La crisis del viejo Estado estalla cada vez con más fuerza en protestas de sindicatos y asociaciones sin que la administración de Evo Morales, con su programa de gobierno burocrático burgués, pueda responder o solucionar nada. Es más, el "gobierno de cambio" utiliza contra esos sectores las viejas y repetidas prácticas de sus antecesores al descalificarlos con el fácil argumento de que están "financiados por la oposición" y "pagados por el narcotráfico".
Así acusó el ex campesino Evo Morales a sus propias bases del norte de La Paz que querían entrar a tomar posesión de terrenos en la reserva ecológica del Parque Madidi en mayo pasado. Mientras los campesinos pobres exigían una redistribución de tierras equitativa y denunciaban que carecen de tierras para trabajar, Evo Morales los imputó de estar financiados por el narcotráfico y por los contrabandistas de madera, junto a eso envió a militares y policías para que sacara con violencia a los campesinos, pero los uniformados salieron trasquilados pues allá les confiscaron sus armas. A pesar de la dura protesta que mostró que la autodenominada "revolución agraria" de Evo es una falacia, los campesinos sólo obtuvieron (en un acuerdo el miércoles 6) la promesa de retirar las acusaciones que los vinculan a delincuentes y de que se les dotará de tierras fuera de la reserva ecológica.
Así como con los campesinos, el Gobierno tiene la política de paliar provisionalmente los problemas. Los maestros sostuvieron el conflicto por 7% de incremento al salario, aumento de bonos y 10 mil nuevos ítems para atender los requerimientos de los estudiantes. El ministro de Educación y militante del Partido Comunista Boliviano (PCB), Víctor Cáceres, hizo gestiones para declarar ilegal las protestas y descontar el sueldo a los profesores, como amenaza de sanción por los días no trabajados. El dirigente de los maestros de La Paz José Luis Álvarez (trotskista) dijo después que el PCB gestionó con los dirigentes de la Confederación Nacional de Maestros, del mismo partido, el acuerdo que desmovilizó a los profesores con un 6% de aumento en los salarios. En medio de la protesta, Evo Morales abrió la posibilidad de declarar "profesión libre" al maestro, previo referéndum, en un alarde de desenfrenado democratismo burgués. En el epílogo del conflicto, el ministro Cáceres renunció a su cargo el viernes porque, es vox populi, no quiso descontar los sueldos a los maestros en los hechos, cuando Evo exige que se dé un escarmiento duro a ese sector.
A esta protesta se sumaron los estudiantes universitarios de pedagogía, quienes exigieron que el proyecto de ley de reforma educativa "Avelino Siñani" los incorpore al escalafón de magisterio, es decir que cuando egresen de la universidad puedan entrar a trabajar como maestros en las escuelas y colegios. Los estudiantes en todo el país sólo recibieron como respuesta gases lacrimógenos y bombas de agua de la Policía. La paradoja es que ellos sólo piden "inclusión" que tanto pregona el gobierno. Otra vez la respuesta de los sindicatos de padres de familia, afines al MAS, fue pedir que se declare la "profesión libre", una medida que en la forma afecta a la fuente laboral de los maestros, pero que principalmente atenta contra la educación pública y gratuita que debe garantizar el Estado.
Otra masiva movilización de los pequeños comerciantes de ropa usada americana está suspendida, ellos insisten en que si tuvieran trabajo abandonarían su actividad de ropavejeros. Miles de delegados, representantes de los 250 mil vendedores, concentraron su protesta en mayo durante una semana en La Paz porque el gobierno prohibió la importación de esas prendas al país a partir de abril de este año. Evo les ofreció una "reconversión productiva" o "medida de dignidad nacional", es decir créditos del recientemente creado Banco de Desarrollo Productivo, para que se dediquen a vender otras mercancías o comiencen a producir, individual o colectivamente, diferentes productos. Sin embargo, los llamados ropavejeros argumentan que los 600 millones de dólares que ofrece el gobierno alcanzarán a 40 dólares por persona. Al final los ropavejeros, una mayoría de ellos mujeres, se inscribieron masivamente para recibir créditos, sin embargo todavía no saben qué otras mercancías pueden vender en el mercado atiborrado de productos de contrabando.
Al mismo tiempo se declararon en emergencia los artesanos confeccionistas de ropa y zapatos, pidiendo que el gobierno deje de pagar a los padres de escolares el demagógico bono Juancito Pinto (200 bolivianos) y más bien invierta ese dinero en comprarles sus productos para entregar zapatos o ropa a los niños. La artesana Ana María Luque anunció que van a salir a protestar, además, para que se impida la importación de zapatos chinos "porque desmotivan la industria local".
En medio de esta situación los ropavejeros y los microempresarios confeccionistas se enfrentaron en la ciudad de Santa Cruz a golpes por el escaso mercado. Lo cierto es que la pobreza y falta de perspectivas pone a la gente de todos los sectores sin más alternativas que salir a luchar en busca de su sobrevivencia.
Otro conflicto suspendido temporalmente por el gobierno es el de las personas con discapacidad que salieron a bloquear calles, tomar edificios y marchar en las avenidas por el pago del bono de equidad de 5.000 bolivianos por año, prometido a ese sector por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en su campaña electoral. Ante este reclamo, el propio Evo Morales salió a decir que los discapacitados están financiados por la Prefectura de Cochabamba, donde gobierna su opositor Manfred Reyes Villa.
A este panorama, el 10 de mayo el ministro de Gobierno y ex asesor de sindicatos, Alfredo Rada, dijo que todas las manifestaciones tienen carácter político y que están impulsadas por fuerzas de la oposición que "pretenden provocar inestabilidad social". Los discapacitados levantaron sus protestas, luego de la muerte de uno de sus compañeros, porque el gobierno prometió un bono para el próximo año y la posibilidad de gestionar créditos del Banco de Desarrollo Productivo, una promesa demagógica porque ellos pudieron tramitar créditos bancarios sin ayuda del gobierno.
El contexto de conflictos no termina ahí. Los salubristas cumplieron 13 días de paro en mayo por un aumento de 7% en el sueldo y 5.000 nuevos puestos de trabajo para cubrir la demanda del pueblo, al final recibieron el 6% y un proceso penal en contra de los dirigentes, iniciado por la ministra de Salud y conocida ex Ejército de Liberación Nacional, Nila Heredia, por los delitos de secuestro, rebeldía, privación de libertad, interferencia a actividad laboral y destrucción de bienes del Estado por haber tomado el edificio del Ministerio durante las protestas. Los mineros cooperativistas piden más concesiones de yacimientos para explotar; los policías subalternos piden una nivelación de salarios; los choferes sindicalizados están en contra del pago de peajes y por la construcción de caminos; los indígenas del Chaco exigen que se canalice de una buena vez el dinero de los hidrocarburos para desarrollar su región; y hasta los ex combatientes de la Guerra del Chaco, que son utilizados en la propaganda del gobierno en su "nacionalización" de hidrocarburos, reclaman que no les eliminen su bono anual que les correspondía por ser beneméritos.
Pero para el Gobierno no existen problemas. Ante tal atosigamiento de los sindicatos, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, salió a mostrar sus estadísticas, el 28 de mayo, para decir que en lo que va de este año sólo hubo 200 conflictos en el país, mientras que en 2005 hubo 616. Este señor suele decir, como si fuera un gran descubrimiento, que las protestas sindicales tienen motivaciones políticas, que no hay motivos para protestar porque éste "es un gobierno de cambios". Cada vez que puede, amenaza con caer con todo "el peso de la ley" y de sus aparatos represivos sobre los sectores sociales que protestan contra el gobierno.
Para el "gobierno de los movimientos sociales" sólo son legítimos representantes aquellos sectores que están a su lado y reciben sus instructivas, los que protestan, incluso aquellos que votaron por el MAS pero sienten que sus problemas no son resueltos (como los campesinos del Madidi que son militantes del MAS), son llamados narcotraficantes, financiados por contrabandistas y parte de la oposición.
Lo cierto es que las medidas reformistas del MAS no pueden resolver la crisis del viejo Estado y las demandas temporalmente postergadas, van a volver a presentarse con más fuerza cada vez.