Por: Sergio Israel
Brecha 23/3/07

Finalmente la semana pasada el gobierno hizo llegar extraoficialmente al Parlamento un borrador del anunciado anteproyecto de Ley de Defensa Nacional. Se trata de un texto de 31 artículos en los cuales se formulan las grandes líneas en la materia que produjo el Debate Nacional, promovido el año pasado con el apoyo de la Universidad de la República y las Naciones Unidas.

Todo indica que la norma será aprobada sin grandes modificaciones con los votos, al menos, del Partido Nacional. Ello se explica en parte porque Beatriz Otero, asesora del Senador Gustavo Penadés, a la sazón principal referente del Herrerismo en esta materia, fue una de las coordinadoras del Debate junto al Mayor retirado Félix Besillo y al politólogo Julián González.

Otero colaboró también en la redacción del anteproyecto, en el cual se incluyen varias de las ideas que los herreristas tienen en la materia: la creación de un gabinete de defensa, llamado en el texto Consejo de Defensa Nacional (CODENA), y un Estado Mayor de la Defensa (ESMADE).

El primero actuará a nivel del Poder Ejecutivo y podrá ser convocado por el Presidente de la República. Se trata de un órgano asesor y consultivo del Jefe de Estado, que tendría solamente tres miembros natos (además del mandatario): los Ministros de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior. En un principio se había pensado que el CODENA -como el COSENA de la dictadura- estuviera integrado también por los Comandantes en Jefe de las tres fuerzas, e incluso por el Jefe del ESMADE y por legisladores.

Sin embargo, el texto presentado por el Ejecutivo (artículo 11) determina apenas que para casos puntuales el Presidente podrá invitar a otras autoridades, legisladores, miembros del Poder Judicial, "así como personas cuyo conocimiento o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse".

En este punto habrían surgido las primeras discrepancias en la bancada oficialista. Para cierta irritación de los jerarcas de Defensa, que pensaban que el borrador precisaba un tiempo mayor de discusión en reserva, el texto llegó la semana pasada a la prensa, y casi al mismo tiempo se tuvo noticia de una reunión que se habría realizado el viernes 16 entre los legisladores del MPP Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Saravia, Luis Rosadilla y Víctor Semproni con tres Oficiales en actividad allegados a ese sector (El País, sábado 17).

De la reunión habría surgido la inquietud por ampliar los miembros del CODENA, incluyendo a militares y legisladores, aunque todo indica que el gobierno se mantendrá firme en este punto. Consultado por Brecha, Fernández Huidobro negó la existencia de la reunión, aunque reconoció que la opinión mayoritaria de su sector es que se incluya a militares.

¿ORIENTALES AL FRENTE? Con todo, el asunto que provocó mayores comentarios y mostró cómo reacciona la izquierda ante ciertos temas fue la propuesta del Diputado Semproni (MPP) de volver a la instrucción militar obligatoria. Semproni basó su argumentación en la necesidad de preparar a la población para la defensa del país en caso de guerra. El propio borrador del proyecto enviado por el Ejecutivo afirma en su artículo 2 que la defensa nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y términos que se establecen en la Constitución y las leyes, aunque más adelante (artículo 28) sostiene que la instrucción militar y el enrolamiento son voluntarios.

Precisamente la vigente ley 9.943 prevé el servicio militar obligatorio. Aunque la norma está en desuso, existen opiniones encontradas respecto a qué hacer con ella. Mientras el Diputado blanco Javier García propone derogarla, hay otros que prefieren mantenerla como una reserva para echar mano de ella en cualquier momento. La propuesta de Semproni, en cambio, está encaminada no al servicio militar sino a la instrucción militar en los liceos. La Directora de Secundaria, Alex Mazzei, tiene una opinión contraria a la propuesta.

Aunque en principio el principal referente del sector en materia de Defensa, Fernández Huidobro, apoyaba la medida, quizás pensando en la teoría de las guerras asimétricas, en la actualidad la considera inoportuna. La Senadora Lucía Topolanski, del mismo sector, tomó un camino intermedio: dijo que un régimen de internados con servicio civil ayuda a la maduración de los jóvenes y a que corten el cordón con su familia.

De todas formas, las reacciones de rechazo dentro y fuera de la bancada frenteamplista fueron tantas que seguramente la iniciativa quedará pronto olvidada. Antes que pensar en militarizar a la población, dijo a Brecha un Oficial en retiro, habría que incluir en la ley un viejo precepto del Código Penal Militar según el cual cualquier soldado puede negarse a cumplir una orden ilegal. Para dejar claro que serán penadas las tentaciones golpistas.

LAS NUEVAS FUERZAS CONJUNTAS. Volviendo al anteproyecto del Ejecutivo, y en lo ateniente al ESMADE, que sustituye al ESMACO creado en 1971 y cuyo primer Jefe fue el General Gregorio Álvarez, será un órgano ministerial "encargado de asesorar, coordinar y supervisar las actividades de las Fuerzas Armadas". Como Jefe del nuevo órgano se propone a un Oficial General en actividad o retiro designado por el Ministro. La idea es que en el futuro ese cargo sea ocupado por un General de cuatro estrellas que tenga el mando Conjunto.

El ESMADE tendrá como tareas principales la elaboración de Doctrina en materia de Operación Conjunta, con especial énfasis en la logística (sistemas de armas, comunicaciones y equipamiento), analizará los escenarios estratégicos futuros y centralizará "los diferentes asuntos vinculados con la Inteligencia Militar".

La experiencia internacional recogida en un estudio comparativo de Argentina, Brasil, Chile, España y Uruguay indica que se necesitan al menos cinco años para procesar el cambio hacia la "conjuntez" y hacia otras modificaciones, como la eliminación de la Justicia Militar según se la conoce hoy, un cambio cultural de grandes dimensiones que genera bastante resistencia entre los Jefes militares en actividad.

La propuesta del Ejecutivo no sólo recibió críticas de parte de los legisladores oficialistas. El General retirado Óscar Pereira, por ejemplo, opina que el proyecto es un cambio positivo pero demasiado conservador. Pereira es partidario de eliminar las tres fuerzas clásicas, crear una Guardia Nacional que mejore la seguridad interna y dejar la Defensa Nacional en manos de una única fuerza más pequeña y operativa que cuente con unidades de aire, mar y tierra.