Antúnez, ahora se agregan algunas nuevas conexiones que vuelven mucho más complicada la situación de los involucrados.

La sede penal confirmó judicialmente que Timelur sa pertenece a González, que en esa empresa trabajan sus hijos y el de Antúnez, y que en el momento de la licitación esa sociedad anónima compartía domicilio y teléfono con otras dos empresas arrendadoras de slots: Famostar sa y Folway sa. Esta última empresa -según el descubrimiento de la justicia- estaba presidida por Héctor Eduardo López Viñoles, suegro del ex funcionario de Casinos del Estado Felipe Ruiz, dueño de Sabid sa, la empresa que realiza el mantenimiento de las tragamonedas.

En este contexto, la justicia busca probar la comisión de tres tipos de delitos: el fraude, al confirmarse una pérdida de casi 16 millones de dólares en las salas de juego municipales entre los años 2000 y 2005; el de abuso de funciones, en las medidas adoptadas en relación con la licitación; y el de conjunción del interés personal y del público, a través de la red de empresas arrendadoras de slots en la que figuran hijos y primos de los asesores municipales González y Antúnez.

MIL PESOS

Uno de los testimonios más significativos ante la sede penal fue el de un taximetrista que a pedido de Cohn aceptó prestar su firma a cambio de mil pesos mensuales para figurar como director de la empresa arrendadora de slots Metalfinish. Cuando en el juzgado se le preguntó a Fernando Cammarota Zabala si había aceptado ser director de esa empresa, sin tener experiencia en la actividad comercial vinculada a las tragamonedas, el testigo respondió que "no tenía ni idea" del rubro y que aceptó a pedido de Cohn.

Sostuvo que conocía a Cohn de algunos "viajes" en el taxímetro y que cuando le propuso que trabajara con él, le habló de "algo de slots", pero no le dio mayores detalles. Después, según Cammarota, le dijo que siguiera trabajando en el taxi y que una vez por mes lo convocaría para "alguna firma" y le daría "mil pesos" por ello.

En tanto, del interrogatorio a Genaro José Ferraro surgen los nombres de dos empresas que inicialmente no aparecían como arrendadoras de la imm: Tilat sa y Mecanus sa. Sin embargo, la sede penal confirmó que esta última empresa -propiedad de Eduardo Ferencz y Cohn- sustituyó a Metalfinish (100 por ciento de Cohn) que sí arrendaba slots para los casinos. Ferraro sostuvo que es empleado de Mecanus sa, y que se vinculó a Cohn y a Metalfinish en 1998. Ahora tiene el 20 por ciento de Tilat sa; el resto es de Cohn (40 por ciento) y de Sebastián Miller (40 por ciento). Esta empresa también es indagada por la justicia.

Al parecer, el intento por ocultar los nombres de los verdaderos dueños y directores de las empresas a la hora de presentarse a la licitación de la imm era moneda corriente. Otro ejemplo de ello es el del presidente de Lidobell sa, Luis Righeti, quien reveló cómo llegó a ocupar ese cargo en la firma arrendadora de slots. Dijo que el contador Nelson Moreira lo "mandó" a comprar una sociedad anónima al estudio del "señor Blanco". El propio Righeti admitió que él sería "el presidente". Según su testimonio, Moreira le dijo que la nueva empresa se presentaría a una licitación, pero no le mencionó el rubro. El testigo dijo que lo hizo todo por "amistad".

En medio de estas idas y vueltas, la presentación de Lidobell a la licitación fue impugnada por vicios formales por otras dos sociedades anónimas, recurso que fue atendido por la imm y dio lugar a la conformación de una comisión asesora técnica integrada por González, Antúnez, Dalmonte y Luis Casanova. Este fue el grupo que recomendó la adjudicación a esta red de empresas, entre las que había familiares de ellos mismos.

"COLECTA" PARA "ENTRAR EN EL NEGOCIO"

El empresario Juan Pedro Cresci señaló que no participó directamente de las reuniones en las que se resolvió entregar 25 mil dólares por empresa, cuyo destino sería la remodelación del Parque Hotel. Sí dijo que en esas conversaciones estuvo presente su representante Pablo Espasandín, y que él sólo concurrió a la imm cuando hubo que firmar el contrato. Cresci tiene el 100 por ciento de las acciones de icm sa, con 50 slots funcionando en el Parque Hotel.

El empresario argumentó que el casino estaba muy deteriorado y que "querían" hacer algo para arreglarlo, pero la imm "no tenía" plata. Sostuvo que la idea de los 25 mil dólares por cabeza surgió de los "proveedores" y que para llevar a cabo la refacción "se habló" con Felipe Ruiz, el encargado del mantenimiento de las máquinas de slots, y dueño de Sabid. Luego señaló que el mantenimiento de sus máquinas las paga él, pero de las investigaciones y auditorías realizadas en la imm surge documentación que acredita el pago en exceso del mantenimiento por parte de la comuna, lo cual podría llegar a tener derivaciones judiciales.

Por su parte, el empresario Eduardo Ferencz es accionista en dos de las empresas, Zorbas y Borelco, que participaron del turbio proceso de arrendamiento. La primera fue adquirida "en 2003 o 2004" a su suegro, Raúl Cohn, quien aparece como accionista total o parcial, representante o apoderado en la mayoría de las sociedades anónimas vinculadas al asunto, aun en aquellas que tienen entre sus directores o funcionarios a familiares de los jerarcas municipales involucrados en la maniobra. Borelco fue comprada por Ferencz a otro de los nombres más polémicos de esta historia, el actual empresario y ex funcionario de Casinos del Estado Felipe Ruiz.

Ferencz aportó en la sede algunos detalles significativos sobre la negociación para la remodelación de la sala de juegos del Parque Hotel, en la que según la versión empresarial cada una de las sociedades tuvo que aportar 25 mil dólares "para entrar en el negocio". Según el directivo de Zorbas y Borelco, cuando le ofrecieron ingresar en el mundo de las tragamonedas no había otra opción que poner ese dinero. Había que darle el dinero a Ruiz porque era el encargado de recolectarlo y llevar adelante las obras a través de su empresa Sabid.

Ferencz dijo que ingresó cuando el tema estaba "casi liquidado" y aseveró: "Me presentaron el negocio así", pero agregó no saber de quién fue la "idea" ni el "monto" que había que desembolsar. Otro de los empresarios vinculados al asunto que declaró ante la justicia fue Enrique Amestoy, actual director de Vallasey sa (propiedad de Roberto Kan y Raúl Cohn) pero también vinculado en el pasado a otras dos sociedades que arrendaron máquinas a la imm, Otor sa y Meluca sa. Amestoy dijo que a las reuniones por la remodelación del Parque Hotel, que se realizaron antes del llamado a licitación en el que luego resultaron adjudicatarios, asistieron Cohn y Kan, junto con los accionistas de las demás empresas involucradas. Sin embargo, no todos aceptaron aportar el dinero, actitud que no fue "bien vista" por el resto, según declaró Amestoy.

Quien se negó a realizar su aporte a la "colecta" fue Carlos Mautone Guido, que además de ser vicepresidente de la red Abitab y poseedor de una agencia de quinielas, arrienda 16 máquinas a la imm a través de Flipper Andes srl y le vendió otros 20 slots a través de Borlex sa. Mautone dijo que no concurrió a los encuentros interempresariales, razón por la cual no sabe si en esas reuniones participaron jerarcas municipales, aunque dijo haber recibido "reproches" de otros empresarios por no poner el dinero que serviría para financiar las obras. Sin embargo, Mautone consideró que no debía participar de esa iniciativa porque "era proveedor desde hacía años" del municipio y no tenía por qué "arreglar el casino". Igualmente, el viejo proveedor de la imm fue otro de los adjudicatarios de la licitación posterior.

A pesar de que Mautone no lo haya dicho, existen dos cartas que refieren a reuniones entre empresarios y jerarcas municipales en las que se negociaron los motivos y montos de la "colecta". Las misivas están dirigidas por los empresarios al entonces director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, Alberto Roselli, y al director de Promoción Económica Sergio Yamgotchian.

Una primera carta, fechada el 21 de junio de 2005 y firmada por los representantes de todas las empresas arrendadoras, dice: "El grupo de empresas que hemos aceptado participar en las tareas de remodelación, mantenimiento y promoción del Casino Parque Hotel (...) presentamos la siguiente nota con la intención de documentar las tareas y actividades realizadas en el período marzo de 2002 a la fecha". La carta adjuntaba un cuadro detallando las obras realizadas, pero no establecía los montos de los trabajos, por lo cual la imm reclamó que se le enviaran estos datos. Una segunda carta de los empresarios, fechada el 19 de octubre de 2005 y dirigida a Roselli, busca renegociar el acuerdo inicial y adjunta un detalle de los montos que las empresas sostienen haber gastado para la remodelación del casino.

POLÍTICAMENTE INCORRECTOS

La situación de Bengoa y González, por ocupar los cargos de directores nacionales de Casinos y Loterías, complica la vida política del ministro de Economía Danilo Astori ya que ambos pertenecen a su sector, Asamblea Uruguay, y fueron promovidos y defendidos por él y su sector a pesar de las irregularidades durante su gestión municipal.

Ahora son el centro de una ofensiva política del Partido Nacional que busca responsabilizar políticamente a Astori por la conducta de dos de sus protegidos. Ayer, jueves, se reunió la comisión de seguimiento que los blancos instalaron con senadores, diputados y ediles para monitorear la marcha del caso. Los dirigentes blancos resolvieron respaldar la iniciativa de los ediles de Montevideo Álvaro Viviano, Fernando Ripoll y Daniel Graffigna de realizar una nueva ampliación de la denuncia penal haciendo hincapié en las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas (tc) por los sobrepagos del municipio a la empresa Sabid, encabezada por Ruiz. También se agregaría a ese escrito la existencia de nuevos contratos directos de arrendamiento y la convalidación por parte del municipio de pagos no autorizados por el tc.

Por otro lado, la dirigencia blanca también resolvió impulsar la creación de una comisión investigadora parlamentaria a mediados de agosto sobre la gestión de Bengoa en los casinos del Estado. En particular, el diputado Jorge Gandini pretende que la comisión indague en algunos negocios que ha impulsado Bengoa durante su actual gestión, como la rescisión de un contrato con la empresa Rondilcor por la explotación de una sala de juegos en el hotel Horacio Quiroga de Salto, la negociación por la prórroga de los plazos para la instalación de un casino en el hotel Radisson de Colonia con la empresa Tirley, la contratación como gerente técnico de contralor de Juan Kadjian (un ex funcionario del Hotel y Casino Oceanía), y los negocios con privados en diferentes salas del país en régimen de emprendimiento mixto.

Pero más allá de estas cuestiones funcionales, los blancos también persiguen la responsabilidad política de Astori en todo este asunto. De hecho, Gandini intentará convocar al ministro al Parlamento para que explique el papel que le cupo a Bengoa en la recolección de fondos para la campaña electoral de 2004, ya que dice poseer datos de que era uno de los que organizaba cenas y cobraba los tiques que luego engrosaron las arcas de su sector político.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INSISTE

El Tribunal de Cuentas (TC) volvió a observar la contratación directa y reiterada por parte de la Intendencia de Montevideo (Imm) de la empresa Sabid sa, que se encarga del mantenimiento de las máquinas tragamonedas en las salas del municipio. La primera resolución, del 27 de junio, observa la contratación directa dispuesta por el intendente Ricardo Ehrlich sin la intervención previa del tc y sin el agregando de la información necesaria que permita certificar que el precio fijado por Sabid corresponde al del mercado.

La segunda resolución del TC, del miércoles 11, responde a una solicitud de la Junta Departamental (impulsada por los ediles blancos y colorados) para ampliar el informe de auditoría del 25 de octubre de 2006 que quedó trunco porque la imm omitió entregar información necesaria para ello. En sus considerandos el tc insiste en que se le abonó a Sabid por un servicio de mantenimiento que ya estaba incluido en la oferta de las empresas arrendadoras, por lo que ese pago se realizó indebidamente.

Los cuestionamientos a la participación de Sabid, y de su titular Felipe Ruiz, en el proceso de arrendamiento y mantenimiento de tragamonedas, se vieron ampliados en las declaraciones que varios empresarios realizaron en la última semana en el marco de la investigación que se realiza en el Juzgado Penal de 6º Turno.