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La mano en el picaporte |
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Por: el Administrador
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Mayo 20, 2006 |
La idea de “dar vuelta la página” bajo la cual fue promovida, votada, defendida y aplicada la ley de caducidad, fracasó.A esta conclusión se llega sin mayor esfuerzo, pues los hechos indican que una norma –que además es ilegal– no puede frenar...
Por: Walter Pernas
Brecha 19/5/06
La idea de “dar vuelta la página” bajo la cual fue promovida, votada, defendida y aplicada la ley de caducidad, fracasó.
A esta conclusión se llega sin mayor esfuerzo, pues los hechos indican que una norma –que además es ilegal– no puede frenar el natural anhelo de justicia: si bien durante los años ochenta y noventa los juicios contra represores militares se frenaron y éstos se sintieron en el goce pleno de la impunidad, esa situación cambió.
Con la llegada de un gobierno de izquierda se profundizó en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes de la dictadura –aunque aún queda mucho por hacer–, y cierta apertura interpretativa de la ley de caducidad por parte del Ejecutivo permite el desarrollo de las investigaciones de esos delitos. Por ello, la posibilidad de alcanzar el derecho de justicia, inherente al ser humano, parece estar mucho más cerca que hace 20 años.
El problema es saber si esto sucederá en Uruguay o si ese derecho se ejercerá sólo gracias a la justicia argentina y la de otros países que pidan la extradición de los represores.
Hoy la apertura del gobierno se refleja en la respuesta que da al Poder Judicial cada vez que éste –en aplicación de la ley de caducidad– le pregunta si un caso está o no comprendido en esa norma. El Ejecutivo contesta que antes de pronunciarse es necesario que se realicen las investigaciones penales correspondientes. Entonces, por ahora, se juega con la puerta entreabierta. Y el que tiene la mano sobre el picaporte es el presidente Tabaré Vázquez, o más bien su hombre de confianza, el secretario de la Presidencia –y encumbrado penalista–, Gonzalo Fernández.
Justamente por esta asignación de roles, la ley de caducidad va contra la separación de poderes que debe existir en todo Estado democrático. Si mañana al Ejecutivo se le ocurre sostener que tal o cual caso está comprendido en la ley de caducidad, el Poder Judicial se verá en la disyuntiva de archivar las actuaciones o ignorar el pronunciamiento y procesar a los indagados bajo la tutela internacional de los derechos humanos. Pero la historia indica que esta última opción jamás fue aplicada en los 20 años de vigencia de la ley de impunidad.
El gobierno extraoficialmente ha señalado que no amparará ningún caso en la ley de caducidad, pero también ha dicho que aprobaría una ley de desaparición forzada y luego dio marcha atrás; y una ley interpretativa de la ley de caducidad, pero unas semanas después de presentar el proyecto en el Parlamento dejó el documento en el freezer y cerró la puerta.
Es verdad que la irrupción en el debate político de consideraciones y propuestas jurídicas para anular la ley transformó el escenario, y quizá el tiempo de congelamiento para otras iniciativas termine favoreciendo esta postura más radical, que por otra parte es la única que va a tono con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En efecto, la erradicación de la ley de caducidad del conjunto normativo nacional es la vía para que el Estado uruguayo deje de violar los derechos humanos: la CIDH sostiene desde 1992 que la ley vulnera el derecho de justicia al que debe acceder todo ser humano. Pero los gobiernos de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) y de los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle ignoraron esa situación y, por ende, desconocieron el derecho de los uruguayos. El punto es saber si el gobierno de Vázquez seguirá el camino de sus antecesores, o asumirá la responsabilidad de implementar un verdadero cambio.
HISTORIA. Han pasado 33 años del comienzo “oficial” de la impunidad por el golpe de Bordaberry, y casi 20 desde que el poder político de entonces decidió cercenar un derecho de la gente. En 1986 la ley de caducidad fue aprobada en menos de lo que canta un gallo, por temor a una nueva embestida represiva de quienes pretendían –y lograron– asustar con el poder de las armas.
Lo cierto es que quienes aprobaron en aquella oportunidad la ley permitieron que durante 20 años los represores emblemáticos de la dictadura se pavonearan impunemente entre sus víctimas (la ciudadanía) y cacarearan con alevosía contra la democracia cada vez que les viniera en ganas.
Esa andanada de viento en la camiseta de la impunidad permitió, por ejemplo, que a Lacalle le aplicaran un golpe de Estado técnico en 1992-1993, cuando la situación política se desmadró por los desmanes militares que posibilitaron el secuestro y asesinato en Uruguay del agente de la inteligencia chilena Eugenio Berríos.
Así también hubo atentados contra Sanguinetti, el ex diputado Hugo Cores, y varios jueces; y amenazas reiteradas como las que cada tanto surgen del Centro Militar o el Círculo Militar, y de algunos de los viejos represores como el verborrágico Iván Paulós.
Pero si era esperable que los blancos y colorados que apoyaron la ley de caducidad la defendieran –por convicción ideológica o por costo político–, también lo era que el Frente Amplio (FA) luchara para tratar de vencer la impunidad.
Esto último ocurrió durante el debate parlamentario de 1986 y en la campaña de referéndum para derogar la norma (1989). Hubo un retraimiento luego de la derrota en la consulta popular, y eso significó que la lucha de las organizaciones de derechos humanos no fuera acompañada cabalmente por el FA en los años noventa. Incluso el fallo de la CIDH de 1992, que señaló la incompatibilidad de la ley de caducidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y recomendó al Estado uruguayo que eliminara la norma, no motivó el restablecimiento real de la lucha en el terreno político partidario.
El apoyo político expreso resurgió en 1996 de la mano del senador Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, que en ese momento actuaba fuera del FA. El legislador, en consonancia con familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones, lanzó la Marcha del Silencio, el 20 de mayo, a 20 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Los militantes y dirigentes del FA participaron de la iniciativa que reclamaba “verdad, memoria y nunca más”. Así rebrotan las denuncias por casos de desaparecidos, las peticiones de verdad –ignoradas por el Ejecutivo–, y el afán público de llegar a la justicia.
En el fervor electoral de 1999 sobrevoló la esperanza de terminar con la impunidad si ganaba el FA, en cuyo discurso oficial se hacía hincapié en la búsqueda de la verdad sin dejar de “respetar” la ley de caducidad. No obstante la derrota electoral de la izquierda en aquella oportunidad, la semilla de la esperanza germinó –también por el cambio de escenario internacional a favor de castigar los crímenes de lesa humanidad–, y la lucha por la justicia creció en todos los terrenos: nuevas y diversas marchas, escraches a represores y gobernantes de la dictadura, presentación de nuevas denuncias, foros académicos y discusiones jurídicas y políticas.
Tanto que en el Congreso del FA de 2003 el tema se puso sobre la mesa, y generó una profunda polémica en la que se mezclaron concepciones ideológicas e intereses electorales. Pero la propuesta de asentar en el programa del FA que se debía anular la ley de caducidad, perdió.
De todas maneras se elaboró un texto que apuntó a satisfacer el derecho de justicia (véase recuadro).
Luego, en la campaña de 2004, Vázquez prometió cumplir con el artículo 4 de la ley de caducidad, que obliga a investigar los crímenes de la dictadura, cosa que sus antecesores no habían hecho. Aunque en otro sentido, Batlle procuró avanzar creando la Comisión para la Paz, cuyo informe final –aunque de buena fe– está plagado de datos falsos en base a mentiras militares.
PRESENTE Y DESPUÉS. Luego del acceso del FA al gobierno, las esperanzas de verdad y justicia florecieron. Su propio programa de gobierno señala que “verdad y justicia no son valores intercambiables; no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad”. También indica que se seguirán las recomendaciones de organismos como la CIDH (que hace 14 años le pide a Uruguay erradicar la ley de caducidad). Por ello, el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con la ciudadanía que hoy no puede ejercer verdaderamente el derecho de justicia con respecto a los crímenes de la dictadura. Y la tiene en un doble sentido: porque se trata de un derecho humano y porque lo establece su programa de gobierno.
Tiempo de justicia
La siguiente es la evolución de las consignas de las marchas del 20 de mayo, del reclamo de verdad a la exigencia de justicia:
1996. Verdad, memoria y nunca más.
1997. Queremos la verdad.
1998. Sólo la verdad nos hará libres.
1999. ¿Qué le falta a nuestra democracia? ¡Verdad!
2000. ¿Dónde están? ¡La verdad es posible y necesaria!
2001. Sin verdad secuestrada, sin memoria prohibida.
2002. Sin ocultamientos ni amenazas; verdad, memoria y nunca más.
2003. ¿Dónde están? Hoy más que nunca, nunca más.
2004. Verdad, justicia, memoria y nunca más.
2005. Para el pasado: verdad; en el presente: justicia; por siempre: memoria y nunca más.
2006. Basta de impunidad. Justicia para los crímenes de lesa humanidad. |
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Última actualización ( Mayo 20, 2006 )
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