El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Estados Unidos quiere firmar con los países andinos, en reemplazo del aún vigente sistema de preferencias arancelarias del Atpdea, 'no es ni libre ni justo', advirtió el premio Nóbel de economía y ex alto ejecutivo del Banco Mundial, Joseph Stiglitz.

'Al TLC lo llaman libre, pero si lo fuera se eliminarían los subsidios de la agricultura norteamericana, y se eliminarían la barreras de tarifas que, por ejemplo, han hecho que las flores colombianas se queden fuera de Estados Unidos', dijo al comentar el acuerdo firmado el año pasado con Colombia.

'Lo que pasa realmente es que se le exige a las industrias pequeñas de Colombia que abran sus puertas a la competencia con las grandes multinacionales norteamericanas (...) es una desventaja competitiva y al mismo tiempo, como en el caso de la agricultura, Estados Unidos no está siendo recíproco', explicó.

Desde mediados de la década de los noventa, Estados Unidos intenta negociar un TLC con Latinoamérica, ampliando las grandes ventajas que tiene en el comercio de mercancías al comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente y compras estatales.

Primero intentó ejecutar este proyecto a nivel regional a través del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), que no pudo prosperar por la oposición de los países de la región, que saben que no pueden competir de igual a igual con la producción estadounidense. Ahora intenta hacerlo a través de negociaciones bilaterales (México, Chile) y con los acuerdos subregionales, vinculándolos a las preferencias arancelarias.

La oferta estadounidense consiste en eliminar los tributos para casi todos los productos (excepto los alimentos y productos agrícolas que protege en su territorio), aprovechando que compra mayormente materias primas y productos primarios sin industrialización, además de manufacturas intensivas en mano de obra. Esto le permite abaratar tanto sus costos de producción como su consumo final (caso de los energéticos) .

En el caso boliviano, Estados Unidos ofrece arancel cero para la producción nacional (incluidos los textiles y prendas de vestir), a cambio de que Bolivia baje sus aranceles a cero (actualmente están en 5 por ciento para equipos y maquinarias y 10 por ciento para el resto de productos). Adicionalmente, demanda protección para las inversiones estadounidenses contra nacionalizaciones y expropiaciones, el pago por el uso de la propiedad intelectual y patentes sobre medicamentos, plantas, programas de computación, la privatización de los servicios básicos, la adecuación del medio ambiente a las necesidades del desarrollo económico, la prohibición de subvenciones a la producción agrícola, la supresión de incentivos y ventajas para las empresas públicas en las compras del Estado y otras concesiones que no son aceptadas por el gobierno boliviano.

En Bolivia se teme, adicionalmente, que los TLC que firme Estados Unidos con los países andinos y latinoamericanos haga que el país pierda las preferencias arancelarias que tiene la soya para entrar a Colombia y que aumente la importación de alimentos y productos agrícolas deteriorando la economía campesina.