El gobierno de Tabaré Vázquez navega a velocidad de crucero, en aguas tranquilas. Pero algo pasa: tiene mayoría parlamentaria propia y sin embargo no ha concretado, en sus primeros dos años, las principales transformaciones que se proponía. Controla toda la cancha, pero no hace muchos goles. Con miras al futuro, uno de sus mayores riesgos es que, en principio, dentro de dos años y medio el FA puede volver a ganar las elecciones y en ese marco no es sencillo elegir -o reelegir- el candidato.

En sus dos primeros años, al gobierno del Frente Amplio (FA) le ha ido muy bien. Las encuestas coinciden en que la gestión del presidente Tabaré Vázquez cuenta con una aprobación mucho mayor que la que tenían, a esta misma altura, sus antecesores. El índice también supera cómodamente el porcentaje de votos obtenidos por el FA en octubre de 2004, de modo que el comportamiento del gobierno de Vázquez también es aceptado por muchos uruguayos que votaron a otros partidos o, por lo menos, no lo consideran tan malo como habían imaginado. Las principales dudas sobre la gestión del actual gobierno no provienen de quienes votaban a los partidos tradicionales y en 2004, desilusionados, "prestaron su voto" al FA, sino de muchos votantes definidamente de izquierda, jóvenes y viejos.
Pero la conformidad mayoritaria no es, ni mucho menos, el único dato que permite medir la valoración positiva que la sociedad uruguaya tiene sobre la gestión del primer gobierno de izquierda, cuando ya ha transcurrido el 40 por ciento de su mandato.
Blancos y colorados parecen desconcertados, y por momentos histéricos, en la oposición. Este último calificativo pertenece a otro dirigente opositor, Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente (PI), quien ha sostenido: "Somos oposición, por cierto, porque tenemos diferencias con el FA y porque somos un partido que no coparticipa del gobierno. Pero también tenemos diferencias con los blancos y los colorados (que tienen) eso que yo catalogo, quizá un poco atrevidamente, de actitud histérica" (entrevista en radio El Espectador, 15 de febrero).
Vázquez se jacta, con razón, de haber procedido estrictamente de acuerdo con sus compromisos electorales, y un repaso de su discurso desde la escalinata del Palacio Legislativo, el 1 de marzo de 2005, permite confirmar que no ha hecho nada en contrario, más allá de que es mucho lo que le queda por hacer.
Entre las cosas pendientes de los primeros meses de la gestión están las auditorías y las medidas a adoptar con respecto al estado de devastación en que se encontraron las empresas públicas y otras reparticiones estatales. Las denuncias de corrupción contra jerarcas de los gobiernos anteriores fueron escasas y respondieron generalmente a iniciativas de los nuevos directorios, como en los casos del Banco Hipotecario y de ose. Si el gobierno buscaba no generar más rispideces con la oposición actual, no alcanzó el objetivo: las mayorías especiales -para renovar los organismos de contralor, por ejemplo- siguen sin lograrse y ni siquiera se pudieron integrar como corresponde los directorios de los entes y servicios, una situación de la cual se quejan los partidos tradicionales pero que en definitiva tiene al gobierno como principal damnificado.
El "primer ministro" Danilo Astori, conductor de la política económica, ha concentrado la mayor cantidad de críticas desde la izquierda y también un sorprendente número de aprobaciones de la oposición. Entre las objeciones, resume Gabriel Papa, "parece imponerse, y promoverse, la idea de que la izquierda llegó al gobierno para completar la agenda de ‘reformas estructurales' que quedó inconclusa, en gran parte debido a la acción de la propia izquierda política y social, durante los noventa". (Véase la separata Detrás de los Números, en esta misma edición.) Y, en relación con la afirmación de Astori de que "si hay un modelo mejor, estoy dispuesto a analizarlo; no lo conozco", ha señalado el senador Alberto Couriel: "Es una afirmación novedosa, porque contradice años de esfuerzos en el FA para criticar las políticas económicas de los organismos internacionales como el fmi y el bm y proponer políticas alternativas" (La República, 28 de febrero). El propio Astori contraataca y desafía, en la misma dirección que Vázquez: "Nosotros estamos aplicando el programa del FA; que me indiquen una sola contradicción entre la política económica de este gobierno y el programa del FA, una sola, una. Yo no percibo ninguna". (Entrevista en radio El Espectador, 13 de febrero.)
Hay, por otra parte, logros incuestionables del gobierno. Por no mencionar más que "los mejores cinco":
• Los avances en materia de derechos humanos, tan claros que han merecido la aprobación incluso de muchos de quienes durante veinte años hicieron todo lo posible para que no se concretaran.*
• La política laboral, que en parte consistió en resucitar los consejos de salarios dejados en desuso por el gobierno de Luis Alberto Lacalle y en algo tan inobjetable como formalizar el trabajo en negro.
• El aumento porcentual del presupuesto de la educación.
• La recuperación salarial (debida sobre todo al bajísimo piso al que se había llegado; véase el artículo de Jorge Notaro en la separata Detrás de los Números).
• Una norma tan empedrada de buenas intenciones que disimula su dudosa constitucionalidad y llegó a convertirse en un ejemplo poco menos que universal: la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, mediante un simple decreto.
En su mensaje al Parlamento del 27 de febrero, el propio presidente reconoce que queda mucho por hacer. Dice por ejemplo que "la calidad de la vida de los uruguayos ha mejorado (aunque) no aún lo deseable y necesario para muchos".
Una de las carencias más notorias quizás sea la lentitud en la gestación de algunas de las principales transformaciones contenidas en el programa, como las reformas de la salud y la educación. En materia legislativa en general se ha ido muy despacio y eso quizás se deba a que el Ejecutivo concentró la iniciativa en los asuntos que consideró esenciales (véase página 3).
Hay que reconocer, por otra parte, las dificultades para conducir una coalición tan heterogénea como el FA, cuya constitución suele explicar algunos bandazos, como los registrados con relación a la inserción internacional del país y a las idas y vueltas en torno a la celebración de un tratado de libre comercio (tlc) con Estados Unidos. No es fácil tener que apoyarse en Astori para enfrentar al canciller Reinaldo Gargano, ni buscar el respaldo de éste para descartar cualquier posibilidad de alejarse del Mercosur, por más que se cuente, en cualquiera de esas cruzadas, con la colaboración del ministro José Mujica.
La agenda gubernamental tuvo un convidado de piedra: la instalación de las fábricas de celulosa en el río Uruguay y el conflicto con Argentina. El FA no preveía en su programa el desarrollo de la industria forestal ni el de las plantas de celulosa y se había opuesto al funcionamiento de las zonas francas. Sin embargo, siguió aplicando -sin modificación alguna- la política definida por Jorge Batlle y no advirtió las consecuencias que podía tener el conflicto que inevitablemente se generaría con Argentina. Si bien el manejo del asunto por el gobierno de Néstor Kirchner hizo que la controversia alcanzara dimensiones que a partir de determinado momento se volvieron incontrolables para Uruguay, el gobierno de Vázquez no supo manejar el problema a tiempo ni con la solvencia debida, cometiendo reiterados errores a lo largo del proceso (el último fue la solicitud de medidas cautelares ante la Corte de La Haya). El único logro en esta materia fue haber obtenido el respaldo de la oposición, a pesar de que ello contribuyó a convertirlo en una "causa nacional", con las consecuencias negativas en materia de fomento del patrioterismo y con previsibles secuelas en las relaciones con la población del litoral argentino. El conflicto con Argentina, por otra parte, diluyó la posibilidad de que hubiera un debate a fondo sobre los riesgos de los daños ambientales de la instalación de las plantas y de los monocultivos de eucaliptos.
La obtención del gobierno suele contribuir a la concentración del poder en sus propias autoridades y a debilitar la incidencia de la fuerza política. En el caso del FA parecería que se hubiera aceptado esa tendencia como una norma inexorable y que se hubiera preferido adelantarse a los hechos. Se trasladó el principal ámbito de resoluciones al gabinete, donde se concentró a los principales dirigentes de los distintos sectores de la coalición, se espació la convocatoria a los plenarios del FA y se redujo la incidencia de la Mesa Política.
El FA considera, con razón, que para concretar su programa necesita, por lo menos, un nuevo período de cinco años. La situación de los partidos tradicionales, la no renovación de sus líderes, contribuyen a que ese objetivo no sea un despropósito. Sin embargo, esa expectativa puede ser altamente riesgosa en la medida en que desate una encarnizada competencia por la candidatura presidencial para 2009. La sucesión de Tabaré Vázquez ya es el gran tema de discusión en los corrillos de la izquierda. Su reelección ha sido planteada por virtudes propias y defectos ajenos. El presidente elude responder si aceptará ser candidato a la reelección. Está en todo su derecho a no contestar y seguramente no lo hará mientras pueda, porque la reelección es una posibilidad, pero además es una carta en la manga, que puede ser jugada en favor o en contra de cualquier otro candidato.
Curiosamente, la reelección es la apuesta de los dirigentes que se mueven en el entorno del presidente, pero también de algunos que, en principio, parecen estar en sus antípodas, como el tupamaro Julio Marenales. De los otros candidatos más cantados, uno -José Mujica- dice y repite que no se postulará, y el otro -Danilo Astori- afirma que no es momento para hablar de cuestiones electorales. Sabe, como cualquier ministro de Economía, que sus posibilidades de ser postulado a la Presidencia dependen del éxito de su gestión y, en este caso, en gran medida, de los resultados de la reforma tributaria, de la cual ha quedado poco menos que como único responsable. Un motivo adicional para que la reelección, una palabra que rechinaba a la izquierda -y no sólo por el recuerdo de la fórmula Pacheco-Bordaberry-, no se descarte hasta último momento. A pesar de que se trate de una reelección con nombre y apellido y a pesar de que el mecanismo más democrático para reformar la Constitución, el de la Asamblea Constituyente, tenga plazos que no van más allá de mediados de este año. La elección de esa asamblea es, de por sí, un desafío para el FA: ¿logrará más del 50 por ciento de los votos, como en la elección nacional? Pero además su funcionamiento entorpecerá la marcha del gobierno y dejará en manos de la oposición, aunque sea minoría en la asamblea, la posibilidad de prolongar su duración formulando cualquier tipo de propuestas para incluir en la reforma constitucional.
Si efectivamente no es tiempo de discutir sobre elecciones o reelecciones con miras a 2009, como sostienen las figuras más relevantes del gobierno, entonces el tercer año de gestión progresista podrá ser pródigo en concretar algunas de las transformaciones que hicieron que el actual gobierno ganara las últimas elecciones.

* En el área de los derechos humanos sin duda lo más justo sería anular la ley de caducidad, ese mamarracho jurídico que nunca debió existir y cuya derogación exige el derecho internacional. Pero el camino de la anulación implicaría, sí, un apartamiento de los compromisos electorales del FA.