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PERU: OTRA VEZ LA OFENSIVA PRIVATIZADORA |
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Por: GUSTAVO ESPINOZA M
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Febrero 07, 2007 |
Uno de los grandes “cargos” que históricamente la derecha peruana hizo al gobierno del Presidente Velasco Alvarado fue el de haber fortalecido el papel del Estado en la vida del país.
Por GUSTAVO ESPINOZA M.
Uno de los grandes “cargos” que históricamente la derecha peruana hizo al gobierno del Presidente Velasco Alvarado fue el de haber fortalecido el papel del Estado en la vida del país. “Un estado elefantiásico” dijo constantemente cuando el gobierno de la Fuerza Armada resolvió una política de nacionalizaciones que afectó la industria petrolera, la minería y la gran industria, y que permitió solventar al Estado programas de atención a la salud y a la educación, como antes nunca había ocurrido en la vida peruana.
En contrapartida de ese derrotero, los medios de comunicación y las dirigencias de los partidos tradicionales promovieron un “Estado pequeño”, que no tuviera grandes cargas y que pudiera lucir ágil en la tarea de asistir al empresariado en su política de promoción de capitales y de empleo.
Esa tarea la emprendieron en su momento tanto Morales Bermúdez como Fernando Belaunde entre 1980 y 1985 y el primer gobierno aprista de Alan García que amagó con el tema de la “estatización de la banca” para asustar a Dionisio Romero y a lo que los argentinos llaman “la patria financiera”. Pero quien le dio forma a esa torreja fue ciertamente Alberto Fujimori quien tomó el timón de mando en una circunstancia en la que se abría paso el modelo neo liberal vigente.
Resulta curiosa la historia, porque en las elecciones de 1990, cuando compitieron Vargas Llosa y “el chinito de la yuca” –como le dijo la gente al japonés cuando salió en la tele con una vigorosa yuca en la mano-, el escritor blandía el ajuste neo liberal que era reclamado por el Banco Mundial. Fujimori, en cambio, no tenía programa. Se limitaba a asegurar en cada circunstancia, que él haría “lo contrario a lo que plantea el escritor”. “Si el propone despedir trabajadores, yo aseguro el empleo”, decía por ejemplo; para continuar: “Si él propone vender las empresas estatales, yo propongo fortalecerlas”, “si él propone disminuir la inversión pública, yo propongo aumentarla”; y asì sucesivamente.
Ocurrió, sin embargo que gracias a ese contra-programa. Fujimori fue electo en junio de 1990 y debía asumir sus funciones el 28 del mes siguiente de acuerdo al mandato constitucional. Pocos repararon, sin embargo en el hecho que en el interregno, el japonés se propuso volver a la tierra de sus antepasados por lo que programó un viaje en busca de sus rastros.
Siendo la ruta del viaje por los Estados Unidos, Fujmori fue recibido en el aeropuerto de Nueva York por el entonces Secretario General de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuellar y por el Presidente del Banco Mundial, quien le solicitó una breve conversación “en privado”. Según trascendió luego, en ella el máximo banquero del mundo le garantizó al Presidente electo del Perú el apoyo total a su gestión, con una sola condición: que deje en manos del Banco la política económica y su ejecución, lo que ciertamente fue aceptado con complacencia.
A partir de esa circunstancia fue que la política de privatizaciones adquirió fuerza en el Perú. Se expresó no sólo en la exposición del ministro de Economia del nuevo régimen –el prófugo Juan Carlos Hurtado Miller-, sino en el conjunto de acciones que se implementaron con diligente obsecuencia a lo largo de una década. Se privatizaron, en ese periodo, los recursos energéticos, las minas, los bosques, las universidades, los cementerios, la luz, el agua, los teléfonos, la formación docente, la producción industrial, el comercio. Todo, claro, bajo la promesa formal de “sacar al país de la crisis”.
La caída del régimen fujimorista no se produjo porque la derecha estuviera en contra de su política privatizadora del gobierno. Ni porque rechazara su modelo económico. Fue la corrupción desembozada del régimen y sus “excesos” en materia represiva lo que colmó el vaso ciudadano y generó el clima de ingobernabilidad que finalmente dio al traste con la administración de la Mafia. Como en Chile, donde se buscó hacer una transición aséptica –un pinochetismo sin Pinochet- aquí se procuró un fujimorismo sin Fujimori respetando “los avances” en materia económica.
Esos mentados “avances” fueron simplemente cifras en azul en el marco de la macroeconomía: Inflación baja, equilibrada balanza de pagos, pago de la deuda externa, PBI ascendente, austeridad en el gasto público, cambio estable y otros. Nada, sin embargo, con los índices de pobreza, ni con las condiciones materiales de vida de la población. Por eso, en los años del inepto y corrupto toledismo los ciertos críticos de su política lamentaron simplemente que la bonanza “no chorreara” hacia abajo.
Pues bien, hoy, bajo la segunda administración aprista, las cosas siguen por el mismo rumbo, sólo que con adiciones. A partir de la crisis penitenciaria que explotara recientemente, se ha planteado la necesidad de privatizar las cárceles; y como consecuencia del paupérrimo nivel de la educación peruana, se ha buscado darle mayor fuerza a la inversión privada en la educación básica, y también en la superior y universitaria.
En lugar de fortalecer el papel del Estado y crear condiciones para que éste recupere su sitial en el proceso de desarrollo, se busca simplemente que los empresarios hagan sus •”negocios” en nuevas áreas de la inversión. El paìs no saldrá de la crisis, pero ellos sí. Las cárceles pueden ser una mina porque allí se tiene una cuantiosa mano de obra que puede trabajar sin derecho alguno y con salarios exhaustos para dejar una jugosa plusvalía a los inversionistas. Y la educación en todos sus niveles puede permitir hacer un doble negocio: obtener ingentes recursos por la explotación lucrativa del tema, pero de paso usar los canales de la enseñanza para domesticar a la población confirmando el carácter inalterable de la división de la sociedad.
Para tener derecho a la educación gratuita –dice la congresista fujimorista Martha Hildebrandt hoy aliada al APRA- el estudiante debe acreditar que es pobre de solemnidad y registrarse como tal. En su idea, claro, subyace la tesis que será pobre per secula seculorum, razón por la que debe obtener la constancia pertinente. Quien no acepte la medida, deberá pagar por su educación. ¿En beneficio de quién? De los comerciantes de la misma, sin duda.
La ofensiva privatizadora en el Perú está otra vez a la orden del día (fin)
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Última actualización ( Marzo 01, 2007 )
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