La oposición agitó los alertas tremendistas: "Es peregrina y peligrosa la idea de militarizar a la sociedad", dijo Luis Alberto Lacalle; y los matices de diferencias entre los propios impulsores ocupó el centro. No es necesario contratar una encuesta para saber qué le quedó a la población sobre el proyecto de defensa nacional que impulsa el gobierno, cuya discusión parlamentaria comenzará a mediados de abril. De ser aprobada, la ley provocará un cambio sustancial y absolutamente novedoso, tanto en el diseño de la defensa como en la relación de las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles.

Hay dos ejes centrales: por un lado, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en su articulación preventiva, será monopolizada por el Presidente de la República y un Consejo de Defensa Nacional cuyos miembros permanentes, además del Presidente, serán exclusivamente los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. Por otro, la defensa nacional, en su aspecto operativo, tendrá carácter cívico-militar, en un esquema en el que las Fuerzas Armadas se reestructurarán según un plan operacional común, coordinado para acciones conjuntas. La nueva concepción de defensa apunta a resolver dos problemas: la superación de los "vicios" del pasado, y la adecuación a las amenazas del presente. Ello impone una transformación, tanto en la mentalidad civil como en la militar.

¿DE QUÉ VAMOS A DEFENDERNOS?. La participación civil en la defensa fue un componente básico de las hipótesis de conflicto que orientaban la doctrina de las Fuerzas Armadas en los años sesenta: una eventual agresión de nuestros dos grandes vecinos y la insalvable disparidad en la relación de fuerzas, imponían una estrategia de defensa del territorio, en una acción de resistencia y repliegue que desembocaba, por una inevitable ocupación extranjera, en una guerra irregular, de largo aliento, donde la población civil ocupaba un rol protagónico.

El enunciado no resolvía la cuestión práctica de cómo la población se integraba a la resistencia. Las armas ­y la capacitación­ quedaban dentro de los cuarteles, quizás por mutuo recelo entre civiles y militares, en medio de un escenario mundial de Guerra Fría y uno regional punteado por dictaduras militares. La hipótesis de conflicto, no obstante, dejó de ser un ejercicio teórico cuando el Estado Mayor brasileño dio luz verde al Plan 30 Horas, de invasión y ocupación de Uruguay para el caso de un triunfo del Frente Amplio en las elecciones de 1971.

La adopción de la doctrina de la seguridad nacional y la hipótesis de guerra interna contra la subversión cambiaron en muy poco tiempo la mentalidad "civilista" de los militares. El golpe de Estado no sólo barrió con la institucionalidad: concretó en los hechos la guerra interna contra la población civil y desplegó una coordinación activa con los ejércitos potencialmente enemigos. La realidad acentuó dramáticamente la desconfianza y el recelo, un antagonismo alimentado hasta hoy por la impunidad. "¿Para qué queremos Fuerzas Armadas, para qué financiarlas, si llegado el momento se van a desplomar sobre nosotros?", era el razonamiento quizás simplista pero extremadamente lúcido.

El panorama actual de las amenazas a nuestra soberanía e intereses nacionales se inserta en un nuevo escenario: el "comunismo internacional" ha sido sustituido por el "terrorismo internacional"; la bipolaridad de la Guerra Fría dio paso a la hegemonía militar estadounidense con la complicidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; los golpes de Estado para asegurar las transferencias netas de capitales mediante el endeudamiento y el "libre mercado" han dado paso a las intervenciones directas con la excusa del "eje del mal"; la unipolaridad militar de Estados Unidos cohabita con una multipolaridad de los bloques económicos.

La guerra directa, masiva, es la herramienta desembozada de los poderes económicos para el control de los recursos naturales, cuando se vuelven inoperantes las presiones e injerencias. La defensa nacional se vuelve, también, una cuestión de bloques. La nueva doctrina militar argentina, que define como prioritaria la defensa de los recursos naturales, común a todos los países del Sub Continente, que comparten el agua del subsuelo (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), el petróleo (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia), los minerales (Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil, Colombia) y la tierra cultivable (Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay), puso en el tapete la cuestión de la coordinación y la integración militar tanto para una estrategia convencional como no convencional. Los potenciales enemigos, también comunes, son las grandes potencias y las grandes corporaciones capaces de manipular gobiernos y Ejércitos.

¿CÓMO VAMOS A DEFENDERNOS? La única defensa ­ por intereses, objetivos y debilidades comunes ­ es la conjunta, donde los ejércitos nacionales operen coordinadamente ante enemigos comunes. En esa coordinación, el factor clave es la sujeción de los instrumentos de defensa a los poderes políticos y una concepción cívico-militar de la defensa.

En el Continente, sólo Cuba está capacitada para una defensa total de la integridad territorial, con participación efectiva de la población. Su hipótesis principal de conflicto ­ la agresión e invasión por Estados Unidos ­ desemboca rápidamente en una resistencia nacional prolongada. Para que no ocurra lo de Panamá ­ donde el señor Noriega movilizó a la ciudadanía en los "Batallones de la dignidad" ante la inminente invasión de Estados Unidos, pero les confiscó el armamento, de donde devino que cuando invadieron Noriega se escondió y los civiles no pudieron defenderse ­, la cuestión de la defensa integrada va mucho más allá de un servicio militar, obligatorio o voluntario. Depende de un diseño real de defensa, en el que por un lado la población civil debe tomar conciencia de su rol y asumir una preparación efectiva; y por otro integrar al Ejército profesional en esa concepción.

El proyecto de ley apunta en esa dirección: creación de organismos para montar la estructura de defensa, bajo la dirección directa del gobierno civil. La otra pata de la defensa cívico-militar depende, además de los recursos y de la reestructura funcional, de un cambio de mentalidad. En ese sentido, el reciente discurso de Enrique Bonelli, Comandante de la Fuerza Aérea, dio pistas de sintonía con la concepción del gobierno. Dijo: "(Las Fuerzas Armadas deben) estar preparadas y equipadas para ser componente esencial de una respuesta integrada cívico-militar".

¿SERÁ ESO POSIBLE? Quizás ayude la señal que desde el gobierno lanzó el Presidente Vázquez sobre el concepto del "nunca más", reducido a un enfrentamiento entre uruguayos, y que eludió mencionar el terrorismo de Estado. Ni lerdo ni perezoso, Bonelli atrapó la señal al vuelo afirmando que el "nunca más" "debe necesariamente comprender no sólo esos hechos (los de la dictadura) sino también aquellos que, cuestionando gobiernos constitucionales y democráticos, iniciaron en la década del 60 un penoso proceso de confrontación política y violencia social, que nos condujo a épocas aciagas".

Entre esta formulación de Bonelli y la de su colega el General Ángel Bertolotti ("si vuelve a ocurrir lo de antes habrá que actuar igual", palabras más palabras menos) hay una buena distancia, marcada por un concepto inédito en los últimos tiempos: Bonelli propone la formación de los Oficiales según "un pensamiento crítico para analizar y tomar las mejores decisiones", que incluya también el ámbito de "las cuestiones morales y políticas". Ese pensamiento crítico, que no diluye la verticalidad del mando, pero que obliga al Oficial a razonar qué órdenes no se obedecen por inmorales, quizás acorte las distancias, facilite una defensa integral, y justifique un Ejército Nacional.

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