"De las entrañas de la vieja sociedad emerge la nueva..." (C. Marx, El Manifiesto Comunista, 1848)

Durante este período se desató una severa crisis de la acumulación capitalista asentada en el modelo neoliberal -a la criolla- impuesto desde la década de los años 80, que agotó las posibilidades de reproducción del ciclo económico, arrastrando consigo una dramática crisis social que golpeó duramente a los sectores populares y a las capas medias de la sociedad, ocasionando un éxodo migratorio internacional de alrededor de dos millones de personas.

Los grupos dominantes recurrieron como en otras ocasiones a la estatización de los enormes costos de la crisis bancaria y del sobreendeudado e ineficiente sector productivo, ocasionando el traslado de más de 8.500 millones de dólares en una operación de salvataje bancario, calificada como el asalto más grande a los fondos públicos perpetrado en la historia del país. Esta medida se complementó con la macrodevaluación y la dolarización de la economía que pulverizaron las deudas de los banqueros y empresarios y que acabaron con los ahorros congelados de cientos de miles de usuarios de la banca.

En el nivel político esta angustiosa pesadilla que experimentó el país provocó el continuo resquebrajamiento de las estructuras institucionales del Estado y de la legitimidad de los partidos políticos vinculados al poder. El derrumbe paulatino de las estructuras dominantes ha venido operando durante esta década a través de la constante movilización social, de los sorpresivos cambios electorales, de las constantes rupturas de la institucionalidad y del consiguiente debilitamiento de la hegemonía de los grupos oligárquicos y de las fuerzas vinculadas a los intereses imperiales corporativos.

Especialmente durante los últimos años, han sido afectados importantes objetivos e intereses de los grupos dominantes en eventos como la suspensión de las negociaciones del TLC, la anulación de la concesión petrolera a la OXY, la eliminación del FEIREP, la reforma de la ley de hidrocarburos que incrementa la participación estatal en la explotación petrolera; entre otros.

Los actores del campo popular

A medida que el conflicto se ha movido de una resistencia gremial y corporativa a una lucha política generalizada de naturaleza ciudadana, los diversos actores del campo popular, han experimentado significativas modificaciones en su configuración interna.

Hasta comienzos de la década de los años 90 el eje principal de la resistencia fueron los trabajadores del sector público, quienes a través del Frente Patriótico contra las Privatizaciones -que luego se convirtió en la Coordinadora de Movimientos Sociales-, impulsaron la defensa de las empresas y servicios estatales, agrupando a su interior a organizaciones del campo y a otros movimientos populares. Posteriormente se debilitaron a causa de sus conflictos internos de representación, de la caída de su legitimidad social por la constante paralización y deterioro de los servicios públicos y por la embestida antisindical de las políticas estatales.

Durante la década de los años 90 el protagonismo de la lucha social se trasladó hacia el movimiento indígena y campesino que, siendo afectado duramente por las políticas neoliberales agrarias, emprendió una activa y duradera movilización demandando la recuperación de los programas estatales de asistencia agropecuaria e incorporando además en su agenda reivindicaciones étnicas. El marcado énfasis que adquirió el indigenismo en su demanda programática provocó el paulatino distanciamiento de muchos aliados urbanos así como el debilitamiento de su influencia en las zonas rurales, la dispersión y el fraccionamiento al interior del movimiento campesino, mientras que muchos líderes como Antonio Vargas fueron cooptados por el poder, en flagrante contradicción con los postulados éticos del discurso indígena.

A pesar del reflujo que experimentan los movimientos sociales de carácter gremial y corporativo, su acción contribuyó significativamente a politizar la conciencia ciudadana, que luego de la traumática experiencia del congelamiento de los depósitos y del desvergonzado manejo patrimonial del poder, ha tomado distancia respecto del discurso tecnócrata neoliberal instalado por el bloque dominante desde los años 80. Esta corriente que no posee una definida forma de organización, sin embargo, se ha mostrado muy activa, llevando a cabo manifestaciones crecientes de cuestionamiento y de rechazo al sistema político que llegaron a su clímax durante la "revuelta forajida" que sacó del poder a Lucio Gutiérrez.

El "Movimiento País" que ha llevado al gobierno a Rafael Correa, sustentado en esta corriente ciudadana, a pesar de haberse construido como una organización electoral, ha demostrado una vez en el gobierno que posee un grado significativo de consistencia y madurez política y programática. En la composición del movimiento es posible identificar a lideres de movimientos sociales y políticos de izquierda, así como también a líderes de opinión identificados históricamente con la izquierda social.

Otra política es posible

El resultado de la consulta popular pone sobre la mesa aquello que se ha evitado reconocer al interior de los movimientos sociales y políticos, pues, el mensaje que claramente la población ha transmitido mediante su voto es que rechaza las prácticas políticas tradicionales sean estas de la partidocracia o de los movimientos populares.

Efectivamente a nombre de la "política real" los movimientos sociales y políticos han sucumbido a la tentación de utilizar similares estratagemas del adversario haciendo difusa la relación entre fines y medios, hasta convertir el medio del poder en un fin en sí mismo. Contrario a aquello, la conciencia ciudadana está exigiendo una práctica política que considere menos la noción de política como estratagema y asuma más la visión agustiniana de la política como bien común y como servicio.

La consulta popular demuestra además que no hay imprescindibles entre los actores sociales y políticos y que es posible avanzar aún sin el apoyo de uno u otro movimiento. Este es un llamado de atención para recuperar valores éticos poco considerados en la política, como la aceptación de que el cambio social puede producirse aún cuando no estemos en el centro de las decisiones y nos convoca a ser parte del sujeto transformador desde las posibilidades concretas de contribución al mismo.

A pesar de la formidable lección recibida, la convocatoria a la elección de representantes para la Asamblea Nacional Constituyente, ha generado tal expectativa por la participación con candidatos entre los movimientos sociales y políticos, que suman cincuenta y siete los grupos que han solicitado formularios para recoger firmas y llegarían a ser más de un mil los candidatos que se presenten. Este nivel de atomización podría convertirse en una ventaja para los partidos políticos tradicionales que alcanzarán a obtener asambleístas con la poca votación dura que todavía les queda.

Mientras se produce esta disputa por las candidaturas, es bastante poco lo que se ha avanzado en la formulación de propuestas desde el campo popular, aún menos es lo que se ha logrado acordar como tesis unitarias y es todavía menor el trabajo de construcción de fuerza social para presionar desde fuera de la Asamblea Constituyente por los cambios que se pretende alcanzar.

Insertarse en el nuevo ciclo político que empieza a surgir, pasando de la resistencia a la proposición y a la gestión del cambio deseable, de la oposición a la defensa de las transformaciones que están operándose, demanda de que los movimientos sociales y políticos del campo popular se renueven a su interior, dándose un baño de transparencia que extirpe las prácticas y discursos políticos desconectados de la nueva situación.

Colocarse a tono con el desafío presente constituye también un reto para el partido de gobierno, que deberá evitar la tentación de dejarse llevar por sentimientos triunfalistas y caer en la soberbia, reeditando las prácticas rechazadas por la conciencia ciudadana.