 La investigación histórica sobre los desaparecidos.El denominado "libro blanco" aporta documentación relevante para las causas penales contra los represores, remarca la "responsabilidad institucional" del terrorismo de Estado, advierte la necesidad de abrir los archivos militares y alienta la búsqueda de la verdad acerca de los desaparecidos y de los niños presuntamente nacidos en cautiverio.
En su introducción, la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos señala que "la práctica de la desaparición forzada de personas como manifestación extrema del terrorismo de Estado fue expresión de voluntad de un régimen instituido arbitrariamente y ejecutada por su personal burocrático, con financiamiento y medios oficiales que abarcaron hasta las relaciones diplomáticas". Esta interpretación, basada en el análisis de documentación oficial de la época represiva, deja aun más en evidencia la teoría falaz de que las desapariciones y asesinatos fueron cuestiones aisladas o producto de responsabilidades personales y no institucionales (véase entrevista con Álvaro Rico).
El libro fue impulsado en 2005 por la Presidencia de la República y se concretó mediante un convenio con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de la República. La coordinación del trabajo estuvo a cargo del historiador Álvaro Rico y contó con la supervisión académica de sus colegas José Pedro Barrán y Gerardo Caetano. Pero además, trabajó un grupo de 16 técnicos que hicieron posible el hallazgo, revisión y análisis de miles de documentos oficiales, y la confección de una obra en cinco volúmenes que suman más de 3.500 páginas.
"La investigación del período 1973-1985 refererida a la desaparición forzada de personas se centró, fundamentalmente, en los documentos oficiales que permiten ilustrar esas lógicas autoritarias", remarca el libro. Para ello se consultaron 19 archivos, pero algunos otros resultaron esquivos.
ACCESO DENEGADO
El equipo de investigación "realizó gestiones que no prosperaron" en el intento de consultar los archivos de la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), instalada en el Ministerio de Trabajo, y el archivo de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO). Tampoco tuvo acceso a "documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional", salvo a los archivos del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), en los que no había información relevante. Es decir, los archivos del Servicio de Información de Defensa (SID), del Esmaco, de la Junta de Comandantes en Jefe, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada resultaron inaccesibles. Esto demuestra una vez más que los sectores militares no tienen interés en apoyar la búsqueda de la verdad. Y deja en evidencia que la voluntad política del gobierno no ha logrado imponerse a las concepciones militares antidemocráticas.
Por ello, "las referencias a informes militares vinculados al tema e incorporados al libro fueron obtenidas a través de fuentes documentales ubicadas en otros archivos", como el de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Ministerio del Interior), el de la cancillería, y en menor medida el de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Los investigadores aclaran que revisaron la documentación "sin ninguna restricción" durante algo más de un año.
CÓNDOR
El capítulo que analiza la coordinación represiva regional refiere a que la Operación Cóndor, iniciada en 1975, es quizá la más importante de las instancias de colaboración entre los aparatos represivos del Cono Sur. Pero aclara que la coordinación y las acciones conjuntas existieron "antes y después de los períodos autoritarios de los años sesenta, setenta y ochenta". No obstante, la investigación se dedica fundamentalmente al período dictatorial uruguayo.
"La gran novedad de esta época fue la flagrante ilegalidad de los mecanismos empleados, con estructuras paralelas a las cadenas conocidas de mando militares y policiales, y el consiguiente secreto que aún rodea todas estas actividades", señala el libro.
En ese contexto agrega que hubiera sido "clave para estudiar estos temas" el acceso a los archivos militares, y señala "la ausencia de un proyecto de desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos, similar a lo realizado para Argentina y Chile".
"Las dictaduras implantadas entre 1964 y 1976 en el Cono Sur (Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay) justificaron, bajo la concepción de ‘defensa de la soberanía interna', ‘guerra antisubversiva' y ‘enemigo interno', la configuración de un territorio represivo único en el que las fuerzas de seguridad operaron en forma coordinada en el marco del denominado Plan Cóndor y compartieron así ideologías, objetivos y métodos", asevera.
Los investigadores recuerdan que en octubre de 1974 un agente secreto chileno radicado en Buenos Aires, con contactos con la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Policía Federal argentinas, mencionaba la idea de crear una "comunidad de información anticomunista a nivel continental con militares argentinos y uruguayos", y señalaba que esos individuos estaban "interesados en hacer contacto con los chilenos".
"A esa altura ya existían canales de intercambio de información y colaboración que permitían reprimir la militancia de los latinoamericanos que vivían en Argentina", sostiene la obra. Uno de los ejemplos manejado por los investigadores es el de la ejecución en diciembre de 1974, en Soca, de los cinco desaparecidos trasladados desde Buenos Aires.* Al respecto se reproduce un Parte Especial de Información del Estado Mayor del Ejército, fechado el 18 de diciembre de 1974 y firmado por el entonces director accidental del sid, Calixto de Armas. El documento refiere a "información obtenida por ocoa" en 1973, contiene nombres y alias verdaderos de los asesinados en Soca y una "breve reseña de lo que cada uno de ellos había hecho en los últimos años".
La documentación expuesta en el libro respecto a la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina en 1974 -antes de la formación oficial de la Operación Cóndor- reforzará la investigación judicial por la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios. En ese sentido figura un documento ("Partes de novedades diarias") del Departamento 4 de la dnii, fechado el 6 de abril de 1974, y ubicado en el archivo de ese organismo.
El libro acopia decenas de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y de otros organismos extranjeros que acreditan la fundación y el funcionamiento de la Operación Cóndor. Y señala que Estados Unidos fue "central en el entrenamiento y abastecimiento de las fuerzas represivas de los países del Cono Sur, por lo menos desde el comienzo de la Guerra Fría". Los documentos reunidos demuestran que "varias agencias del gobierno de los Estados Unidos tuvieron temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva ilegal de los años setenta y no hicieron demasiados esfuerzos por detenerla hasta que se pasó a la tercera fase de acción". El primer documento oficial que refiere al Cóndor por su nombre es un resumen semanal de la cia fechado el 2 de julio de 1976, que se reproduce en el libro.
También se acopia documentación -básicamente extranjera- que verifica la participación de Uruguay en la Operación Cóndor. Algunos de esos documentos llevan la firma del represor José Nino Gavazzo, hoy preso.
PVP, PCR, GAU
Los historiadores señalan que en la etapa más activa del Cóndor, el operativo "más evidente planteado desde Uruguay" fue la desarticulación del PVP, que inicialmente formó parte de la Operación Morgan, desatada también contra el Partido Comunista desde el 20 de octubre de 1975.
En mayo de 1976 en Argentina se cometen los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw; y la desaparición del dirigente comunista Manuel Liberoff. Entre junio y octubre de ese año ocurre una profundización de la represión contra el PVP, cuyos máximos dirigentes son llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti; en octubre se produce el denominado "segundo vuelo", que traslada ilegalmente a Uruguay a una veintena de dirigentes del PVP -hoy desaparecidos- que presumiblemente fueron ejecutados.
El libro contiene un informe del Departamento III del SID, fechado el 26 de junio de 1976, sobre "presuntas operaciones a realizarse por parte del PVP". Otro con la "carátula y extracto de la lista de términos utilizados por el PVP en sus documentos internos, y decodificados por inteligencia militar", de julio de 1976. Y, entre otros, un informe militar de octubre de 1976 sobre "un presunto plan militar del PVP y el desbaratamiento del mismo".
Más allá de los datos aportados en el informe oficial de la Fuerza Aérea al presidente de la República, el 8 de agosto de 2005 -y que se adjunta al libro-, los investigadores no hallaron otra documentación sobre el "segundo vuelo". Sí sobre uruguayos detenidos y trasladados ilegalmente en 1977 desde Paraguay a Argentina,** y de argentinos detenidos y enviados de Montevideo a Buenos Aires.
Entre 1976 y 1978 se terminó de desbaratar al pcr. El 8 de febrero del 76 en Buenos Aires fueron detenidos Nebio Melo Cuesta -hijo de Luisa Cuesta- y Winston Mazzuchi, que integraban la dirección del pcr. Ambos se encuentran desaparecidos desde entonces.
El libro aporta un "Parte especial de información del Estado Mayor del Ejército", de agosto de 1977, en el que se reconoce la "desaparición" de los dirigentes, y se indica que gracias a ello se desbarató una fracción importante del grupo.
En 1978 se producen más detenciones y desapariciones de integrantes del pcr en Argentina y Uruguay. El libro revela un informe del Departamento II del Ejército sobre la "situación del pcr a comienzos de 1978", fechado en enero de 1978. Y otro, del 16 de enero de ese año, de la Junta de Comandantes en Jefe que contiene documentación incautada al grupo. Este año, 1978, es clave para las investigaciones judiciales, pues el jefe del Ejército era Gregorio Álvarez, uno de los principales indagados por los crímenes de lesa humanidad de aquel período.
Álvarez también se encuentra involucrado en las desapariciones de los integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), operativo que se inicia en 1977 y continúa hasta 1978. Los investigadores sostienen que en estos casos de coordinación represiva no sólo participan la Armada uruguaya y la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, sino que se aprecia una participación importante del Ejército uruguayo.
A partir de la detención, el 16 de noviembre de 1977, en Colonia, del dirigente montonero Óscar de Gregorio, "es altamente probable" que al descubrirse la "existencia de una estructura gau, reorganizada en la clandestinidad en Montevideo y detenidos o muertos todos los montoneros que pudieron ser identificados en Uruguay, se haya recurrido a canales y mecanismos de coordinación represiva argentino-uruguaya existentes desde antes de la activación de la Operación Cóndor", señala el libro. Y añade que "esa coordinación había operado a través del sid uruguayo y de la side argentina para desmantelar a la estructura del pvp en Buenos Aires, entre abril y octubre de 1976. Probablemente esos vínculos se hayan prolongado en la coordinación represiva hacia comienzos de 1977 y 1978, con mayor protagonismo, entonces, del Ejército".
Los investigadores confeccionaron gráficas en las que se aprecia claramente que los momentos de mayor represión de la dictadura, y en los que se registran más casos de desaparecidos, ocurrieron en los años 76, 77, y 78.
En su tercer tomo (página 787) el libro destaca "casos aún no aclarados de niños presuntamente nacidos en cautiverio en Argentina". Así, refiere al caso del hijo/a de Adriana Gatti Casal y Ricardo Carpintero Lobo.
Adriana estaba "embarazada de 9 meses" cuando fue detenida el 8 de abril de 1977 en Buenos Aires. "En el momento de la detención fue herida de bala y conducida al Hospital Alvear. En ese episodio también fueron asesinados Eduardo Testa y Norma Inés Musuyuma".
El 17 de mayo de 1977 se realizó la partida de defunción de Adriana Gatti. Fue firmada por el médico "Manuel Raúl Montesinos, interviniente Noel Félix Diperna". En esa partida "no se daba cuenta de su embarazo".
El cuerpo fue enterrado como nn en el Cementerio de la Chacarita. Seis años después, hacia mediados de 1983, sus restos fueron exhumados e identificados.
El 9 de setiembre de 1983, "el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas realizó una segunda partida de defunción que tampoco daba cuenta de su embarazo". Por volutand de su madre, los restos fueron trasladados a España.
Otro de los casos de niños presuntamente nacidos en cautiverio refiere a la pareja formada por María Emilia Islas Gatti y Jorge Zaffaroni. "Según testimonios, se presume que en el momento de su detención (María Emilia) cursaba un embarazo de tres meses", señalan los investigadores. Si se confirma tal versión, "debió dar a luz en marzo de 1977".
Un caso similar es el de Blanca Haydée Altman, embarazada de tres meses cuando fue detenida: "Varios testigos confirman el embarazo de Blanca Altman, pero no hay ninguna confirmación del nacimiento del hijo/a. De confirmarse dicha versión, debió dar a luz en enero de 1978", señala el libro.
* Héctor Brum y su esposa, María de los Ángeles Corbo; Graciela Estefanell; Floreal García y su esposa, Yolanda Hernández. Todos del mln.
** Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, además de los argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Landi.Aún quedan niños por buscar
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