Lo que está sucediendo con algunos jueces y fiscales uruguayos es muy curioso. Luego de mas de 20 años en los que no se procesó a nadie por motivos ideológicos, desde la asunción del gobierno progresista estamos asistiendo a una seguidilla de casos de este tipo. Y todos tienen numerador y denominador común: los procesados integran la izquierda extraparlamentaria y fueron detenidos en el marco de protestas contra los Estados Unidos de América y/o su presidente.

Quien comenzó con esta moda fue el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, cuando en noviembre de 2005 procesó por "sedición" a varios detenidos durante una manifestación en protesta por la presencia del presidente George W. Bush en Buenos Aires y la firma de un TIFA entre Uruguay y Estados Unidos. Hace quince días, la jueza Graciela Gatti hizo lugar a un pedido del fiscal Enrique Moller y procesó también por "sedición" a un joven acusado de romper la vidriera de un McDonald's durante una manifestación en protesta por la visita del mismo presidente a Uruguay. La semana pasada, la jueza Aída Vera Barretto optó por acusar de "vilipendio de emblemas extranjeros" a un manifestante que prendió fuego una hoja de papel en la que había dibujado algo parecido a una bandera estadounidense.

¿Que es lo que está pasando? ¿Es casualidad todo esto? La misma jueza Aida Vera Barretto reconoció que este delito de "vilipendio de emblemas extranjeros" no se había tipificado nunca antes en nuestro país. Desde que fue incluído en el Código Penal en 1934, a ningún juez se le ocurrió nunca procesar a nadie por algo parecido. Desde 1960 hasta acá, en Uruguay se han prendido fuego miles de banderas estadounidenses hechas y derechas (alguien preguntó irónico: "¿Es que se puede hacer otra cosa con una bandera estadounidense que no sea quemarla? ¿No fueron hechas para eso?"), y ni en las peores épocas (ni en la pre dictadura del Partido Colorado, ni en la Dictadura Patronal - Militar) se procesó a nadie por eso.

¿Por qué entonces aparece ahora este "celo" entre algunos jueces y algún fiscal? Se podrá decir que la Justicia es ciega, pero los jueces y los fiscales no lo son. Cuando hacen una cosa, la hacen por algo. Nadie puede provocar la conmoción que están provocando estos procesamientos sin darse cuenta de lo que está haciendo. Me cuesta pensar que estos jueces y fiscales le están "haciendo el mandado" al gobierno con el fin de criminalizar la protesta, amedrentando y desestimulando así a futuros manifestantes. Pero bueno, el gobierno progresista ya podría haber derogado el artículo del Código Penal que tipifica el delito de "sedición". No lo hizo, no lo hace, por algo será. Todo esto no sólo es muy triste, sino que también es vergonzoso. ¡Quien te ha visto y quién te ve!

2) MADRES Y FAMILIARES SE DISTANCIAN DE VÁZQUEZ
GONZALO FERNÁNDEZ ADMITIÓ ERROR POLÍTICO
Loreley Nicrosi (El País)

La organización Madres y Familiares de detenidos desaparecidos se distanció ayer de las últimas decisiones políticas del Presidente Tabaré Vázquez en materia de Derechos Humanos, que consideran un cambio de estrategia del gobierno.

La organización defendió su "independencia" respecto al gobierno y el Frente Amplio y advirtió que "tiene las manos libres" para realizar las acciones que crea conveniente. Reclamó además la puesta en marcha de la Secretaría de Seguimiento que el gobierno se comprometió a crear cuando dio por cerrada la búsqueda de los desaparecidos, y exigió la "reparación integral" de sus familiares desaparecidos.

Por su parte, el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, habría admitido ayer ante una delegación de Madres y Familiares que fue "un error político" incluir a los desaparecidos en el proyecto de reparación a las víctimas de la sedición que el gobierno remitió al parlamento, según integrantes de Familiares. Dijeron que Fernández les anunció que trabaja en una alternativa al proyecto.

Las bancadas de Senadores y Diputados del Frente Amplio también manifestaron su discrepancia con la iniciativa que equipara a las víctimas de la sedición con los desaparecidos. Las objeciones a las decisiones adoptadas por Vázquez para cerrar las heridas del pasado, fueron manifestadas ayer por una delegación de la organización Madres y Familiares que se reunieron con Fernández, según lo señaló a El País Oscar Urtasun, integrante de ese grupo.

Durante el encuentro, la delegación de Familiares le dijo a Fernández que iban enfrentar "la opinión oficial de la teoría de los dos demonios y el día del "nunca más", tal como está propuesto, porque está desvirtuado. Nuestra posición es bien clara, nosotros decidimos nunca más al terrorismo de Estado", precisó Urtasun. Agregó que también la organización está en "desacuerdo con la concepción de reconciliación", que a través de distintas manifestaciones públicas han realizado integrantes del gobierno. Para Urtasun, no puede haber reconciliación mientas "los militares sigan secuestrando información". Solo aparecieron dos restos de desaparecidos", dijo.

"Ratificamos nuestro rechazo al proyecto de (Daniel) García Pintos. Lo que pretendemos no tiene nada que ver con ese proyecto que nació enfermo. Reclamamos la reparación integral no en un plano de igualdad en base a la teoría de los dos demonios, discrepamos también con el 19 de junio como el día del "nunca más", no por la fecha. No puede haber nunca más cuando lo llenan de reconciliación ese día", advirtió Urtasun. Agregó que el Poder Ejecutivo puede "oficialmente cerrar cuando quiera el tema, pero nosotros vamos a seguir en la misma", alertó.

Ante los planteos, Fernández admitió que "fue un error" incorporar a los desaparecidos en el proyecto de García Pintos que el gobierno hizo suyo, pero les reiteró que para el gobierno el tema sobre los desaparecidos "está cerrado al no haber flujo de información" de los integrantes de las Fuerzas Armadas sobre las violaciones a los Derechos Humanos, dijo Urtasun. Urtasun agregó que la organización "reclamó poner más énfasis en la Secretaria de Seguimiento". "Que haya presencia oficial, que se haga efectiva", subrayó.

Interrogado por El País respecto a qué respuesta habían recibido por parte de Fernández, el integrante de la organización respondió: "el gobierno es receptor a las ideas, pero en la práctica no se concreta". Familiares entienden que la indemnización de U$S 150 mil que plantea el gobierno en el proyecto de reparación "es sólo una parte" y consideran que toda la situación de los desaparecidos debe ser contemplada en un proyecto de ley independiente al de García Pintos.

Además sostienen que en la reparación deben ser incluidos los asesinados antes y durante la dictadura, así como los uruguayos desaparecidos fuera del territorio nacional. Es decir que en la reparación deberían ser incluidos más de 200 personas.