El gran cráter de ausencia documental directa obligó a los investigadores ­ historiadores y sociólogos que durante 21 meses trabajaron, encomendados por el presidente de la República, en la recopilación y análisis del material­ a redoblar el esfuerzo para dibujar un cuadro general de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura con documentación obtenida en fuentes gubernamentales, fuentes policiales y fuentes de ong del exterior. De todas formas, esa documentación consignada en el libro (y otra que no fue expresamente publicada) se constituye en un importante insumo para que la justicia avance en la investigación de casos denunciados, a fin de horadar el pertinaz ocultamiento de información por parte de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y de sus mandos.

PRUEBAS OCULTAS
La tarea misma de analizar los archivos de la cancillería, de inteligencia policial, del Archivo General de la Nación, de la Comisión para la Paz, dio pistas sobre la existencia de innumerables archivos militares a los que los investigadores no tuvieron acceso. Hay documentos obtenidos en el Departamento 3 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia elaborados por el Servicio de Información de Defensa (SID) en los que expresamente se consigna una distribución de 18 copias a diversos organismos, entre ellos la Prefectura Naval, el Ministerio de Defensa, el Organismo de Coordinación de Actividades Antisubversivas (OCOA), el Estado Mayor Conjunto (ESMACO), etcétera. Un "parte especial de información", elaborado por la División de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval, consigna 27 destinos, todos militares. Según ese parte, por lo menos diez prefecturas y subprefecturas departamentales recibían los documentos de la División de Inteligencia.

Las reiteradas referencias a la distribución de los documentos confirma que el papeleo se multiplicaba, de lo que se infiere que todas las unidades militares de cualquiera de las tres armas tenían sus archivos; algunos serían simplemente "depósitos de papeles" con escasa clasificación, otros más elaborados, verdaderos archivos estructurados con técnicas y criterios, como el archivo de la inteligencia policial. La suposición sobre la existencia de esos archivos parte del hecho de que en cada unidad militar con rango de batallón o regimiento existía ­ y existe­ un servicio específico de inteligencia, que en el Ejército se denomina S-2. Durante la dictadura los S-2 fueron el centro y motor de la actividad de cada unidad y estaban directamente vinculados al OCOA, al SID, a la respectiva división de Ejército y al Estado Mayor de cada arma. Ello, en primera instancia, refuerza los elementos de convicción sobre el conocimiento directo y la supervisión que los mandos tenían sobre las acciones represivas, tanto en el país como en el exterior, en aplicación de los acuerdos de coordinación con organismos militares y policiales extranjeros.

De fuente estrictamente militar, los investigadores accedieron a la biblioteca del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), donde se archivan documentos caratulados como "reservados" (en general evaluados como irrelevantes para la obtención de datos específicos) y documentación de la justicia militar. Algunos documentos militares fueron obtenidos en el archivo de la inteligencia policial, donde los investigadores estiman que obtuvieron una importante colaboración del personal. El mecanismo de trabajo consistía en solicitar documentación sobre un determinado tema y a partir de las referencias consignadas en ese material, solicitar otras carpetas. Fue imposible establecer si se accedía a todo el material archivado en esas carpetas y evaluar hasta qué punto los organismos militares remitían a inteligencia policial la totalidad de los documentos elaborados; en general, los documentos encontrados consignan referencias generales y oblicuas al centro del asunto.

Por ejemplo, un informe elaborado por el Departamento 3 del SID, de octubre de 1976, ofrece una especie de radiografía del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Afirma que el PVP "sufrió la pérdida de la mayoría de sus cuadros políticos. No obstante el sector militar no perdió ni un solo hombre. El aparato militar, después del golpe sufrido, decidió operar dentro de fronteras". Elípticamente, el documento se refiere a las acciones represivas contra el PVP en Argentina, pero no indica ni cómo ni quién, ni en función de qué directiva se asestó el "golpe" que provocó la "pérdida" de los cuadros políticos. Esa "pérdida" tiene la misma connotación que los "excesos" para referirse a la muerte de prisioneros durante las torturas; "pérdida" significa secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes.

Los investigadores no pudieron obtener directamente de fuentes militares ninguna referencia al Plan Cóndor; todo lo que se consigna al respecto en el libro es de origen extranjero, fundamentalmente el Archivo del Terror paraguayo y los documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos. Puesto que no se hace ninguna referencia específica, debe presumirse que los investigadores no obtuvieron, al menos oficialmente, en el archivo de inteligencia policial un documento firmado por el entonces Mayor José Gavazzo, fechado en agosto de 1975 y titulado "Junta de Coordinación Revolucionaria. Detención en Buenos Aires de tres uruguayos, dos chilenos y dos argentinos". El informe de Gavazzo refiere explícitamente a la coordinación represiva, y fue publicado por Brecha, que lo obtuvo formalmente de la inteligencia policial, a raíz de pedidos específicos de documentación sobre personas y operativos realizados en 1976.

EL ROL DE LA PRESIDENCIA
Las dificultades de los investigadores para acceder a los archivos militares tienen su origen en las primeras reuniones de coordinación que el equipo designado por Vázquez realizó con el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. En esas reuniones Fernández informó que no existían archivos militares. Los investigadores tenían la referencia de un decreto de 1984 que ordenaba la destrucción de la documentación que no hubiera sido microfilmada sobre las actividades represivas, de modo que aceptaron esa situación de hecho.

Sin embargo, el cuadro de situación cambió radicalmente cuando la Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, en una acción sorpresiva, ubicó un depósito de microfilmes en una dependencia militar de la calle Dante. Ese archivo, considerado de máxima importancia, está siendo actualmente procesado. Por ello los investigadores se habrían abstenido de solicitar el acceso, pero reiteraron ante Fernández su deseo de acceder a otros archivos, del SID, del ESMACO, de la Junta de Comandantes, que presumen existen. Según la información recabada por Brecha, la respuesta a la solicitud se fue dilatando, sin una definición, hasta que el equipo consideró, en noviembre último, que había culminado esta etapa de la tarea encomendada. Esa imposibilidad impidió, entre otras cosas, obtener referencias sobre el llamado "segundo vuelo" del cual, pese a su confirmación, todavía no existe información detallada acerca de la identidad de los prisioneros trasladados desde Buenos Aires ni sobre la decisión d e su desaparición que comprueba la práctica de los asesinatos masivos.

La actitud de la Presidencia respecto de los archivos militares es coherente con su política general hacia las Fuerzas Armadas. Expresa la misma ambigüedad que en lo referente a las desapariciones y los enterramientos clandestinos; solicitó información y se abstuvo de profundizar cuando el Ejército proporcionó datos falsos. La determinación de recopilar toda la documentación existente no incluye una decisión específica para ubicar el material básico (fundamental para la justicia), para relevar los distintos lugares de depósito de documentos y para concretar una verdadera "intervención" de esos archivos, a efectos de impedir la posible manipulación de los mismos. Es sintomático que, mientras no pudo ubicarse ningún documento interno específico sobre los operativos, hayan salido a la luz documentos relativos a declaraciones de prisioneros obtenidas bajo tortura. Los criterios prudentes de los investigadores han desactivado las posibles intenciones de utilizar tales documentos como " operativos de inteligencia".

Este primer tramo de recopilación y análisis de documentación debería prolongarse en una segunda etapa. Algunos de los miembros del equipo estiman que han accedido a apenas un 5 por ciento del total del material existente. Tienen la convicción de que no sólo existen archivos militares, sino de que gran parte del material decisivo fue multiplicado en varios "subarchivos", algunos personales, es decir, recopilados por los comandos directamente involucrados como mecanismo de resguardo de su impunidad. La historia revela (y se confirma con la experiencia del archivo paraguayo y los documentos desclasificados de Estados Unidos) que el material secreto y comprometedor nunca se destruye totalmente. Para asegurar la responsabilidad colectiva, los documentos se multiplican, en lugar de reducirse, y ése es un axioma tanto en el plano de las responsabilidades individuales como en el institucional de los organismos. Y ello porque la desconfianza es la materia prima de estas actividades d elictivas promovidas desde el propio poder del Estado. Nadie quiere quedar como chivo emisario.