LA GOLPIZA A UN TESTIGO CLAVE.La camilla está erguida a medias. El hombre, recostado sobre su lado derecho - el que tiene menos hematomas -, apenas eleva la cabeza para ver quién se aproxima. La hinchazón está cediendo, pero los rastros de la golpiza perduran en el torso, en el rostro, en el cerebro invadido por un coágulo pertinaz.
Así quedó Asunción Alegre, cabo retirado del Ejército, un testigo clave en el proceso judicial por la desaparición en 1976 de la maestra y militante del pvp Elena Quinteros. El ensañamiento ocurrió el 24 de junio, cuando al menos dos hombres lo golpearon ferozmente en la calle, a 50 metros de la comisaría de La Paloma: "Me dijeron "traidor, hijo de puta, te vamos a matar, tupamaro", y me pateaban la cabeza en el piso", aseveró a Brecha, con voz cansina, entre la fuerte tos que aceleraba su respiración entrecortada.
Alegre debía comparecer dos días después de la golpiza ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, pero para entonces se encontraba internado en el Hospital de Rocha. El Cabo retirado había declarado a la televisión, y luego por escrito ante un escribano, que en 1976 el coronel Carlos Calcagno y el mayor Armando Méndez le habían ordenado enterrar el cuerpo de una mujer, entre otros, en el predio del Batallón Florida ubicado en el quilómetro 14 de camino Maldonado.
Alegre concedió una entrevista al periodista Celso Cuadro, del canal 8 de Rocha, y su declaración fue reemitida por Canal 12 de Montevideo. En ella contó, por ejemplo, cómo los cuerpos eran entregados en un jeep, se les colocaba cal viva - tanto que "aquello ardía" -, "se envolvían desnudos en una sábana blanca y arcilla", y se los enterraba en fosas de "tres metros de profundidad por 90 centímetros de ancho". A pesar de la ausencia del testigo, el 26 de junio el juez recorrió el cuartel junto con antropólogos y geógrafos, y delimitó un lugar para excavar, de acuerdo con los datos suministrados en la declaración escrita de Alegre.
AYER Y HOY
El soldado retirado vive en un casa precaria en el balneario La Paloma, y su vida se ha sumergido en la depresión social y personal. Se mantiene con una pensión militar que debe cobrar en el cuartel local, y es habitual verlo consumir alcohol. Su diálogo es disperso, confunde nombres y tiene dificultades para precisar fechas. Pero aun así, el testimonio de Alegre tiene un valor importante, puesto que desde hace más de 20 años - cuando su situación social no estaba tan sumergida - reitera la historia ante los lugareños, con detalles centrales que mantiene y enfatiza: "Estos datos sobre torturas y enterramientos me los había confiado a mí y a otros colegas a fines de los años ochenta, pero no se había atrevido a una entrevista. Eran otros tiempos; estaba Julio María Sanguinetti en el gobierno y los temas de la dictadura no se ventilaban como hoy", dijo a Brecha el periodista local Gerardo Martínez.
Hace cuatro años, durante el gobierno de Jorge Batlle, Alegre le había concedido la primera entrevista a Cuadro para el canal de cable de La Paloma y para el semanario del balneario. Pero sus declaraciones no trascendieron más allá del pueblo. "Alegre puede estar mal ahora, pero siempre ha hablado de las torturas, de los enterramientos de cuerpos que dice que le ordenaron, y siempre repite dos nombres: Carlos Calcagno y Armando Méndez", dijo Cuadro a Brecha.
El miércoles 4 reiteró esos nombres ante Brecha y denunció que unos días antes de la golpiza lo habían amenazado desde el cuartel de La Paloma. - Y ahí me amenazaron, que si no me callaba la boca me iba a costar mucho. Así me dijeron. - Unos días después le pegaron. - Sí, porque salí en la televisión. - ¿Usted está dispuesto a declarar esto ante la justicia? - Sí, claro que sí... porque el señor Méndez, Calcagno, los hermanos Veiga, ésos eran todos torturadores. Todos... le hacían de todo a la gente. A las muchachas... le hacían de todo.
En la entrevista, Alegre aporta nombres que asocia a las amenazas y a la golpiza, los que aún no pudieron ser corroborados por Brecha. Los hermanos Veiga son dos militares de Rocha, según afirmaron fuentes políticas vinculadas al departamento. Los denunciados como golpeadores, Juan Olariaga y Carlos Cuello, alias "El Carloncho", fueron detenidos pero quedaron en libertad aun como indagados. Alegre mencionó a otra persona, a la que atribuye un pasado militar, pero el dato aún no fue confirmado. En el parte policial entregado a la justicia figura que los golpeadores le gritaban "milico torturador" mientras pateaban a Alegre en el piso. Eso se ubica en las antípodas de "traidor, tupamaro". Los periodistas locales consultados señalan que Alegre "no tiene problemas con nadie" y no recuerdan que "le hayan pegado antes".
ESTIGMA
Pero en la historia aparecen otros aditivos. Alegre tiene una hermana que es militar, quien antes de la golpiza le había sugerido el silencio. "Mi hermana me dijo que mejor me callara la boca porque si no me iban a matar", sostuvo el agredido. La mujer trabaja en el Hospital Militar, y en el pueblo no se cansa de decir que su hermano "está loco, que no hay que darle corte". Lo dice a los vecinos, a los periodistas.
La prensa ha tenido un papel importante en la divulgación del testimonio de Alegre, pero también en la propagación de interpretaciones que acentúan la estigmatización del testigo. Unos días antes de la golpiza, el noticiero de Canal 4 sostuvo que "se desvirtúa" en la justicia la declaración del militar retirado por sus "contradicciones". Pero entre los actores del sistema judicial no se hacía esa lectura, según constató Brecha. Al otro día de la agresión, Últimas Noticias publicó que, de acuerdo a fuentes locales, se trató de "una pelea de borrachos".
Entre el jueves 28 y el viernes 29, tanto Canal 12 como La República difundieron la versión, citando fuentes militares, de que Alegre se había retirado en 1973, tres años antes de la desaparición de Elena Quinteros. El sábado 30, el abogado denunciante, Pablo Chargoñia, reafirmó en La República que Alegre estaba en actividad en 1976. En tanto, el periodista Cuadro dijo a Brecha que de acuerdo a sus conversaciones con periodistas de Canal 12, las fuentes castrenses no podían descartar un "reingreso" de Alegre, luego de 1973, quizá hasta en un marco "informal".
Una semana antes de la golpiza, operadores del sistema judicial trasmitieron a Brecha la preocupación por la seguridad de Alegre: "Se expuso demasiado al salir en la tele". Sin embargo, no se asignó custodia por orden judicial para prevenir lo que ocurrió. Es más, nadie resguarda hoy oficialmente la seguridad del testigo. La agresión ocurre en el contexto de una arremetida de los militares represores presos, quienes comenzaron a defenderse mediáticamente y a repartir acusaciones infames que pretenden dañar a figuras emblemáticas de la lucha contra la impunidad, como Tota Quinteros, que murió sin conocer la verdad acerca del destino de su hija.
Alegre, entumecido en la camilla, ausente por momentos, confuso por otros, repite un mensaje exactamente contrario al que difunden por estos días los victimarios: "Tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad de esa gente que mandó a matar gente y a enterrarlos también".
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