Sin embargo, por varias razones, se trata de una lectura indispensable". Agrega el Presidente que es indispensable su lectura "para conocer lo que pasó y hacernos cargo de un momento de nuestra historia que no por haber sido terrible debe ser eludido". Vázquez señala que "dar vuelta la página es un atajo que solo conduce a dejar preguntas sin respuesta, a agudizar el dolor individual, a denigrar a la sociedad y a deteriorar a sus instituciones" . Esta publicación es necesaria para "que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder", dice el Presidente y aclara que no se trata de un "punto final ni pretende generar unanimidades respecto a lo acontecido".

EL TERRORISMO DE ESTADO
Nuestro país vivió un largo período de "terrorismo de Estado". Nadie lo puede ignorar. Pero, ¿qué quiere decir "terrorismo de Estado"? Según Alvaro Rico "el concepto tiene un referente: el Estado, una institución cuya conducta, cuyo relacionamiento con la sociedad, cuya manera de comportarse frente a los ciudadanos es de control, de disciplinamiento, de no sujeción a ningún parámetro legal, por tanto arbitrario y que asume el terror, en sus variables: la represión, el encarcelamiento masivo, el exilio forzoso; el control de las conductas cotidianas de esa sociedad. El Estado asume mediante el miedo, como un componente fundamental de esa relación que entabla con la sociedad, el condicionamiento de reacciones, el castigo de conductas a los efectos de condicionar, incluso a priori, que las personas no actúen de determinada manera, que no reclamen de determinada manera". ¿Hasta dónde llegó el terrorismo de Estado? "Abarcó a toda la sociedad", responde sintéticamente el profesor R ico.

- ¿Cuál es el objeto de esta obra? - El objeto lo planteó la Presidencia de la República. De allí vino el convenio con la Universidad de la República (UDELAR), de complementar las investigaciones arqueológicas que se estaban haciendo, sobre posibles sitios de enterramientos de detenidos desaparecidos, con una investigación histórica que aportara en la reconstrucción de contextos históricos sociales, circunstancias de la desaparición de las personas, informes oficiales referidos al fenómeno de la desaparición forzada, consultas de archivos del Estado. Una vez realizado ese trabajo podía ser publicado por la Presidencia de la República en cumplimiento del artículo 4o de la Ley de Caducidad. El objeto de estudio fue investigar sobre detenidos desaparecidos, en base a, fundamentalmente, documentación localizada en la Comisión para la Paz y custodiada por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y otros archivos estatales sobre este tema, en el período histórico 1973-1985.

- ¿Ustedes no pudieron acceder a los archivos que recientemente encontró la Ministra de Defensa en el CGIOR? - Efectivamente. Ante consulta respecto a esos archivos se nos informó que estaban en proceso de organización. La mayoría de ellos eran archivos microfilmados, ante lo cual había que resolver técnicamente la lectura de los mismos en máquinas apropiadas, y que eso a su vez llevaba un tiempo de decodificación y de organización. Hasta allí llegó el planteo nuestro de acceder, en la medida que también entendimos que lleva un tiempo enorme la posibilidad de organizar eso en un archivo, porque es un depósito de documentos, y por lo tanto la disyuntiva era entregar en plazo la investigación encomendada o trabajar tres años más incluyendo la organización de archivos de ese tipo.

- ¿Encontraron algún documento que hablara de destrucción de ciertos archivos? - Sí, encontramos, pero son documentos que incluso estaban en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, hacia finales del período de la dictadura. Hubo decretos que involucraban a varios ministerios. Nosotros en el libro, a manera de ejemplo, colocamos dos de los ministerios, de Relaciones Exteriores y de Defensa, que determinan la destrucción de los archivos que no hubieran sido microfilmados, sin especificar demasiado quién lee esos archivos para decir "esto se microfilma y aquello queda en papel, y esto último se destruye", en manos de quién quedaba esa resolución final.

- ¿Es posible que se hayan conservado archivos microfilmados a los cuales ustedes no hayan podido acceder? - Es muy posible que haya archivos microfilmados a los cuales nosotros no pudimos acceder o sobre los cuales todavía no se tiene conocimiento de su existencia. Como equipo iniciamos por ejemplo gestiones en algún ministerio, recuerdo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para poder acceder a los archivos de la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Nos pareció que era importante ver los mecanismos represivos de la dictadura contra el movimiento obrero. Contamos allí con la colaboración del subsecretario del MTSS, Dr. Jorge Bruni y la respuesta fue que no había un registro oficial de ese archivo en el ámbito ministerial. Se nos facilitó la entrevista a viejos funcionarios que trabajaban en aquel período. Finalmente las indagatorias determinaron que ese archivo no estaba en ese ministerio. Seguramente está en otro lado, porque la Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) registraba absolutamente todo: los conflictos laborales, los despidos, las gestiones, las asambleas, pero allí no está. Lo mismo sucedió con el archivo de la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre el Escuadrón de la Muerte. Antiguos funcionarios del Palacio Legislativo nos informaron que había sido incautado por las Fuerzas Armadas (FFAA) en diciembre de 1973. Específicamente fue a buscarlo una patrulla militar. Era un archivo que no tenía actas escritas sino grabaciones y no quedó nada. También hicimos gestiones por los archivos de la COMASPO y tampoco fue posible localizarlos. Está pero no se sabe dónde.

- ¿Ese archivo contiene las conversaciones del Club Naval? - Sí, por ejemplo las negociaciones políticas. ¿Por qué nosotros, de alguna manera desembocamos en este tipo de archivos? Es que, en realidad el trabajo que encaramos, cuando se diseñó el guión de la investigación, implicaba no solamente los casos de detenidos desaparecidos. Hicimos un guión de investigación muy ambicioso, que en cierto modo lo cumplimos, que tuvo que ver con los casos de detenidos, los asesinatos políticos, los exiliados, la institucionalidad del régimen, justicia militar y sociedad civil, o sea el control y la vigilancia, las cosas cotidianas, etc.

- ¿Ustedes accedieron a archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)? - Sí.

- ¿Hasta qué período pudieron remontarse? - Eso es interesante porque el período que abarcamos fue de 1973 a 1985. Pero hubo que hacer una pequeña variación hacia atrás porque hay tres casos de detenidos desparecidos que son anteriores a la fecha del 27 de junio de 1973. En 1971 Abel Aya-la y Héctor Castagnetto y en 1973 Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en la medida en que, sobretodo en la DNII, íbamos encontrando antecedentes de las personas desaparecidas y ellos, a veces remitían a los años 60, fuimos más atrás. La orientación era dar cuenta de toda la información que el Estado recopiló, por lo menos en la que tuvimos acceso teníamos que hacerla pública. Seguramente hay más información sobre esas personas a la cual no tuvimos acceso. Es justamente en los años 60 que la dimensión de los archivos de la Inteligencia policial comienza a cobrar un volumen importante, sobretodo con aquellos ciudadanos desaparecidos que eran integrantes del MLN y que habían estado presos. Aparecen las requisitorias, la lista de deten idos, los casos de los uruguayos que estaban presos e hicieron uso de la opción constitucional de ser liberados hacia el exterior del país, y los desaparecidos en Chile.

- ¿Por qué hubo desaparecidos en Uruguay? - La desaparición forzada de personas se incorpora como un método de la represión político institucional en la región. Hay mucho intercambio, no sólo de información, sino también de personas, de personal represivo, de metodología. Por eso Chile, Uruguay, Argentina operan con métodos represivos similares, incluido el de la desaparición forzada. También el fenómeno de los desaparecidos comienza con el fenómeno del NN, la persona no identificada, que es una terminología que se va imponiendo en los partes de información, en los comunicados. El NN es integrado al lenguaje burocrático habitual policial y militar del régimen. La detención sin el reconocimiento de la misma, sin llegar a la desaparición, es una práctica habitual. Este es un antecedente muy importante de la lógica del caso del detenido no reconocido que luego muere en la tortura. Hay muchos casos de detenidos que durante meses se desconoce su paradero. En general cuando una persona era detenida, sus familiares desconocían el lugar donde se encontraba. Sí, hasta que "por orden de la autoridad" o "de la dirección" se hacía pública la detención. Esos casos fueron tan generalizados que en un determinado momento, por presiones de organismos internacionales, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen se vio obligado a abrir una oficina de identificación de personas en Camino Castro, en el Prado, a cargo del Coronel Maynard. Allí iban los familiares de los detenidos para averiguar sobre su destino. Era una manera de evitar el peregrinaje por los cuarteles o la visibilidad de los familiares preguntando por los detenidos. Se colocaban listados en el Prado, y en función de ellos los familiares podían dejar el paquete para sus familiares detenidos. Son antecedentes para llegar después a la desaparición. En el caso de esta metodología nos da la impresión, aunque habrá que seguir reflexionando, que en 1976 y años sucesivos hasta el 78, hay un cambio en la lógica represiva del Estado. En los años precedentes, en el caso de los detenidos que luego desaparecen, son generalmente casos de detenidos en operativos masivos, que implica cientos de detenidos, que en la tortura algunos son asesinados. Para no hacer pública la muerte, algunos de los informes de los comandantes en jefe, por ejemplo el de la Fuerza Aérea argumenta que es para evitar parte de las autopsias o por no tener el médico que pudiera hacer una autopsia secreta y mentirosa, se desaparecían las personas. En 1976 y años sucesivos hay operativos represivos que tienen por objeto la desaparición de las personas porque el tiempo de detención es mínimo, casos del PVP y PCU.

- ¿No se puede pensar que los detenidos desaparecidos hayan muerto por accidente? - Es parte del mecanismo sistematizado porque hay patrones repetitivos que conforman el comportamiento autoritario del régimen.

- ¿No fue solo contra determinadas organizaciones políticas? - Exacto, no se limitó a eso aunque en determinado momento sí tuvo por eje central determinadas organizaciones políticas o determinados dirigentes o lugares. Porque en esta lógica también hay momentos, períodos.

- ¿Cuál fue la estrategia? Porque parece no haberse desarrollado una represión al azar, sino por etapas. - En todo caso, si bien no fue el objeto central de estudio de esta investigación, hay antecedentes muy fuertes del comportamiento autoritario del Estado, antes que ese Estado sea una dictadura o un Estado terrorista. Los fenómenos de la represión masiva contra el movimiento sindical y contra organizaciones políticas de izquierda, legales o ilegales, en el ejemplo uruguayo, se dan por etapas. En los años 60, desde la emergencia del movimiento guerrillero, que de alguna manera coloca en un desafío muy importante al Estado, que es el desafío a su monopolio de la violencia, allí hay un centro de orientación de la represión del Estado contra esos movimientos. En esa misma dinámica que desemboca en la declaratoria del Estado de Guerra Interna, la represión se fue estructurando y especializando (organismos, personal, información, archivos, localización de personas, informes de inteligencia).

- ¿Hay un salto en calidad? Porque el prontuario de Inteligencia sobre Rodney Arismendi demostró que su vigilancia abarca desde los años 40 y la guerrilla recién aparece a mediados de los 60. - Sí, hay un hecho significativo cuando se analiza el contexto de América Latina que es el famoso tema de la guerra fría, todo el conflicto comunismo-sociedad occidental en la inmediata post segunda guerra mundial, de alguna manera es la atmósfera y Uruguay no está alejado de eso. Empiezan a ser objeto de vigilancia aquellas organizaciones aliadas o promotoras de modelos de vida de sociedades no occidentales o del comunismo. Esas organizaciones, por más trayectoria nacional o raigambre autóctona que tuvieran, de todas maneras son organizaciones adheridas a una Internacional o afiliadas a un conglomerado de partidos o a una nación extranjera que trabaja en lo nacional. A su vez, en sus filas, muchas veces tienen ciudadanos de otras nacionalidades como afiliados. La procedencia eslava de algunos de los afiliados, que en aquellos tiempos por fenómenos migratorios era muy fuerte, comienza a ser objeto de vigilancia. Una cosa es tener la guerra fría como marco y al comunismo como enemigo, pero ustedes registran un documento que dice algo muy singular en la página 194 del primer tomo. Esa lógica autoritaria que el Estado comienza a desplegar en determinado momento es una lógica muy envolvente. En parte porque es autojustificadora, entonces, a medida que va avanzando la represión y eliminando supuestos enemigos directos, necesita la continuidad y ella está en el aliado de esa organización que en términos políticos o militares está neutralizada. Entonces se necesita seguir con el aliado. Después que termina con el aliado, sigue con el amigo personal del aliado y con los amigos de los amigos. Por eso el sistema de vigilancia que se implantó sobre la sociedad uruguaya, hasta por la escala de la ciudad, del número de habitantes y del conocimiento que de ellos se tenía, fue mucho más riguroso. La dictadura uruguaya fue mucho más disciplinadora que exterminadora fueron otras. Aún queda por estudiar y reflexionar en el estudio comparado de las dictaduras en la región.